Ecuador, con sus 500 mil barriles diarios, es el quinto productor petrolero de Latinoamérica. Desde siempre, las fuerzas armadas de ese país han tenido injerencia directa en el manejo de esa producción. También en otros rubros económicos, desde la fabricación de armamentos y municiones hasta la pesca del camarón y la industria hidroeléctrica, lo cual "ha hecho de los militares uno de los grupos económicos más poderosos del país" (The New York Times, 21/4). Ahora, el presidente Rafael Correa ha denunciado que las instituciones castrenses de su país están infiltradas por la CIA, que fueron cómplices del asesinato de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y que suministraron a la inteligencia norteamericana y a Colombia información que ocultaron al gobierno de su propio país.

Luego de esas denuncias, Correa echó a su ministro de Defensa, Wellington Sandoval, y lo reemplazó con Javier Ponce, escritor, periodista, defensor de las libertades civiles y antiguo crítico de los generales; es decir, una figura especialmente irritante para las fuerzas armadas. En sus primeras declaraciones, Ponce anunció que se propone anular los acuerdos militares de su país con los Estados Unidos y no renovar el convenio para la permanencia en territorio ecuatoriano de la base norteamericana en Manta, que vence en 2009. El nuevo ministro añadió que esos acuerdos se firmaron "en el espíritu del colonialismo" (The Associated Press, 20/4).

El presidente también separó al jefe de la inteligencia militar y de inmediato renunciaron el titular del comando conjunto, general Héctor Camacho, y el comandante del ejército, general Guillermo Vásconez, mientras se espera la caída de los mandos aeronáuticos y de la cúpula policial.

En medio del tembladeral, los jefes militares, en actitud sediciosa, publicaron una carta abierta en la que exigen a Correa una reunión para tratar "frontalmente" el asunto del espionaje norteamericano y la infiltración de la CIA en el ejército.

Paralelamente, ha comenzado una campaña en regla para desestabilizar a Correa.

Así, el diario El Comercio dice haber tenido acceso a un informe reservado del Tribunal Supremo Electoral, según el cual Correa habría recibido contribuciones ilegales durante su campaña electoral ¿De dónde le llegaron esos fondos? Por supuesto... de las FARC. La "prueba" de tales contribuciones salió, dice el diario, de la famosa computadora de Reyes, que extraordinariamente quedó intacta en el campamento bombardeado del jefe guerrillero. Esa computadora da para todo...

La derecha política, las fuerzas armadas, la CIA y el gobierno colombiano apuntan al derrocamiento de Correa.

En definitiva, se asiste en el Ecuador a una crisis de Estado decisiva.

Los hechos

La crisis actual explotó en los medios de prensa al trascender que la cúpula militar ecuatoriana recibe anualmente entre 16 y 18 millones de dólares de la CIA a cambio de informes de inteligencia. Una baratura...

Como se recordará, apenas masacrado por la aviación y el ejército colombianos el grupo guerrillero de Reyes, Correa tuvo una primera reacción de llamativa tibieza, habló de "error" y, en general, aceptó las explicaciones que le dio Álvaro Uribe hasta que Hugo Chávez forzó la situación.

Ahora, el presidente ecuatoriano dice que en aquellas horas fue engañado por sus propios servicios secretos, a los que acaba de remover.

Los diarios informan que la inteligencia militar ecuatoriana sabía del campamento -precario y desarmado- instalado por Reyes a dos kilómetros de la frontera con Colombia, dentro del Ecuador. De acuerdo con esos medios, el jefe de las FARC estaba allí desde hacía un par de semanas. Los militares ecuatorianos habrían sido informados de esa presencia por sus colegas colombianos y por sus contactos en la CIA, pero nada dijeron al gobierno de su país. Parece obvio que, si eso es así, sabían también que ese campamento sería atacado.

Además, Correa sólo supo del bombardeo colombiano cuando Uribe se lo informó por teléfono, aunque los generales ecuatorianos y los servicios secretos de Quito conocían lo sucedido.

Por último, durante un mes entero esos servicios le ocultaron a Correa que en el ataque había muerto un ciudadano ecuatoriano. "Yo, el presidente de la república, conocí todas esas operaciones por los diarios", declaró Correa (The New York Times, ídem anterior).

Las explicaciones de los militares, de tan ridículas y contradictorias, fueron una confesión en toda la línea. Primero dijeron que sus radares fallaron, después que no había radares porque los estaban reparando. Correa se sintió burlado y echó el lunes 7, sin hacerlo público, al jefe de la inteligencia militar. El martes 8, la cúpula castrense empezó a forzar el escándalo al dar a conocer una carta abierta al presidente y, enseguida, se conoció cuán baratos le salen a la CIA los servicios del espionaje ecuatoriano.

Después de eso, se sucedieron provocaciones en serie que denuncian el objetivo político de las maniobras en curso. Un grupo de militares retirados, por ejemplo, dijo sin identificarse que "los contactos con la CIA existieron, existen y existirán" (Página/12, 12/4). El martes 8, antes de renunciar y apenas publicada la carta abierta, el general Camacho inauguró, en el hotel Hilton de Quito, un seminario para militares -denominado "Desafíos y oportunidades estratégicas"- dictado por oficiales del Comando Sur de los Estados Unidos. La embajada norteamericana en el Ecuador se negó a difundir los nombres de esos oficiales.

La crisis emergente con el asesinato de Reyes no se ha cerrado con la farsa patética del Grupo Río. Se mantiene tan vigente como entonces la necesidad de convocar a una profunda movilización antiimperialista en toda Latinoamérica.