Según informó Europa Press, el proceso se inició por la vía contencioso-administrativa por parte del propietario de los terrenos, que fueron expropiados para la construcción de una nueva calle según lo aprobó el pleno en 2004. En 2006, sin embargo, se descubrió gracias a la sentencia judicial que una parte había sido entregada a un constructor y que éste había erigido un edificio de viviendas en la zona.

Particulares afectados
La parcela “regalada”, en la plaza del Ayuntamiento de Jódar, tiene algo más de 18 metros cuadrados pero está en una situación estratégica que posibilitó la licencia pertinente para la construcción de viviendas. Casas que tendrán que ser demolidas, según confirma la sentencia del TSJA, lo que afectará a quienes las “compraron honradamente” sin saber que una parte del terreno no era del constructor, apuntó el portavoz socialista del municipio, Luis Hidalgo, quien mostró su confianza en encontrar una solución que evite el derribo, como la indemnización al propietario original.

Causa abierta
La sentencia interpuesta por el propietario fue recurrida por el Consistorio y ahora el TSJA se ha pronunciado en contra de dicho recurso. Sin embargo, en 2007 el PSOE denunció los hechos por vía penal, tras conocer lo sucedido y descubrirse que la cesión del terreno al constructor no se enmarcó en ningún proceso de enajenación o venta que diese contraprestaciones al Ayuntamiento. Esta causa continúa abierta.

Máxima gravedad jurídica y política”
El vicesecretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, sostuvo que la actuación llevada a cabo por el gobierno de Jódar es de la "máxima gravedad jurídica y política", y la resolución del TSJA, que es firme, pone de manifiesto las "constantes irregularidades" que se producen en el Ayuntamiento de la localidad.

El socio popular no se pronuncia
Reyes consideró que en este tipo de actitudes se ven algunas de las muestras que "justifican el acuerdo de gobierno raro e injustificable entre IU y PP", por lo que solicitó al presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que se pronuncie sobre estos hechos “tan graves".