BILBO-. Las representantes independentistas Arantza Urkaregi y Miren Legorburu han comparecido hoy en Bilbo para valorar el inicio del juicio contra el movimiento pro amnistía, un juicio que han calificado de "farsa" y que responde a un objetivo "político", como es "juzgar y castigar el independentismo vasco, condicionar y neutralizar el trabajo realizado por el movimiento pro amnistía durante los últimos 30 años".
En su opinión, "quieren castigar el movimiento que durante estos años ha venido denunciando la violencia de los estados, la constante vulneración de los derechos civiles y políticos que vivimos en nuestro pueblo, así como la solidaridad, la ayuda y el apoyo a presos y presas políticos vascos, hacia las personas refugiadas y represaliadas y a sus familiares".
Urkaregi y Legorburu han recordado que la trayectoria política y el trabajo de las 27 personas encausadas es "totalmente pública y ellos mismos han reivindicado como tal el trabajo realizado".
Han insistido en que el Estado "quiere silenciar" la labor de estas personas, que se ha centrado en "exigir que se respeten y reconozcan los derechos de las personas presas, refugiadas o deportadas y detenidas, así como en denunciar las consecuencias de la violencia del Estado, como la guerra sucia, la tortura, la incomunicación, la política penitenciaria, la dispersión, el endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles, el cierre de medios de comunicación, las prohibiciones, ilegalizaciones...".
Y la quiere silenciar, según han subrayado, porque "la denuncia de la represión pone en duda la propia legitimidad de la misma y deja en evidencia que la falta de democracia es algo palpable".
"Balance represivo aterrador"
Urkaregi y Legorburu han recordado que con el macrosumario 18/98 "quedó claro que se quería castigar el trabajo en favor de Euskal Herria", mientras que con el juicio que empezó ayer se "quiere castigar el trabajo de denuncia de la violencia del Estado, una violencia que en estos 30 años nos deja un balance aterrador".
Han recordado, en ese sentido, que en ese periodo 319 ciudadanos vascos han fallecido como consecuencia de la violencia del Estado, que 22 presos han muerto en las cárceles, que 72 ciudadanos vascos han fallecido por la "guerra sucia", que la dispersión penitenciaria ha matado a 16 personas, que 30 refugiados han muerto lejos de su país y que 7 personas han fallecido como consecuencia de la tortura y en situación de incomunicación, entre otras cifras.
Ese balance, según han resaltado, propició el surgimiento del movimiento pro amnistía, con el fin de "responder la estrategia del Estado que ha tenido como objetivo neutralizar y asimilar la lucha del movimiento independentista".
Todo ello evidencia, en su opinión, que en Euskal Herria "existe un conflicto político" y ahora, han criticado, "cuando se quiere castigar el trabajo en favor de la amnistía, algunos miran a otro lado y hablan de censura ética contra nuestros alcaldes y alcaldesas".
Movilizaciones
Por ello, han incidido en que la clave está "en dar salida al derecho de autodeterminación y la territorialidad" y en un cambio político "que supere la división, negación y opresión que vive nuestro pueblo y nos lleve a la construcción de un nuevo marco democrático que posibilite la defensa y la realización en igualdad de oportunidades de todos los proyectos políticos".
Legorburu y Urkaregi han anunciado que la izquierda abertzale se suma a la jornada de movilización convocada para el viernes en denuncia del juicio y han hecho un llamamiento a la ciudadanía a salir a la calle.
|22-04-2008
JUICIO CONTRA EL MOVIMIENTO PRO AMNISTÍA
Los abogados defensores de los 27 encausados en el juicio contra Gestoras pro Amnistia, que comenzó ayer en la Audiencia Nacional española, han citado a catorce personas para que declaren en calidad de testigos.
22/04/2008 15:45:00
MADRID-. La defensa de los procesados ha remitido un escrito al tribunal especial en el que solicita que la relación de testigos que tenían previsto citar durante la vista se reduzca de 218 a 14.
Entre los que tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional española se encuentran familiares de presos políticos, el ex director de "Egunkaria" Martxelo Otamendi o Edurne Brouard, hija del histórico dirigente independentista Santi Brouard, muerto en manos del GAL en 1984.
También comparecerá ante el tribunal Andoni Txasko, presidente de la Asociación 3 de Marzo.
El resto de personas que acudirán a la Casa de Campo en calidad de testigos son Usoa Esteban Nieto, Arantxa Lasa Arostegi, Goreti Ormazabal, María José Campos, Unai Romano, Mari Carmen Mañas, Concepción Luna, Belén Aguilar, Mattin Troitiño, Isabel Iribarren y Miren Itxaso Idoiaga.
Con esta decisión, anunciada ayer al término de la primera sesión del juicio por la letrada Amaia Izko, las defensas también renuncian a testimonios como los del comisionado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, Theo Van Boven, citado por los acusados durante sus comparecencias.
Con esta renuncia, se acortará la duración del juicio, que estaba señalado en un principio hasta el mes de julio.
La semana que viene comenzarán a declarar los testigos solicitados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Asociación de Víctimas del Terrorisom (AVT), que ejerce la acusación popular.
Así, el día 28 comparecerán ante el tribunal el preso político Jorge Olaiz y el ex prisionero Ibon Aranalde. También prestará declaración Susana Atxaerandio, cuyo testimonio bajo tortura realizado ante la Policía española provocó la imputación en esta causa de Maite Díaz de Heredia.
A partir del martes 29 se iniciarán las declaraciones de miembros de la Guardia Civil y de la Ertzaintza. Una vez finalizada esta fase testifical, se desarrollarán la documental y la pericial, a las que sucederá la presentación de informes de las distintas partes.
|22-04-2008
JUICIO CONTRA EL MOVIMIENTO PRO AMNISTÍA
En el juicio contra el movimiento pro amnistía, que comenzó ayer en la Audiencia Nacional española y se reanudará el próximo lunes, los 27 ciudadanos vascos procesados anunciaron su renuncia a la defensa jurídica porque consideran que se trata de una "farsa" y la sentencia está ya "escrita". Según explicaron en un manifiesto y en sus declaraciones en la Casa de Campo, no reconocen "ninguna legitimidad" a dicho tribunal especial para que les juzgue.
22/04/2008 9:01:00
MADRID-. Los 27 ciudadanos vascos procesados en el sumario contra el movimiento pro amnistía declararon durante toda la jornada de ayer en el recinto habilitado en la madrileña Casa de Campo por la Audiencia Nacional, y todos ellos anunciaron su renuncia a la defensa jurídica al argumentar la falta de "legitimidad" para ser juzgados por dicho tribunal especial. En su opinión, la sentencia está "escrita" y resaltaron que por eso no iban a seguir participando en lo que consideraron una "farsa".
La vista oral se reanudará el próximo lunes ya que la toma de declaración de los imputados se agilizó al no responder ninguno de ellos a las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y la AVT. Está por ver de qué manera afectará a los plazos previstos para el juicio la postura de los procesados, ya que en un principio la Audiencia Nacional había previsto que se desarrollara hasta el mes de julio.
La semana que viene declararán los testigos solicitados por el fiscal y la AVT y los procesados indicaron que acudirán a las vistas, pese a que piensan permanecer en silencio. Por su parte, la defensa señaló que sólo citará a una veintena de personas de las 270 que se habían propuesto inicialmente, en cumplimiento de la voluntad expresada por los procesados, según manifestó la abogada Amaia Izko al término de las comparecencias. La lista de testigos que presentarán se comunicará por escrito a la Sala y se espera conocer hoy.
"Imparcialidad a kilómetros"
La primera sesión del juicio contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna estaba señalada para las 10.00, pero comenzó con veinte minutos de retraso por la tardanza de los jueces en presentarse en la Sala. Todos los procesados, salvo Maite Díaz de Heredia, que se encuentra presa tras el operativo de Segura contra Batasuna y que fue trasladada en un furgón policial por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, accedieron a la Casa de Campo media hora antes tras pasar por delante de un amplio despliegue de medios de comunicación que aguardaban su llegada.
Un representante de la ultraderecha española asiduo a los macrosumarios contra la izquierda abertzale trató de buscar su minuto de gloria ante las cámaras situándose detrás de los imputados, sin que éstos le hicieran el más mínimo caso.
El primero en tomar la palabra fue Juan Mari Olano, aunque en un principio el tribunal hizo levantarse a Gotzon Amaro para mandarle sentar acto seguido. Al igual que el resto de procesados, el zaldibiarra se negó a responder a las preguntas del fiscal, Carlos Bautista, así como a las de la acusación popular que ejerce la AVT. Tan sólo contestó a las preguntas de su abogada, Ainhoa Baglietto, y explicó que la Audiencia Nacional "está a miles de kilómetros de la imparcialidad" y que "la sentencia está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político".
Olano añadió que no espera "ningún tipo de justicia" en la Audiencia Nacional y señaló que, aunque cree que les van a "condenar", no podrán juzgarles porque eso sólo lo podrá hacer Euskal Herria. Al igual que hicieron después todos los procesados, recordó que la actividad de Gestoras pro Amnistía y Askatasuna eran públicas y que se fundamentaban en denunciar la represión y en impulsar la solidaridad con los presos.
En ese sentido, Julen Larrinaga señaló en su alocución y en posteriores declaraciones ante la prensa que "los derechos civiles y políticos no pueden ser fiscalizados nunca en este tribunal -en referencia a la Audiencia Nacional-, porque consideramos que es parte interesada en un esquema de negación de salidas políticas y democráticas a la resolución del conflicto".
Larrinaga insistió en que los procesados "no le otorgamos ningún tipo de legitimidad" para ser juzgados por el tribunal especial y resaltó que el "problema" no es la "legalidad" de Gestoras o Askatasuna, sino la "ilegalidad" de la represión contra Euskal Herria.
Manifiesto de los procesados
En el mismo instante en el que daba inicio el juicio en la Casa de Campo, los procesados hicieron público a través de la página web www.askatu.org un manifiesto en el que explicaban su postura ante el juicio. En el texto señalaban, como hicieron ante el tribunal especial, que ellos son "la consecuencia directa de la existencia de un colectivo de miles de represaliados políticos en nuestro pueblo" y que "eso y no otra cosa es lo que quieren juzgar, condenar, prohibir y encarcelar".
"El Gobierno español, y del mismo modo el francés, sabe que tiene un grave problema con el conjunto de represaliados que él mismo ha originado porque reconocer políticamente la existencia de ese colectivo es reconocer el uso de la represión. Por ello, es vital negar la existencia de represaliados", explica el comunicado.
Informan también de que han renunciado a defenderse en términos de "juicio clásico", lo que supone que se negarán durante todo el proceso a aportar pruebas, discutir informes y, en suma, "a participar en una farsa judicial que otorgue algún tipo de credibilidad democrática a dicho tribunal".
"Quieren hacer invisible la represión, quieren total impunidad para aseguir reprimiendo otros 30 años. Los miles de represaliados de este pueblo seremos los primeros en no permitirlo", finaliza el manifiesto.
"No juzgamos ideologías"
Los imputados fueron explicando uno a uno en las sesiones de mañana y tarde las razones que les llevaron a involucrarse en el movimiento pro amnistía. Se mostraron "orgullosos" del trabajo realizado y dieron testimonio del sufrimiento que han generado en Euskal Herria las "políticas represivas" de los estados español y francés en los últimos 30 años, como la dispersión de los presos políticos y la repercusión en sus familias, las pésimas condiciones de vida en las cárceles, la tortura, la guerra sucia, la violencia policial y demás.
Josu Beaumont aportó cifras concretas de la represión al tribunal, como las 7.000 denuncias de torturas realizadas o las muertes de ciudadanos vascos a manos de las FSE o víctimas de la guerra sucia, y señaló que la "historia de mi pueblo está llena de violencia" y el movimiento pro amnistía "lucha por acabar con todo esto".
Juan Antonio Madariaga, por su parte, recordó los motivos por los que se formó la asociación de familiares de presos Senideak y destacó que "ningún padre ni madre está a favor de que le apliquen la incomunicación a su hijo, de que le lleven encarcelado fuera y que le apliquen el aislamiento", por lo que "nos obligaron a unirnos para hacer frente a esta lacra".
Julen Arzuaga, por su parte, explicó que es abogado y miembro de Behatokia, un organismo que da a conocer en el "ámbito internacional" las vulneraciones de derechos que se producen en Euskal Herria.
Los jueces asistieron sin levantar la voz en ningún momento a las declaraciones de todos los imputados, en clara con- traposición con las actitudes mantenidas en el sumario 18/98 o en el "caso Jarrai-Haika-Segi". Sin embargo, tras comparecer el último de los procesados, Asier Birunbrales, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para responder a la denuncia política del juicio y de la imparcialidad del tribunal.
Según indicó la magistrada, "no se está enjuiciando a la Audiencia Nacional, frente a lo que han venido manifestando. No juzgamos ideologías, sino actividades delictivas".
La actuación del fiscal, en cambio, dejó en evidencia que no había ninguna imputación concreta contra los procesados al realizar las mismas 35 preguntas a todos ellos.
#3.- Yo creo que no
Ricardo Mella|22-04-2008 19:48
Yo creo que lo que pretende el juicio es encarcelar a unos cuantos de la izquierda abertzale que se habían escapado vivos. Porque el propósito en general de las últimas actuaciones judiciales es meter en prisión a la izquierda abertzale.
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