Sr. D. José Chamizo de la Rubia
Defensor del Pueblo Andaluz
Avda. Reyes Católicos, nº 21
41001 – Sevilla
Estimado amigo:
D. DIEGO VALDERAS SOSA, Coordinador General y Portavoz parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), y D. JOSÉ LUIS PÉREZ TAPIAS, Secretario de Comunicación de IULV-CA y representante del Grupo Parlamentario en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, nos dirigimos a usted para solicitar su mediación urgente ante el Ministerio de Administraciones Públicas respecto a las condiciones en las que se está desarrollando el proceso de Información Pública del Proyecto para la “Instalación de una Refinería de Petróleo en Extremadura”, promovido por el Grupo Alfonso Gallardo, que tendrá grandes impactos medioambientales y sociales en Andalucía de llevarse a cabo.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 106, de 04 de junio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 131, de 07 de junio de 2008, han aparecido publicados sendos anuncios de las Dependencias del Área de Industria y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno de Huelva y Sevilla por los que se somete a Información Pública, por un plazo de treinta días y a los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, la Solicitud de Autorización Administrativa Previa, así como el Estudio de Impacto Ambiental de las instalaciones en la provincias de Huelva y Sevilla, correspondientes al Proyecto para la “Instalación de una Refinería de Petróleo en Extremadura”, en el término municipal de los Santos de Maimona, Badajoz.
En el Boletín Oficial del Estado nº 136, de 05 de junio de 2008, se publicó un anuncio similar de la subdelegación del Gobierno en Badajoz por el que se somete a información publica las solicitudes de autorización administrativa, autorización ambiental integrada (sólo para la refinería) y declaración de impacto ambiental, correspondientes al proyecto de instalación de una refinería de petróleo en Extremadura y de sus infraestructuras auxiliares y complementarias en las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.
El promotor de dicho proyecto es Refinería Balboa, S.A., una empresa del Grupo Alfonso Gallardo, con domicilio social en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
La refinería de petróleo tendría una capacidad de procesamiento de 110,000 barriles diarios (5.750.000 toneladas anuales de crudo y otras materias primas), para la obtención de 5.411.000 toneladas anuales de productos, y para abastecerla y distribuir su producción serían necesarias una serie de instalaciones e infraestructuras asociadas en las provincias de Sevilla y Huelva, tales como monoboya para la descarga de crudo, tanques de almacenamiento en el Puerto de Huelva, oleoducto de suministro de crudo desde el Puerto de Huelva hasta la Refinería, poliducto para la distribución de los productos elaborados y pantalán de carga para el despacho de productos.
El oleoducto y el poliducto compartirán trazado desde Palos de la Frontera, (Huelva) hasta la Refinería (Los Santos de Maimona, Badajoz).
Ambas conducciones discurren en Huelva por los términos municipales de Palos de la Frontera (2,420 km), Moguer (17,369 km), Lucena del Puerto (6,375 km), Bonares (4,767 km), Niebla (5.087 km), Villarrasa (7,163 km), La Palma del Condado (5,840 km), Villalba del Alcor (4,506 km), Manzanilla (2,228 km), Paterna del Campo (8,155 km), Escacena del Campo (3,772 km), y Santa Olalla del Cala (18,298 km), con una longitud total en esta provincia de 85,98 km. Se situarán posiciones de válvulas en los términos de Moguer (Pos01, Pos-02, Pos-03), Niebla (Pos-04), Villalba del Alcor (Pos-05), y Santa Olalla del Cala (Pos-12, Pos-113).
En la Provincia de Sevilla ambas conducciones discurren por los términos municipales de Sanlucar la Mayor (14,938 km), Gerena (10,249 km), El Garrobo (7,930 km), Guillena (4,925 km) y El Ronquillo (12,315 km), con una longitud total en esta Provincia de 50,357 km. Se situaran posiciones de válvula en los términos de Gerena (Pos-08), El Garrobo (Pos-09), Guillena (Pos-10) y El Ronquillo (Pos-11).
Para facilitar la llegada del crudo hasta las instalaciones de refino, se instalará una estación de bombeo en el municipio de El Garrobo.
Más allá del impacto que la construcción y la operación de las instalaciones asociadas al proyecto de la refinería tendrían directamente sobre los términos municipales reseñados, otros aspectos como las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero y las posibles afecciones a las aguas marinas y continentales, tanto subterráneas como superficiales, tendrían también un impacto medioambiental negativo muy considerable sobre las provincias de Huelva y Sevilla, pues ni las aguas ni el aire tienen fronteras.
Desde el punto de vista socioeconómico, la construcción y la operación de las instalaciones asociadas al proyecto de la refinería tendrían una gran afección al patrimonio cultural y arqueológico y un gran impacto social negativo en las actividades de sectores tan importantes como el agrario, el ganadero, el pesquero y el turístico en ambas provincias.
De la lectura de los anuncios se desprende que están en tramitación, al menos, las siguientes solicitudes:
. Autorización Administrativa Previa (AAP), ante el Ministerio de Industria Turismo y Comercio.
. Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la refinería, ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
. Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Suponemos, además, que en la Autorización Ambiental Integrada del oleoducto debería participar la Junta de Andalucía y que la autorización de vertidos le correspondería a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
Para poder estudiar el Proyecto y alegar en todos esos procedimientos se da a los ciudadanos, organizaciones sociales y políticas y administraciones públicas el plazo mínimo que establece la Ley, es decir, 30 días hábiles. En la práctica, de esos días hay que excluir los sábados, quedando las posibilidades de consulta de Lunes a Viernes en horario de atención al público, de 9’00 a 14’00 horas. Y todo ello, sólo se puede hacer única, exclusiva y personalmente en las dependencias de las subdelegaciones del Gobierno de Badajoz, Sevilla y Huelva.
Según hemos podido comprobar personalmente, el Proyecto consta de catorce tomos (DIA: Tomo 0, Tomo 1, Anexo al 1 Volumen I, Anexo al 1 Volumen II 2, Tomo 2, Anexo al 2 Volumen I, Anexo al 2 Volumen II, Tomo 3 y Tomo 4. Planos. AAP: Tomo 1, Tomo 2, Tomo 3, Addenda) que suman en conjunto más de 5.000 página y 200 planos.
Al parecer, a los ayuntamientos directamente afectados se les ha remitido determinados capítulos del proyecto en formato digital.
Nada más conocer los respectivos anuncios, IULV-CA remitió sendos escritos a las Subdelegaciones del Gobierno de Huelva y Sevilla, en los que al amparo de lo establecido en los artículos 3.1.e y 3.2.e de la Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y dado el volumen, la complejidad, la importancia y las repercusiones medioambientales y sociales del Proyecto, solicitábamos tres cuestiones:
Hasta la fecha no hemos obtenido aún contestación a dichos escritos en ningún sentido, habiendo transcurrido ya prácticamente la mitad del periodo de información pública.
Todo ello pone en evidencia la escasa voluntad de la empresa promotora del proyecto, de las Consejerías de Junta de Extremadura y de los Ministerios del Gobierno de España, que han manifestado expresamente su apoyo al proyecto, de facilitar la participación pública de manera real y efectiva en un proyecto con importantes repercusiones medio ambientales y sociales para Extremadura y Andalucía, en concreto para las provincias de Huelva Y Sevilla.
No es necesario insistir en la desproporción de medios con los que cuentan las organizaciones sociales, los partidos políticos e incluso la mayoría de los municipios directamente afectados respecto a los empresarios y a los organismos oficiales que los apoyan. Por ello, le reiteramos nuestra petición de mediación ante el Ministerio de Administraciones Públicas para acceder a lo solicitado.
En Sevilla, a 14 de junio de 2008.
