Hace unos días, un pequeño país llamado Islandia saltó de nuevo a la actualidad europea. Su presidente se había negado a refrendar el acuerdo suscrito por su Gobierno con el Reino Unido y Holanda y decidió someterlo a referéndum. Según el compromiso aprobado, Islandia tiene que abonar a ambos países 4.000 millones de euros a 15 años y al 5,5% de interés, lo que repercute aproximadamente con unos 12.000 euros en cada uno de los contribuyentes. El motivo radica en la quiebra de Icesave, banco online filial de Landsbanki –uno de los tres grandes bancos islandeses–, que se había dedicado a operar en Europa, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Los gobiernos de estos países tuvieron que indemnizar a los depositantes y ahora exigen a la isla del norte el pago de la deuda.
En los diez últimos años, Islandia fue el paradigma del laissez faire y llevó los principios del neoliberalismo económico al extremo: desregulación, libre circulación de capitales, privatizaciones, carencia de supervisión y control. La banca islandesa se embarcó en una descomunal expansión exterior comprando toda clase de activos financieros. Los tres grandes bancos, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, se declararon en quiebra; entre los tres habían acumulado una deuda de 60.000 millones de euros. Tuvieron que ser nacionalizados. El resultado ha sido terrorífico para la economía de ese país. Para percatarse de la gravedad del problema hay que considerar que Islandia es un país muy pequeño, con 300.000 habitantes y un PIB anual de 14.000 millones de euros. Es decir, que la deuda de su sistema financiero supera en cuatro veces su PIB anual.
Islandia se ha convertido en la manifestación más gráfica de las contradicciones y desatinos que componen eso que llamamos globalización. Entre las incoherencias, no es menor la de defender que los bancos y las empresas son internacionales, pero considerarlos nacionales tan pronto comienza la crisis; e incoherencia es también la desproporción que se da en algunos países pequeños entre las dimensiones del Estado y sus entidades financieras, de un gran tamaño y de las que difícilmente van a poder responder. Existe un hecho que, aunque evidente, se nos había olvidado: que el negocio bancario precisa del respaldo y de la credibilidad del Estado para subsistir. Hay estados, sin embargo, a los que, como a Islandia, les resulta difícil, por su tamaño, conceder tal garantía sin verse ellos mismos en graves dificultades.
La situación actual de Islandia es dramática. Se calcula que cada contribuyente se va a tener que hacer cargo de una deuda de 60.000 euros. Ante la gravedad de la crisis, el Parlamento ha pedido el ingreso en la Unión Europea. El mundo empresarial contempla con avidez la posibilidad de pertenecer a la Unión Monetaria. Su actual ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, que en el pasado, desde la oposición, calificaba de espejismo la anterior etapa, no está tan seguro de que el euro sea una buena idea. Se pregunta cuál sería la situación del país si en estos momentos no hubiesen podido devaluar y practicar una política de control de cambios.
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