ampliar Foto manifestación BCN en apoyo a Cándido y Morala

El que dos trabajadores hayan sido condenados a tres años de cárcel aplicándoles la ley antiterrorista queda relegado a un segundo plano y también, del mismo modo, que los condenados fueran sindicalistas y miembros del Comité de Empresa cuando además Morala es el Secretario General de un sindicato, de la CSI, y Cándido el anterior Secretario. Tampoco importó que las movilizaciones fueran estrictamente laborales a las puertas de su puesto de trabajo, del astillero Naval Gijón. Tampoco importó que la mayoría de la plantilla estuviera en el paro y que sencillamente reivindicaran carga de trabajo que en aquel momento se estaba derivando, incomprensible e injustificadamente, hacia otros países a pesar de gozar de las subvenciones municipales, autonómicas y estatales de las que nadie respondió de su utilización. Se trataba de dinero público del que al parecer nadie ha de responder.

De todo lo anterior sólo parece importar que los verdaderos responsables -los políticos a sueldo- de las instituciones autonómicas y municipales, consejeros y concejales con nombres y apellidos del PSOE e IU, queden libres de responsabilidad. Que el Gobierno autonómico de Asturias y que el Gobierno del Ayuntamiento de Gijón no hayan tenido nada que ver y mucho menos que hayan sido los responsables directos del linchamiento judicial al que fueron sometidos Cándido y Morala, por no citar otros casos menos relevantes pero también importantes sobre los que la represión se está cebando con similar saña.

Amparados bajo el paraguas de la "izquierda plural" estos responsables directos pretenden pasar como inocentes, lo mismo que el que condena al paredón y después asegura que no fusiló a nadie. Pero esta "izquierda plural" todavía da para mucho más cuando sólo sabe responder con descalificaciones, insultos o intentando llevar el problema de fondo (el de sus propios intereses) al terreno de lo personal, del enfrentamiento, lo que explica la falta de argumentos y de cualquier diálogo.

La promesa o juramento de los cargos políticos no incluye decir la verdad lo que les faculta para mentir: la mentira va en el sueldo y en el cargo, forma parte de la práctica política y social cotidiana, sin mencionar las campañas electorales donde todo esto ya es algo institucionalizado.

Las autoridades -el poder- pisó reiteradamente varias rayas rojas que no debieran haber traspasado nunca, lo mismo que una buena parte del poder judicial que firmó el linchamiento. El Delegado del Gobierno Trevín, la alcaldesa de Gijón Felgueroso del PSOE y su socio de gobierno Montes Estrada de IU, el consejero de justicia Valledor de IU, el juez Rubio Mayo y el tribunal de la Audiencia Provincial y el resto del gobierno autonómico y municipal gozan de la inmunidad que se niega a los representantes sindicales elegidos por los trabajadores, miembros del Comité de Empresa de Naval Gijón. Se les aplica la ley antiterrorista y con ella les condenan y encarcelan. Son cómplices CCOO y UGT, callan y otorgan.

La trama oculta pero que asoma cada día en la realidad por todos los lados es la recalificación y especulación urbanística del astillero y la necesidad de acallar, no importa el precio ni el método, a cualquier persona (Cándido y Morala) principalmente si forma parte de una organización sindical (la CSI) que se opone abiertamente a cambiar puestos de trabajo por especulación.

El Gobierno central y el autonómico anuncian ahora que han decidido cerrar Naval Gijón: dicen que no es rentable. Pero en cambio sí lo será el pelotazo urbanístico en sus más de 20.000 m2 que ocupan ahora sus diques y sus gradas que es de lo que se trata.

Insisten en que la construcción y reparación de barcos no es rentable, pero ello no impide que enfrente, al otro lado de la bahía, se esté construyendo un súper puerto con una inversión de cientos de millones de euros cuando ni siquiera pueden gestionar adecuadamente el actual puerto de Gijón. La contradicción de las "autoridades" es manifiesta pero no así sus intereses y a quienes benefician.