Oaxaca, Oax., 16 de enero. Las autoridades federales y estatales han incurrido en "graves violaciones" a las garantías individuales de los integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), concluyó la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) al terminar su gira de trabajo por esta entidad.
Explicó que se documentaron las violaciones, especialmente a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y del uso del espacio público, así como detenciones ilegales y arbitrarias, trato inhumano y degradante, y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, la vulneración de los principios de presunción de la inocencia y de defensa, así como del debido proceso de los detenidos y enjuiciados.
Estos atropellos "no se justifican porque el movimiento popular no tiene una estructura subversiva o de confrontación, sino pacífica, que reivindica demandas legítimas", afirmó el coordinador de la misión, el español Iñaki García, al difundir un informe de su trabajo.
Subrayó que, por obedecer a rezagos y reclamos históricos de la población, el conflicto no se solucionará "en la medida que no se atiendan sus causas con justicia".
Dijo que en una mesa de investigación en Oaxaca, la CCIODH hizo unas 350 entrevistas con partidarios de la APPO, organizaciones no gubernamentales, pueblos y comunidades indígenas, medios de comunicación, así como miembros del magisterio, autoridades estatales y federales, y directores de hospitales, entre otros.
Mencionó que unas 20 ejecuciones extrajudiciales de seguidores de la APPO, según testimonios y denuncias documentadas, las cometieron grupos paramilitares o escuadrones de la muerte presuntamente ligados al gobierno estatal. Esta cifra, añadió, la reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Subrayó que la muerte de los appistas "ocurrió en agresiones directas, y no en enfrentamientos, porque no hay ni la más mínima prueba ni constatación de ello".
Destacó que no se puede culpar a la APPO de la violencia y de los enfrentamientos, independientemente de haber denuncias y casos individuales contra sus miembros por estos hechos, porque su movilización es civil y pacífica.
El secretario de Gobierno, Manuel García Corpus, dijo que la administración estatal no ha recibido ningún informe oficial sobre violaciones de derechos durante el conflicto y, en consecuencia, rechazó hacer comentarios.
