ampliar FUERA Gobierno y congreso ilegitimo!

Cada orden de captura o medida de aseguramiento que dicta la Corte Suprema de Justicia le estrecha el círculo de teflón al presidente Uribe. La opinión democrática asiste sin asombro al recrudecimiento del escándalo de la parapolítica. Los medios informativos de vocación uribista anuncian, con angustia, las nuevas capturas de parlamentarios acusados de estar comprometidos con el paramilitarismo y de haber recibido beneficios económicos o de intimidación mediante las armas a la ciudadanía para su elección, tanto en 2002, como en 2006. Los casos mas recientes son los de los senadores más cercanos a las entrañas del presidente Uribe, Mario Uribe su primo hermano y Rubén Darío Quintero, su secretario privado cuando fue Gobernador de Antioquia.

Al presidente se le agota su capacidad de maniobra para seguir en el tapen – tapen. La burbuja de la parapolítica, de elecciones fraudulentas, de la corrupción de parlamentarios y altos funcionarios del gobierno ha comenzado a estallarse. Los medios informativos y los dueños de las grandes capitales se están quedando sin argumentos para seguir ocultando o minimizando este escándalo. Cada día serán más dificultosas sus operaciones mediáticas para mantener la favorabilidad del gobernante. El escándalo se ha salido de madre y amenaza con volverse un terremoto político sin antecedentes en la historia política reciente.

La Corte Suprema de justicia ha destapado las dolosas injerencias paramilitares y del narcotráfico en las elecciones fraudulentas de 2002 y de 2006, que eligieron Representantes a la Cámara y Senadores de la República. Ya sobrepasan de sesenta el numero de congresistas que están siendo procesados por estos delitos. Pero hay que decirlo sin ambages, esos votos que eligieron fraudulentamente a parlamentarios y parlamentarias que se encuentran judicializados, fueron los mismos votos que eligieron y reeligieron al presidente Uribe. Sus bufones defensores de oficio no podrán alegar que para elegir a los cuestionados congresistas fueron votos tramposos, pero que se tornaron en votos limpios a la hora de elegir y reelegir al señor presidente. Es un hecho incontestable, como señala el maestro Carlos Gaviria, “que los votos que sirvieron para elegir a los senadores y a los representantes de los sectores uribistas fueron los mismos que sirvieron para elegir al Presidente de la República”.

Vistas así las cosas, no cabe la menor duda; tanto el Congreso de la República, como el Presidente de la República son ilegítimos. Su elección está basada en el fraude, en la compra del voto, en la intimidación a las y los electores, en el proselitismo armado, en la manipulación de la opinión, en los millonarios aportes de los grandes capitales legales y mafiosos a la financiación de dichas campañas y en todo tipo de prácticas inmorales que han impedido el voto libre de la ciudadanía. Se podrá alegar que siempre ha sido así, que este no es un fenómeno nuevo, que los fenómenos de corrupción, de fraude, clientelismo y manipulación han marcado los procesos electorales a través de los tiempos. Es razonable que así se piense. Es lo que el maestro Orlando Fals Borda califica de “ilegitimidad de origen” de gobiernos liberales, conservadores o bipartidistas a través de los tiempos. Pero en esta oportunidad todos estos vicios se han multiplicado y elevado al más alto grado de desfachatez e inmoralidad. Y es que “el gobierno puede ser “legal” en lo formal – normativo, pero es ilegítimo en su esencia política, ética y social”, como afirma el maestro. La misma reflexión es válida para el Congreso de la República integrado por mayorías narcoparamilitares y parauribistas.

El gobierno y el congreso elegidos de esta manera, quedaron impedidos moral y políticamente para dirigir el país y para legislar, desde el mismo momento de su posesión. En consecuencia, todos sus actos, aunque sean legales, carecen de toda legitimidad. Ilegítimos son los ministros y sus actuaciones; lo es también la fuerza pública con sus falsos positivos, sus ejecuciones extrajudiciales, sus vínculos con el paramilitarismo y sus violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Ilegítimo es todo lo legislado por este congreso a instancias del gobierno. La “Ley de Justicia y Paz”, tan benévola con la impunidad paramilitar, la contrarreforma laboral que arrasó con los derechos de los trabajadores, el acto legislativo que propició un zarpazo a las transferencias de las entidades territoriales para educación, salud, saneamiento básico y agua potable, la ley de tierras, la ley que reformó la Ley 100. Ilegítimo es el Acto Legislativo, que con los votos de los parlamentarios parauribistas, reformó la Constitución para hacer constitucional la ilegítima reelección del señor Presidente. La aprobación del TLC, la privatización de lo público, el desmantelamiento del Seguro Social, en fin, todo lo actuado por este gobierno y su congreso de bolsillo ha quedado deslegitimado. La elección de gobernadores y alcaldes amparados por el presidente y los parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo y el narcotráfico, también carece de legitimidad.

La ilegitimidad ha sido el escenario propicio para imponer el régimen autoritario y mafioso que encarna el gobierno, al servicio del capitalismo igualmente mafioso, favorecido con modelo de acumulación basado en la desnacionalización en favor de las multinacionales, la deuda externa, comercio inequitativo, el asalto a los salarios y los derechos de los trabajadores, la usurpación o despojo de los bienes públicos, la expropiación a sangre y fuego de millones de hectáreas de tierra y la legalización de grandes fortunas de las mafias del narcotráfico y los paramilitares e imposición de unas estructuras de capitalismo salvaje y despotismo político, que fortalecen los poderes territoriales, financieros y el control de la política por parte del presidente y su círculo de cómplices y amigos.

El espectáculo a que estamos asistiendo, constituye una fotografía de la perversidad del establecimiento dominante, que maquilla su ferocidad, su crueldad, su egoísmo e insensatez con retóricas de transparencia, patriotismo y seguridad democrática. Los partidos políticos que gravitan en la órbita del presidente y el gobierno están articulados al crimen organizado, en unas insólitas dimensiones destructivas de los valores de civilización democrática. Queda en evidencia que la elección y la reelección del actual presidente Álvaro Uribe se dio con el apoyo del terror y el dinero masivo del narco-paramilitarismo, lo cual lo coloca en un escenario de clara ilegitimidad y los grandes medios de comunicación orquestando semejante patraña.

El fantasma de la ilegitimidad se ha desbordado y ha roto la cadena por el eslabón más débil, el de la podredumbre que se respira en el Congreso de la República. Las voces de revocatoria de los actuales congresistas van creciendo como bola de nieve. A este coro se han sumado la Senadora Piedad Córdoba desde la oposición y algunos parlamentarios de la derecha uribista, incluso algún medio radial también uribista. Los parlamentarios del Polo, ellos sí elegidos legítimamente, pareciera que estuvieran como Alibabá en la cueva de los ladrones. Con solvencia moral y autoridad ética, política y social han denunciado la parapolítica, la corrupción, las mafias del narcotráfico y se han opuesto con valentía a los actos del gobierno y sus mayorías en el Congreso. El polo y su militancia deben rodearlos, apoyarlos y defender su legitimidad. Pero, hay que decirlo sin tapujos, son una minoría que no tiene posibilidad de cambiarle el rumbo al actual congreso dada su composición mayoritariamente uribista y narcoparamilitar y, mucho menos asumir la defensa de esta institución atrapada en el cerco podrido de la ilegitimidad, contaminado por la corrupción, la inmoralidad, el paramilitarismo. La presencia de la bancada parlamentaria del Polo como fuerza minoritaria no legitima esta putrefacta institución.

No obstante, el Polo no debe quedarse a la saga de los acontecimientos, ni dejarse arrastrar por ellos. El Polo debe hacer claridad al pueblo colombiano y señalar que tanto el gobierno, como el congreso de mayorías uribistas son responsables del estado de corrupción, de criminalidad y de muerte que ha propiciado el asesinato de la moral pública. De concretarse la propuesta de revocatoria del congreso, resultaría una solución inocua porque dejaría incólume al presidente que hace parte del problema y no de la solución. Hay que aclarar que el hábil gobernante con sus mayorías en el Congreso se ha dado a la tarea de intentar desviar la atención de la opinión pública nacional hacia la llamada “reforma política” en la que se incluiría, entre otros aspectos, la figura de la “silla vacía” y la “muerte política” para los políticos comprometidos con las organizaciones al margen de la ley. Se trata de nuevo de cambiar un poco para que todo siga igual. Una reforma política estructural de fondo es prácticamente imposible en este congreso tan cuestionado y deslegitimado.

En consecuencia, el Polo que hace parte de la solución y no del problema, debe plantear ¡que se vayan todos! ¡Que renuncie el presidente y su séquito de funcionarios! ¡Que renuncie el congreso en pleno! y que se convoquen nuevas elecciones pero para elegir, como lo ha propuesto nuestro presidente del PDA, “una Asamblea Nacional Constituyente” que haga “una revisión no solo del congreso, sino de todas las instituciones que han sido afectadas por la parapolítica”. Agregamos nosotros que dicha Constituyente debe ser Popular y Democrática que asuma la dirección del Estado, nombre un gobierno provisional o de unidad nacional y asuma la responsabilidad de hacer las profundas transformaciones institucionales y democráticas que requiere el País para superar las desigualdades, la injusticia social y las iniquidades, se coloque al frente de una salida negociada del conflicto armado y se constituya en el garante del cumplimiento de los acuerdos con los grupos insurgentes, para asegurar y abrir el camino de la construcción de una paz justa, digna y duradera.

No es cierto que en unas nuevas elecciones, como las que proponemos, Uribe y el uribismo vayan a salir fortalecidos, el pueblo no es tonto, ni permanecerá embrujado de autoritarismo toda la vida. Menos ahora que ha sufrido una dura derrota, de la mano de Bush, en el Congreso de los Estados Unidos con la congelación del TLC. Aun con la salida incompleta de la revocatoria del congreso y nuevas elecciones se daría un duro golpe al uribismo y avanzarían las fuerzas democráticas y de oposición lideradas por el polo. Tampoco es cierto que denunciando la ilegitimidad del gobierno y del congreso, se deslegitiman nuestros parlamentarios, por el contrario se fortalecerían y se multiplicarían en las eventuales nuevas elecciones.

El Polo debe convocar la más amplia unidad y movilización de los sectores democráticos y las organizaciones sociales y populares alrededor de este propósito, al tiempo que convocar a lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, empezando por la satisfacción a las demandas de mas de tres millones de compatriotas desplazados y el compromiso de devolverles las tierras y demás propiedades que les fueron expropiadas a sangre y fuego, así como la indemnización justa y digna a todas las víctimas.

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Lista de partidos y movimientos políticos junto a sus congresistas, investigados o juzgados por el proceso de la parapolítica todos afines al Uribismo.