El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros altos cargos de la dictadura y ha remitido la causa que investiga las desapariciones de la guerra y del franquismo a los juzgados de instrucción de los territorios en los que se encuentran las fosas comunes que autorizó abrir.
En un auto hecho público ayer, el juez acuerda extinguir la responsabilidad penal de Franco en la causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos, y se inhibe de la causa que investiga las despariciones ocurridas entre 1936 y 1951 en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento, el pasado 16 de octubre.
Una de esas fosas se encuntra en antiguo cementerio del penal de Ezkaba, junto a Iruñea. Se trata de un depósito de cadáveres hallado hace unos pocos años y del que ya se han desenterrado algunos restos, todo ello se ha hecho por iniciativa privada y altruista, sin participación institucional alguna.
La causa será remtida también al juzgado de instrucción decano de Bizkaia, junto a los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Barcelona, Málaga, Valencia y Zaragoza.
La decisión de Garzón llega antes de que se pronuncie el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debía resolver sobre la competencia del citado juez en esta causa, tras el recurso presentado por la Fiscalía, que sostiene que los hechos que pretendía investigar Garzón son delitos comunes y no crímenes contra la humanidad, por lo que correspondería abordarlos a los juzgados territoriales.
El Pleno de la Sala de lo Penal paralizó las exhumaciones a instancias de la Fiscalía.
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