La manifestación del 8 de febero se convocó en defensa de la lengua galega y contra otra manifestación convocada, entre otros, por PP, AVT y Falange.
Sabemos que la represión española se adecúa como un guante a una realidad sociopolítica concreta, empapando toda su dinámica, predeterminando posicionamientos y actitudes, desactivando voluntades a priori y centrando sus energías en el sector minorizado y resistente que se organiza y trabaja desde parámetros de liberación nacional y social. Lo más efectivo de la represión nacional en algunos casos no es hoy, por tanto, lo “noticiable” o espectacular, sino el trabajo previo y silencioso de salar la tierra para que nada crezca y la precariedad desde la que se puede afrontar este estado de cosas. Hablar de represión en un contexto sociopolítico como el galego podría parecer exagerado, si tenemos encuenta que la vulneración de los derechos nacionales y sociales como pueblo no ha originado una respuesta colectiva que permita reconocer la existencia de un conflicto y genere, por tanto, una coacción estatal de respuesta más o menos generalizada inherente a este tipo de situaciones.
Antes de nada se debería analizar la sociedad de la que surgen estos movimientos de resistencia y a cuya problemática global tratan de responder. Galiza es un país que, aunque tiene una importante vitalidad étnica, parece poseer niveles de autoestima colectiva más bien vacilantes y, todavía más lejos, una conciencia de ser una nación con derechos políticos, al tiempo que se enfrenta a un proceso cada vez más acelerado de españolización y sustitución identitaria.
Desde una óptica independentista, éstos son elementos sociales básicos para explicar buena parte de los comportamientos sociopolíticos del pueblo galego. Añadiendo unos bajos niveles de autoorganización popular, cierta falta de pulso cívico, lógica y generalizada desconfianza hacia la intervención política “convencional”, la extendida idea de que las salidas únicamente se sitúan en el universo de lo individual, y la labor de contención y desactivación jugada por el nacionalismo institucional “beneguista” en los últimos veinte años, se podrán obtener algunas claves para comprender lo que ocurre. La eficacia represiva no se cifra principalmente en la brutalidad de la policía, la arbitrariedad de las y los jueces o la ocupación militar del territorio, sino en la actuación previa sobre la conciencia social mayoritaria, los niveles de autoorganización y la hegemonía de patologías conocidas a veces como “complejo del colonizado”.
Por último, si nos ceñimos a los manuales marxistas básicos, las “condiciones objetivas”, tales como liquidación de la economía productiva, turistificación, precarización laboral masiva, alta siniestralidad laboral, emigración, bajos niveles de renta y pensiones, no generan mecánicamente las respuestas sociales deseables y, por tanto, una represión estatal tan visible. Las bajas “tasas de criminalidad”, que se encuentran 20 puntos por debajo de las estatales y a 40 de las de la Unión Europea, no se corresponden linealmente tampoco, más bien al contrario, con una realidad social en la que el 22% de la población vive por debajo del “umbral de pobreza” y en un proceso continuado de deterioro socioeconómico. Es en este contexto en el que se inscribe la presencia y la práctica de una propuesta rupturista, como la del Movimento de Libertación Nacional Galego (MLNG).
La libertad de expresión no existe en las sociedades de mercado, donde la posibilidad de comunicar socialmente está en función del poder económico de que se disponga e, incluso, de la “corrección política” del mensaje. La militancia independentista y otros sectores sociales contestatarios se encuentran, pues, en la imposibilidad de ejercitar una política legal, puesto que son atacados contínuamente. El MLNG se ve forzado anualmente a entregar miles de euros a las arcas del Estado en concepto de multas, “indemnizaciones” y defensa de los militantes procesados y procesadas.
Los principales medios de difusión estatales y autonómicos juegan también un papel fundamental en la estrategia de invisibilizar, unas veces, y de criminalizar, otras, la existencia de una propuesta sociopolítica ajena y contraria al estatutismo que representan y, previsiblemente, seguirán representando, PSOE, BNG y PP tras las elecciones de marzo. Frente a esta situación de censura política y social y penalización de la libertad de expresión, el MLNG desarrolla medios de comunicación populares impresos y electrónicos con el objetivo de crear “islas” de socialización y comunicación nacionalista en un mar dominado por España, aumentar su introducción social y dar forma a un organismo antirrepresivo.
Diseño represivo
La mayor parte de las personas integrantes del actual MLNG son jóvenes. El perfil actual mayoritario de la militancia independentista galega es el de hombres y mujeres de las ciudades, de bajo nivel económico y, mayoritariamente, por debajo de los 30 años de edad. El dato no pasa desapercibido para las y los planificadores de la represión. La juventud organizada tiene su particular diseño represivo. La detención a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2005 de 11 militantes y dirigentes de la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) a instancias de la Audiencia Nacional y la apertura de un proceso tendente a declarar esta asociación “ilícita”, tras vincularla con la práctica de la violencia defensiva desde 1995 y encausar a sus miembros en la comisión de “delitos” de carácter político, da una primera medida de cómo el Estado afronta la autooorganización de la juventud independentista en Galiza. La formación juvenil Briga también fue objeto de seis detenciones y registros por parte de la Guardia Civil y la acusación a sus militantes de “daños” e “injurias” al Ejército español y “asociación ilícita”, tras realizar intensas campañas contra el “Día de las Fuerzas Armadas” en varias de sus ediciones.
Más recientes aún son las imágenes de la manifestación en defensa de la lengua galega, convocada como respuesta a otra españolista, por las calles de Santiago, y que se saldó con 10 detenidos y detenidas y un militante de NÓS-Unidade Popular hospitalizado de urgencia, el pasado mes de febrero.
Entre lo más sonado de los últimos años están los acontecimientos conocidos como “Operación Castiñeira”, que se originan cuatro meses después de la publicación del “Manifesto da Resistência Galega”. Se detuvieron a Ugio Camanho y Giana Rodrigues, militantes independentistas de AMI, acusados de colocar un artefacto explosivo en la sucursal compostelana de Caixa Galicia. Fueron condenados a penas de prisión en las cárceles de Brieva y Navalcarnero, respectivamente, hasta su excarcelación definitiva, en noviembre de 2008. La Guardia Civil ha intentado desde hace tiempo establecer un vínculo entre la práctica de la violencia nacionalista de baja intensidad y la organización AMI.
Apuntar como elemento significativo de la coyuntura represiva la existencia en la Audiencia Nacional de un número indeterminado de sumarios abiertos que no afectan sólo a la militancia de AMI, sino también al conjunto del denominado mediáticamente como “entorno independentista gallego”. La permanencia bajo secreto de estos sumarios y el desconocimiento sobre si será la Audiencia Nacional o los juzgados ordinarios en Galiza los tribunales competentes sobre el proceso, hace que las personas imputadas se encuentren en la más absoluta indefensión jurídica. A todo esto deberíamos añadir la permanente “guerra institucional de desgaste” impuesta al independentismo, con la proliferación de juicios políticos, el silenciamiento y la criminalización mediática, la represión laboral y académica cotidianas, la presión y los seguimientos policiales y la extensión de la represión económica.
Ceivar —en galego “liberar”— es el nombre del organismo constituido a principios de 2003 para dar una respuesta organizativa y política a esta represión. En seis años, ha ofrecido asistencia jurídica y política a más de un centenar de militantes que se vieron inmersos en detenciones y agresiones policiales, juicios y encarcelamientos. Han intentando socializar la denuncia de la represión más allá del ámbito político atacado y han desarrollado la solidaridad con los y las presas independentistas. Integrada en el MLNG desde su fundación, esta estructura antirrepresiva está presente en los principales núcleos urbanos de Galiza, dispone de una red de abogados y abogadas y un trabajo informativo creciente en la calle y en internet.
“Consolidar y ampliar la estructura, reforzar nuestra capacidad económica, participar en la denuncia y combate de la represión que se practica contra sectores de nuestro pueblo no vinculados políticamente al independentismo y aumentar nuestras posibilidades de comunicación social para denunciar una realidad -la de la represión política- que va en aumento y crece en la medida en que crece la lucha de nuestro pueblo por la autodeterminación”, son, según ellos y ellas mismas, sus retos inmediatos.
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