Ningún presagio sobre los “400 euros” de Zapatero ha alcanzado a describir el desastre que ha supuesto su aplicación en la practica. Sabíamos que era una medida electoralista y que no iba a favorecer a la población más necesitada, pero lo más indignante es que, al final, son muchos los pequeños y medianos empresarios que han robado este dinero a sus trabajadores.

Los empleadores han utilizado varios argumentos, un obrero de una fábrica de muebles comentaba que era “costumbre” pactar con el empresario el sueldo neto independientemente de lo acordado por el convenio colectivo y de cualquier otra visicitud, el empleador le comunicó que, como ese era el pacto, no le ingresaría los cuatrocientos euros.

Otro empresario textil les dijo textualmente a sus trabajadores que “cómo él se encarga de pagar el IRPF ese dinero era para él”. Y todos estos "presuntos delincuentes", previamente, se quejan de lo mal que está la economía, que si no mejora tendrán que cerrar la fabrica… de forma que la amenaza velada es que como los trabajadores exijan sus derechos cerrará el negocio y perderán su puesto de trabajo.

No es algo aislado sino que está siendo generalizado hasta el punto que un pequeño empresario de la construcción para demostrarme su honradez me dijo que él sí que le había pagado a sus trabajadores los 200 euros en la nómina de julio y le ingresaría los los otros doscientos hasta diciembre, conforme lo acordado por el gobierno al contrario que sus competidores que se quedarían con esas sumas pertenecientes a sus trabajadores.

Además, cuando al año siguiente se realice la declaración del IRPF, para la Hacienda Pública estos trabajadores ya habran recibido cuatrocientos euros retenidos por el IRPF por lo que,según resulte la declaración a devolver o a ingresar, ya no se les devolverán o deberán ingresarlos.

La deslocalización, la temporalidad de los contratos de trabajo, el aumento del paro coloca en tal situación de superioridad al empresariado que no dudan en cometer un delito de apropiación indebida sabiendo que sus trabajadores no se atreverán a denunciarlo. A lo que se suma la inoperancia de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo, los que deberían actuar contra estos criminales sin necesidad de que hubiese una denuncia previa de los perjudicados.

El PSOE es un partido de derecha moderada, todavía cree que el capitalismo y/o el mercado pueden “domarse”, pero dejar en manos del empresariado el pago de una ayuda social, por mísera e injusta que sea, ha sido dejar la zorra al cuidado del gallinero.