“La crisis de legitimidad se ha ido ampliando, de una crisis parlamentaria a una del sistema político presidencial reelegible y de los mecanismos eleccionarios de la democracia limitada, Uribe pretende mantener su estabilidad a través de una reforma política, moribunda actualmente en el Congreso; a base de actos autoritarios y de la puesta en marcha de los procesos de criminalización de la oposición de izquierda o 'cacería de herejes' inquisitorial”, así comienza la denuncia que hace el Partido Comunista Colombiano, de la cruzada mafiosa donde se pretende encarcelar o hasta asesinar a los últimos valientes que se atreven a disentir dentro de la mascarada de democracia imperante en Colombia.
El objetivo de la mafia es pues, atemorizar a los sectores democráticos, desarticular las acciones de resistencia y rebeldía de masas para así consolidar el estado mafioso, que con Uribe pretenden legalizar, con un trasfondo de violencia contra el pueblo que comenzó hace muchos años, pero que tomo especial relevancia con el genocidio de la Unión Patriótica (UP).
La historia del exterminio de la Unión Patriótica, y por este medio de la resistencia del pueblo colombiano, esta signado por diferentes planes que fueron ideados y dirigidos por altos mando militares, en cumpliendo de las ordenes de la oligarquía para liquidar la resistencia popular a sus medidas neoliberales.
El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores resultados en las votaciones de ese año, superando incluso a los partidos liberal y conservador.
Adicionalmente, los dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes --la “Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986), concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional de la Unión Patriótica y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas.
En 1993, miembros de la dirección de la UP se reunieron con varios ministros del gobierno del hoy ex presidente Cesar Gaviria, para denunciar la existencia de una nueva operación en su contra, el “Plan Golpe de Gracia”, elaborado, según sus informaciones, por el alto mando militar.
A la salida de la reunión los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas denuncias pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 1994.
Pocos meses después de esta reunión, un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda Vargas, el último parlamentario que le quedaba al grupo político en el Congreso de la República, director del Semanario Voz y miembro del comité central del Partido Comunista Colombiano, quedando así en la practica liquidado a balazos este intento del movimiento guerrillero por participar de lo que la oligarquía llama, las “reglas democráticas”.
Los llamados sobrevivientes de la Unión Patriótica entablaron una demanda contra el estado colombiano por el genocidio de esta organización política ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acepto el caso y actualmente se esta en un proceso de estancamiento de los se llamo “acuerdo amistoso”, donde las organizaciones representantes de las victimas se pondrían de acuerdo con el representante de los victimarios y evitar una condena a la mafia que gobierna a Colombia.
Con quien los representantes de las victimas del genocidio de la Unión Patriótica han intentado durante unos 6 años llegar a un “acuerdo amistoso”, es talvez con el hombre que mejor representa a los victimarios, Álvaro Uribe Vélez, quien según sus actos no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos y prefiere mejor, liquidar a los sobrevivientes y sus organizaciones para así, por sustracción de materia, evitar el tener que reconocer que ellos, la oligarquía colombiana es la responsables de este genocidio político, el único o primer genocidio contra un grupo político, que muestra sin ninguna duda el terrorismo aplicado contra el pueblo colombiano desde hace muchísimos años.
Uno de los objetivos clandestinos de los “Refundadores de la Patria” y por ende de Álvaro Uribe Vélez, su mejor representante, se conoció en su momento, era el de liquidar el Semanario Voz y acabar con el Partido Comunista Colombiano, la organización política legal de la cual el desaparecido comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez dijo que “Allá hay planteamientos más claros”, y tal parece que el mafioso que representa a la oligarquía colombiana esta decidido a llevar a cabo el exterminio en lo que podríamos denominar “Plan Consolidación” que consistiría en acabar a bala, por terror o encarcelando a los últimos valientes, comunistas o dirigentes populares que se atreven a denunciar su proceso mafioso
Tomando como base datos viejos, de hace unos dos años, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se calcula que han sido asesinados unos 200 miembros del Partido Comunista Colombiano, el ultimo de ellos Rubén Darío Martínez, ahijado de Carlos A. Lozano Guillén, director del semanario VOZ. Han desaparecido mas de 60 comunistas, el ultimo de ellos Guillermo Rivera y más 40 han sobrevivieron a atentados personales.
Hoy basados en el computador mágico del comandante Raúl Reyes, ha anunciado el inicio de un proceso por ellos denominado “La Farcpolitica”, donde se pretende encarcelar a los senadores comunistas Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, al director del Semanario Voz, de este mismo partido, a la senadora Piedad Córdoba, al ex candidato presidencial Álvaro Leiva, así como en una muestra mas de su estirpe mafiosa y dictatorial, en uno de sus denominados concejos comunales, Uribe, soterradamente ordeno a unos de sus esbirros que encarcelara a Alexander López, dirigente sindical hoy senador, orden que viniendo de quien viene puede ser una orden de matar cifrada.
Dos metas claras tiene su “Farcpolitica”, una: consolidar lo que ellos, en su lenguaje delincuencial seguramente llamaran, el terminar con los terroristas y dos el crear un proceso paralelo al del parauribismo, que tienen unos 100 de los testaferros de los mafiosos que figuraban como senadores y mas de 200 funcionarios estatales en líos con la justicia, proceso donde trataran de meter a Raymundo y a todo el mundo haciéndolo tan abultado o mas grande aun que el del parauribismo, para luego justificar que como aquí todos son malos y como el gobierno es tan bueno una ley de punto de punto final es una solución salomónica y así lograr dejar en libertad los testaferros encarcelados y liberarse de las al futuro muy probables demandas por violación de los derechos humanos.
Por eso no es gratuito que Uribe y su mafia pretendan a toda hora equiparar guerrilleros con narcoparamilitares. Eso a sido una obsesión de Uribe, obsesión que no ha podido llevar a la realidad ya que la Corte Suprema de Justicia le dijo bien clarito que no son iguales guerrilleros y paramilitares ya que estos, los paramilitares, y se ha comprobado en diferentes fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son una política de estado mientras que la guerrilla son organizaciones alzadas en armas como lo determino un juez danés.
En cuanto a la senadora Piedad Córdoba, utilizando sus medios desinformación ha adelantado contra ella una despiadada campaña de descrédito y de terror que no ha surtido efecto en ella, pero que ya ha propiciado acciones violentas contra ella, a quien le desparecieron una hija y le asesinaron su asesor Jaime Gómez.
En cuanto al senador Alexander López, en su último consejo comunitario realizado en el municipio de Florida en el departamento del Valle, el delincuente que oficia de Presidente, en un acto propio de extirpe mafiosa ordenó a uno de sus esbirros detener a “esos congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de Emcali” y que hoy “estimulan, tras bambalinas, la violencia de los invasores”, en una clara referencia al senador Alexander López, quien no ha dudado en ser solidario con los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos y en la defensa de Emcali.
La orden de Uribe a su esbirro, es de riesgo mayúsculo, ya que esta registrado, cuando él ordena la condena se cumple como sucedió con los indígenas a quien en el mismo consejo comunal Uribe calificó de guerrilleros y tan sólo 72 horas después de las declaraciones en Florida, el jueves 29 de Mayo, el Ejército de ocupación acribilló a dos hermanos indígenas Nasa, comuneros del Cabildo de Tacueyó.
No les ha bastado con el genocidio de la Unión Patriota. Con el asesinato de unos cinco mil de sus militantes. Con los miles de desaparecidos y exiliados.
No les ha bastado con el asesinato de cinco candidatos presidenciales y el desplazamientos de unos cinco millones de colombianos y ahora pretende cerrar su “magna obra” con el encarcelamiento, asesinato o destierro de los últimos valientes que se han atrevido a desafiar la ira del Mesías de los mafiosos.
Pedimos la solidaridad del mundo con los amenazados, pedimos la solidaridad con el semanario Voz y su director Carlos Lozano y muy especialmente con el Partido Comunista Colombiano, contra quien el delincuente que oficia como presidente de Colombia, mantiene un singular odio visceral
Entre sus metas iniciales estaba acabar con el Partido Comunista y ahora basado en el computador mágico, pretende hacer realidad su “sueño”.
Al respecto El PCC esta promoviendo una Campaña nacional e internacional por la defensa de la oposición política y las libertades democráticas en Colombia a la cual nos sumamos y pedimos las personas y organizaciones solidarias con las luchas del pueblo colombiano unirse para detener al fascista y estenuevo intento de acallar a los comunistas, los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica.
* Director de Radio Café Stéreo
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