La decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo de respaldar la llamada Ley de Partidos y las consecuentes y sucesivas ilegalizaciones sufridas por la Izquierda Abertzale en los últimos años supone un espaldarazo político de primera magnitud a la política antidemocrática acordada por PP y PSOE en el llamado Pacto Antiterrorista; de ahí la indisimulada satisfacción expresada por ambos partidos políticos. Sin embargo para los y las comunistas, esta decisión “jurídica” no hace sino mostrar a todos los demócratas y progresistas europeos la realidad política de esta Europa del capital y del imperialismo.
Hace pocas semanas, durante la campaña electoral al Parlamento Europeo desde el PCPE ya decíamos que nuestra candidatura confrontaba el proyecto europeo imperialista al mismo tiempo que calificábamos a la Unión Europea (y por ende a sus instrumentos jurídicos) como imperialista e instrumento sin reforma posible. Los y las comunistas nos presentamos para denunciar el carácter antidemocrático, capitalista e imperialista de la Unión Europea a la vez que reivindicábamos el Socialismo como única vía de solución para los graves problemas políticos, sociales y económicos que sufre la clase trabajadora europea.
Estas palabras, dichas apenas hace unas semanas, podrían repetirse de forma casi literal ante un hecho de trascendencia política como es el aval jurídico a la estrategia de represión y degradación democrática que supuso la implantación y posterior puesta en práctica de la Ley de Partidos, ley que no podemos olvidar se redactó ad hoc con el único objetivo de dejar fuera del juego político y de la realidad institucional –ellos lo llaman “fuera de la legalidad”- a la Izquierda Abertzale.
La Ley de Partidos fue un instrumento que surgió para contestar desde la supuesta legalidad a una realidad social que lograba una vez sí y otra también respaldo popular y alcanzaba distinta representación institucional en todas las contiendas electorales. A pesar de los discursos grandilocuentes donde se afirmaba una vez tras otra el final del mal llamado “problema vasco” PP y PSOE se encontraban con la terca disposición de miles de vascas y vascos a seguir pensando en clave independentista y socialista. Cuando en momentos de tregua esta Izquierda Abertzale se colocó cerca de la gestión institucional, lo que es lo mismo que decir cerca de romper el status quo implantado por los grandes partidos del Estado más PNV y UPN, por el cual se garantizaba tanto la “gobernabilidad” de las comunidades autónomas del País Vasco y Nafarroa como el equilibrio mismo del estado, éste respondió dando un salto adelante en la fascistización de los distintos poderes, procediendo a ilegalizar, detener, encarcelar y reprimir.
Por lo tanto, ante el hecho de no poder derrotar a la realidad política y social independentista y de izquierdas estos partidos decidieron –al más puro estilo del apartheid sudafricano- relegar a esas miles de personas y vivir como si no existieran. Esta situación, profundamente reaccionaria y antidemocrática, ha sido avalada por el Tribunal de Estrasburgo. La Unión Europea se ha retratado a sí misma, avalando la política represiva del Estado español y, en última instancia, prefiriendo mirar más por su seguridad interna antes que defender los derechos humanos de miles de ciudadanos y ciudadanas.
Esta decisión es histórica porque avala la represión desde la democracia burguesa. Mientras la extrema derecha campa a sus anchas en Europa, mientras los xenófobos, racistas, reaccionarios y capitalistas alcanzan cada vez mayores cotas de poder ante el silencio cómplice de muchos, la izquierda es perseguida sin miramiento alguno. Los casos de la República Checa, de Turquía, de Hungría, de las repúblicas bálticas,… donde los comunistas y progresistas son perseguidos, pueden tener y usar de aquí en adelante el aval que este tribunal ha dado a la persecución, detención y encarcelamiento de dirigentes políticos cuyo único delito ha sido –conviene no olvidarlo- exigir el derecho de autodeterminación para el Pueblo Vasco y la necesidad del diálogo para afrontar sinceramente la solución de un conflicto armado que dura ya demasiado.
Con esta decisión Estrasburgo apuesta por la represión y ello conllevará mayores dificultades para solucionar el conflicto político. Es más, la actitud del gobierno Zapatero con la lista Iniciativa Internacionalista en el último proceso electoral nos advierte que la aplicación de la Ley de Partidos está dispuesta a traspasar las fronteras de Euskal Herria y del Estado español para poder criminalizar y golpear a todas aquellas personas solidarias, progresistas y/o revolucionarias que discrepen del actual estado de las cosas.
Esta decisión antidemocrática supone un espaldarazo a las tentaciones más reaccionarias que PP y PSOE puedan tener. A pesar del uso abusivo de términos como “estado de derecho”, “libertad política” o “igualdad de oportunidades” el proceso de degradación política que se está dando en el Estado español nos hace presumir que dentro de poco, aquellos que reivindicamos la república, que defendemos el derecho de autodeterminación del Pueblo Vasco y de todos los pueblos del Estado y de Europa, que todos aquellos que defendemos sin ambages el socialismo podemos ser próximos objetivos de un Estado cada vez más ciego en su carrera represora.
Esta decisión político-judicial no afecta exclusivamente a la Izquierda Abertzale. Es cierto que ella es la primera afectada porque sus dirigentes seguirán en la cárcel, seguirán sin poder presentarse a las elecciones y sus militantes podrán ser detenidos exclusivamente por su quehacer político. Pero la afección de esta decisión va más lejos porque pone en el punto de mira a todos los contestatarios, a todos aquellos que luchamos, que nos comprometemos por una realidad política diferente.
De la misma forma que el capitalismo no se puede ni se debe refundar porque en su misma razón de ser se hallan los problemas que genera y que padece la clase trabajadora y los Pueblos y Naciones del mundo, la “democracia” de la Unión Europea (esa “democracia” que acoge a personajes como Berlusconni, Sarkozy, Merkel, Kaczynski y compañía) no se puede ni se debe regenerar. Nos hace falta una democracia socialista que haga frente al racismo y a la exclusión, que defienda la libertad de los pueblos y la libertad de los trabajadores, que luche con políticas sociales reales frente al paro, la miseria y la explotación.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo solo ha conseguido dos objetivos con esta sentencia: primero, poner un obstáculo importante a la instauración de la democracia en Euskal Herria y en segundo lugar mostrarnos en toda su crudeza la consideración que se tiene de los Derechos Humanos en esta Europa. Se cercena la participación política, se coarta la libertad de expresión, se consolidan penas de cárcel injustas, se anima a la persecución de disidentes; en definitiva, se consolida un fascismo al que nadie, en Euskal Herria, en los demás pueblos y naciones del Estado español y en todas las naciones europeas puede dar la espalda.
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