ampliar Quema de urnas en el barrio popular "Plan 3000" de Santa Cruz.

Bolivia es uno de esos países que no parece merecer atención en sí mismo. El presidente Evo Morales es más noticia por sus ‘chompas’ o por jugar al fútbol que por renegociar los contratos gasísticos o por la reforma agraria de su Gobierno. Como si hablásemos de un país menor de edad, a lo que hemos de añadir un simpático presidente indígena, las crónicas sólo hablan de aspectos folclóricos o de sucesos violentos.

En estos vapores se mezclan las inexactitudes con las simples mentiras. Así es posible que todos los grandes medios de comunicación del Estado español hayan pasado por alto que la misma ‘consulta’ que entienden como normal en Santa Cruz es legalmente equivalente a la peligrosa amenaza de Ibarretxe  : un referéndum convocado por autoridades regionales que no tienen potestad constitucional para ello, y en contra del Estado central. Lo que en el ámbito doméstico denuncian como impensable y antidemocrático, en Bolivia resulta un sano ejercicio de consulta frente a un Gobierno nacional que, siempre bajo sospecha pese a su masivo apoyo popular, tiene que ganarse permanentemente la confianza internacional.

El referéndum del 4 de mayo sometía a votación un “Estatuto autonómico” redactado, no por un órgano electo, sino por expertos del Comité Cívico de Santa Cruz, que es una organización política que agrupa a los sectores empresariales (fundamentalmente del petróleo y el gas, y grandes terratenientes agroexportadores) de la región, y que consigue una base de masas gracias a avivar la tensión autonomista. En las urnas, claro, ganó el ‘sí’ con cerca de un 82% de los votos, con una fuerte oposición reflejada en un 40% de abstención y la resistencia activa que impidió, con bloqueos y quema de urnas, la votación en los barrios más pobres de Santa Cruz y en las comunidades indígenas rurales. La jornada se cerró con 18 heridos, un muerto y varios detenidos.

La propuesta de autonomía para la próspera región de Santa Cruz, beneficiaria de generosísimas concesiones e inversiones estatales desde la dictadura de Hugo Bánzer (1971-1978) y de una creciente migración interna de población indígena del altiplano, debe ser entendida como el movimiento defensivo de las élites tradicionales bolivianas, dependientes y racistas, que sólo pueden perder con el proceso en marcha de la descolonización del Estado, la recuperación de la soberanía nacional y los procesos de empoderamiento popular y redistribución de la riqueza colectivamente producida. Significativamente, el nuevo ‘estatuto’ regional se atribuye la capacidad de decidir sobre la tierra, los recursos naturales, el transporte o los impuestos.

La identidad ‘camba’ o cruceña, extendida a ‘la media luna’ de las cuatro provincias del oriente boliviano, no es un invento de la oligarquía, pero sí un poderoso lugar común para agregar un potente movimiento regionalista contra la dirección indígena- popular del proceso de cambio actualmente abierto en Bolivia.