ESTA CONSTITUCIÓN ES UN FRAUDE30 años después, ni trabajo digno, ni vivienda, ni libertades democráticas plenas....
“la Ley de Amnistía consagra la impunidad de los criminales fascistas”
EDITORIAL
El 6 de diciembre se cumplen 30 años de la actual constitución. Un aniversario que vendrá marcado por la crisis económica, por el creciente descrédito de la monarquía y por una polémica a cerca de la memoria histórica que deja más que entrever los lazos fraternos entre los poderes políticos, militares y judiciales con el viejo régimen.
Su constitución no garantiza ni trabajo, ni vivienda, ni salud...
Asistimos a la más grave crisis del sistema capitalista, a escala mundial, que ha conocido la historia. Los gobiernos del mundo, incluido el gobierno Zapatero, han reaccionado siguiendo los dictados del gran capital. Han utilizado dinero público, billones de euros y de dólares, para salvar a los responsables de la crisis financiera, en un inútil intento de evitar que la debacle se extienda al sistema productivo. El gobierno del PSOE ha comprometido 150.000 millones de euros públicos – el 15% de la riqueza nacional – para comprar a los bancos deudas impagables, avalar las deudas que contraigan y comprar las acciones de los bancos en crisis. Las consecuencias de la crisis apenas están empezando a apuntar. Banqueros y empresarios, con la complicidad de los gobiernos, ponen a buen recaudo sus ganancias y descargan sobre la clase obrera las consecuencias del desastre que ellos mismos han generado: despidos masivos, miles de trabajadores enviados al paro – con prestaciones más que precarias producto de la liquidación de derechos fruto de las sucesivas reformas laborales o sin prestación alguna - , recortes salariales, desahucios de viviendas fruto de hipotecas que no se pueden pagar, recortes de las pensiones y deterioro de los servicios y prestaciones públicas. Treinta años después, con crisis o sin ella, su constitución no garantiza los derechos más básicos, trabajo, vivienda, educación o sanidad para los trabajadores.
La constitución de la vergonzante desmemoria
Por más que toda la corte política y mediática se empeña en tener en mantillas a los Borbones, el régimen político heredero de la Transición, construido en torno a la Monarquía, y articulado en torno a la Constitución monárquica de 1978, hace aguas y se deslegitima progresivamente. El pacto constitucional, aceptado por PSOE y PCE-IU, basado en la supuesta garantía de derechos sociales como trabajo, vivienda, salud, educación, etc, se percibe ahora como lo que fue: una enorme estafa.
Los supuestos derechos democráticos plenos se convierten en un nuevo fraude bajo el estado de excepción encubierto en Euskadi, el cierre de revistas o la ilegalización de partidos. Todo ello está contribuyendo decisivamente a que diferentes generaciones y de forma masiva comprendan al servicio de qué intereses de clase se hizo la “transición”, se produjeron los Pactos de la Moncloa y rompan el pacto de silencio en torno al genocidio perpetrado por la Dictadura. La patética Ley de la Memoria Histórica o el abrupto cierre del proceso iniciado por Garzón, muestra la obcecada realidad: no es posible recuperar la legitimidad, y mucho menos la dignidad democrática sin romper con la tupida red de instituciones y normas que garantizaron la perpetuación de los aparatos de estado del franquismo y, con ella, su impunidad.
La lucha por la recuperación de la Memoria Histórica deja en evidencia la Ley de Amnistía que consagra la impunidad de los criminales fascistas y que pretende enterrar las responsabilidades del genocidio perpetrado por la Dictadura contra los pueblos del Estado español. La recomendación hecha al Estado español por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de revisar la Ley de Amnistía de 1977– auténtica Ley de Punto Final para los crímenes de la Dictadura y votada por toda la izquierda parlamentaria, excepto la izquierda abertzale – pone en cuestión la clave de bóveda el todo el engranaje político de la Transición.
Hay que unir fuerzas en todo el Estado contra la Monarquía
El ascenso de las luchas obreras, estudiantiles y populares que acompaña la actual crisis debe ser la base de apoyo para construir un nuevo escenario político que avance en la ruptura con el régimen de la Transición. Para eso es apremiante la necesidad de abrir caminos de diálogo y de articulación de la lucha obrera y popular con las izquierdas independentistas del Estado español, con todas las dificultades que conllevan décadas de desencuentro. La construcción de caminos confluyentes debe partir, no sólo del reconocimiento efectivo del ejercicio concreto del Derecho de Autodeterminación con todas sus consecuencias, sino de la necesidad inevitable de unir la lucha de la clase obrera de los pueblos del Estado español, frente a la misma patronal, al mismo Gobierno y al mismo régimen monárquico estatal. Es este un proceso complejo – que sólo puede ser el resultado de un ascenso en la lucha de masas y el nivel de conciencia de la clase obrera y de los pueblos del Estado español – que vincule la lucha de clases y la lucha contra el imperialismo español.
Los hechos han demostrado que no hay soluciones nacionales aisladas que obvien la necesidad de acabar con el régimen de la Transición y derogar la Ley de Amnistía y la Constitución de 1978. Sólo juntos, podremos. Sólo construyendo formas de unidad en la lucha obrera, de solidaridad concreta frente a la represión de los derechos nacionales, civiles y políticos o frente a la tortura, y elaborando de forma unitaria un plan de acción común – sobre los contenidos limitados coincidentes - se abren posibilidades reales de confluencia, imprescindibles para plantear seriamente un objetivo que sólo puede abrirse camino con posibilidades de victoria aunando los contenidos de clase y nacionales del conjunto de los pueblos del Estado español.
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