El pasado 9 de diciembre un edificio se derrumbó en la Cuesta del Hospital, en el centro de Santander, causando la muerte de tres personas.
Son ya decenas los edificios que han caído derrumbados, han sufrido incendios o han sido declarados en ruina en el céntrico barrio del Cabildo de Arriba. Desde hace décadas, las calles de este histórico barrio han ido degradándose tanto urbanística como socialmente. Ha sido una de las zonas más castigadas por la droga (con trapicheo e incluso consumo en plena calle y a plena luz del día) y por la prostitución, en la mayoría de los casos de mujeres de cierta edad. De hecho popularmente se le conoció siempre como el Barrio Chino. Actualmente se está concentrando allí parte importante de la inmigración de la ciudad. Urbanísticamente la situación es aún peor, con multitud de construcciones en condiciones pésimas de conservación y habitabilidad.
Pese a esta situación, el valor del Cabildo de Arriba va a ser precisamente la causa de su desaparición como barrio. El suelo que ocupa tiene un valor de millones de euros y a tan jugoso pastel ya le han echado el ojo las constructoras, de tanto poder en Cantabria y con tantas conexiones con el poder político y con el PP en especial. Pero mientras los edificios sigan ocupados por familias humildes que pagan rentas antiguas y bajas, la especulación tiene que esperar.
La táctica de especuladores y ayuntamiento del PP es la ya utilizada en los barrios históricos de otras ciudades: dejar que los edificios vayan cayendo solos y que las constructoras se hagan con el suelo a precio de saldo, para construir luego pisos de lujo una vez “limpiada” la zona. Al estar junto al mismo centro administrativo, comercial y económico de Santander, es una zona muy apetecida por las clases medio-altas: altos funcionarios, arquitectos, abogados, profesionales …
Ya en 2005, aprovechando que ese año fue el 250º aniversario de la concesión a Santander del título de ciudad, fecha conmemorada por el ayuntamiento con múltiples saraos, la asociación de vecinos lanzó su campaña “Cabildo de Arriba, 250 de abandono”, exigiendo inversiones para recuperar el barrio del desastre al que se veía abocado. Los vecinos, habitantes legítimos del barrio, en gran medida de tercera edad y sin muchos recursos, llevaron a cabo diversas movilizaciones que fueron ninguneadas por quienes dicen representarnos.
Ese mismo año, ante una pregunta del grupo municipal del PSOE, el concejal de Fomento de Santander, Víctor Gil (PP), afirmó sin ningún rubor que ya existía “un guión de cómo actuar” en el barrio, añadiendo que “en ese sentido están actuando los operadores urbanísticos que en esa zona trabajan”.Y, en efecto, han trabajado y según se comenta en el propio barrio ya hay una gran cantidad de edificios comprados por constructoras que solo esperan los desalojos para comenzar una operación que arrojará enormes beneficios.
Resulta evidente la colaboración del ayuntamiento y el gobierno autonómico con estas políticas especulativas. En Santander estamos ya casi acostumbrados a obras casi faraónicas y pretenciosas (parque de Las Llamas, Palacio de Deportes, Palacio de Festivales…) que suponen enormes gastos de dinero público, todo destinado a que el aspecto externo de la ciudad en sus zonas “nobles” sea estupendo. Mientras tanto, rehabilitar los barrios más humildes (no solo el Cabildo, pues la calle Alta, el Río de la Pila o San Simón-Enterhuertas van camino de una situación similar) no parece una prioridad para ninguna administración.
La postura del gobierno autonómico formado por PRC y PSOE ha sido expresada por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, del PRC. La propuesta de Mazón intenta quedar bien con la opinión pública defendiendo la compra por el gobierno autonómico de ciertos solares para la construcción de Viviendas de Protección Oficial, pero sin especificar cuantas viviendas ni qué solares ni a qué precio se comprarán.
Para los vecinos desalojados la única solución que se avanza es la cesión en alquiler con opción a compra de 46 viviendas (que ya iban a ser de VPO, con lo cual hay otras 46 familias trabajadoras que tendrán que esperar o comprar a precio de mercado) en el barrio del Alisal, muy alejado del centro. Esta cantidad de viviendas es totalmente insuficiente y el propio Mazón solicitaba al ayuntamiento una “lista de prioridades” para completar el cupo, lo cual ya demuestra que habrá vecinos que queden fuera de la medida. Otro posible localización para los realojos sería El Campón, todavía más a las afueras y que, aunque forma parte del municipio de Santander, ni siquiera está integrado en la ciudad sino en el pueblo de Peñacastillo.
Por su parte, el PSOE de Santander se mostró partidario de un liderazgo municipal (lo cual no deja de suponer el protagonismo del PP) e “incluir a la iniciativa privada entre los elementos en juego para recuperar el barrio”. En definitiva, y con matices propagandísticos, ninguno de los partidos de la oposición en Santander, PRC y PSOE, cuestionan el proceso especulativo que están sufriendo los vecinos del Cabildo.
El PCPE de Santander denuncia que las políticas públicas deben defender y proteger los derechos de los más necesitados, no colaborar de forma rastrera con quienes, incluso a costa de vidas humanas, solo buscan aumentar su poder económico y político. En el caso del Cabildo, la obligación del poder público es asegurar que las personas que viven en el barrio, en su mayoría de pocos recursos y de avanzada edad, puedan permanecer viviendo allí, asegurando su derecho a una vivienda digna pero también su integración social en el barrio en el que han permanecido toda o casi toda su vida.
Y, más allá de este caso concreto, las políticas públicas sobre Urbanismo deben combatir la especulación y asegurar el derecho a la vivienda de las clases más humildes, no favorecer los intereses del capital. En Santander la especulación reina y las constructoras e inmobiliarias tienen mayor poder casi que los propios partidos políticos e instituciones. Se calcula que en el municipio existen alrededor de 10.000 pisos vacíos u ocupados solo en periodos vacacionales o fines de semana. Las zonas más pijas de la ciudad, junto al Sardinero, están incluidas según estudios oficiales entre las seis zonas más caras de todo el estado. Mientras tanto, cada vez más jóvenes y familias trabajadoras deben buscar vivienda en pueblos de la periferia, ante la imposibilidad de afrontar los precios de la ciudad, con lo que ello implica de desarraigo personal y gastos de transporte y tiempo.
PCPE-Santander
Diciembre 2007
