El pasado lunes se produjo un escape radioactivo en Ascó-2 (Tarragona) que superó el total permitido en un año para gases nobles. Tras conocerse la noticia Greenpeace ha pedido que se apruebe ya la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear que se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados.

Según fuentes de esta organización, la radiactividad liberada a la atmósfera en el escape del lunes pasado de la central nuclear de Ascó-2 superó, en tan sólo 4 minutos, el total de radiación permitida para todo un año para gases nobles radiactivos. Es decir, el equivalente a soltar de una vez todos los gases nobles radiactivos que se emiten normalmente en un año en la operación rutinaria de la central.

Este incidente está relacionado con el ocurrido el pasado 30 de septiembre cuando se detectó una fuga a la contención en una línea de venteo del presionador porque es fruto también de un conjunto de problemas técnicos y de errores humanos (de mala Cultura de Seguridad). La fuga se produjo en el circuito primario, donde, según las normas de seguridad, el nivel de fuga debe ser cero. Eso forzó la Parada No Programada del reactor (para poder reparar la fuga) y que Ascó-2 tuviera que notificarlo al Consejo de Seguridad Nuclear. Para Greenpeace la nota de prensa que publicó ese día el Consejo de Seguridad Nuclear sobre el suceso era intencionadamente confusa.

El pasado lunes, por algún motivo que el Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha explicado, los técnicos de Ascó-2 quisieron medir el vapor radiactivo que había estado fugando anteriormente. En la maniobra para desviar el vapor y recogerlo se les escapó a la atmósfera. La emisión de radiactividad fue significativa en comparación con lo que se emite de gases nobles al cabo de un año y el fallo de seguridad puede calificarse de grave.

“Las fugas en Ascó-2 demuestran, una vez más, que las centrales nucleares son peligrosas, tanto por los problemas técnicos que tienen como por los posibles fallos humanos que se producen. En esta ocasión, la emisión de radiactividad al exterior no ha sido catastrófica, pero podría suceder lo contrario en cualquier momento. Por eso, la permisividad del Consejo de Seguridad Nuclear con las centrales nucleares y sus esfuerzos por restar importancia a graves errores como el cometido el pasado lunes no hace sino empeorar la situación“, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

48 sucesos de seguridad en lo que va de año.

En los nueve primeros meses del año se han producido 48 sucesos notificables de seguridad al Consejo de Seguridad Nuclear en las centrales nucleares españolas. Un número importante de ellos ha provocado paradas forzosas de la central para corregir las deficiencias detectadas. A pesar de ello, el lobby nuclear insiste en que el gran beneficio de esta energía sucia es la supuesta estabilidad que aporta a la red de alta tensión.

La central peor parada es la unidad 2 de la central de Ascó, con 11 sucesos notificables, el último de ellos de particular gravedad. Le sigue Vandellós-2, con 10 sucesos. Esto pone de relieve el estado de desatención en el que se encontraba la central nuclear antes del grave accidente de agosto de 2004, en el sistema de agua de servicios esenciales, cuyas consecuencias e importancia para la seguridad mantuvieron ocultas la dirección de la central y el Consejo de Seguridad Nuclear durante meses, hasta que Greenpeace denunció los hechos en febrero de 2005.

También hay que destacar el suceso ocurrido el pasado 28 de septiembre en la central de Cofrentes, que viene a sumarse a otros seis ocurrido este año en la central. En este suceso se produjo una liberación de radiación al medio ambiente a través de una chimenea del sistema de tratamiento de gases del condensador y una importante contaminación de los edificios de turbina y calentadores, que tuvieron que someterse a un riguroso control de accesos para evitar que resultasen afectados trabajadores de la central.

Mientras que en las nucleares no paran de ocurrir accidentes, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno y los responsables políticos permanecen ausentes. En el 2005, en gran medida como consecuencia de la presión mediática que suscitó el accidente de Vandellós-2, los grupos políticos en el Congreso prestaron atención al deficiente funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo encargado de velar por la seguridad de las nucleares.

Fruto de esos trabajos, el grupo de IV-IU-ICV planteó una proposición de ley que se hacía eco de una iniciativa de Greenpeace para reformar este organismo, mejorar así su eficacia y truncar su lamentable dependencia de la industria nuclear. El Congreso tomó en consideración esta propuesta en septiembre de 2005 con el apoyo del Grupo socialista, pero, inexplicablemente, un año después su tramitación permanece atascada, sin que se sepa muy bien por qué. Tampoco se han tramitado las reformas necesarias para endurecer el régimen sancionador de la ley de energía nuclear y evitar que se repitan escándalos como las 818 infracciones que el Consejo de Seguridad Nuclear ha perdonado en estos últimos años a las instalaciones, algunas de las cuales podrían haber dado lugar a multas de hasta 600.000 euros.

Por el contrario, el Gobierno ha incumplido sus compromisos con el Congreso, tramitando una revisión del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas impulsada por el Consejo de Seguridad Nuclear y hecha a la medida de los intereses de la industria nuclear. Además, la actual presidenta, María Teresa Estevan Bolea, que tiene que dejar su mandato por cumplir 70 años, acaba de impulsar una reorganización interna del cuerpo de funcionarios del organismo para que el único criterio de promoción sea la antigüedad, sin tener en cuenta criterios de mérito, dedicación o compromiso con el servicio que presta el Consejo de Seguridad Nuclear. A unas semanas del final de su mandato, todavía no se sabe si será José Ángel Azuara, actual vicepresidente, quien la relevará, o si, por el contrario, éste saldrá del Consejo de Seguridad Nuclear junto con la consejera Paloma Sendín, ya que la duración de sus mandatos terminó a principios de año, pero siguen en el cargo sin haber sido sustituidos o confirmados.

Greenpeace reitera que es imprescindible y urgente completar la tramitación de la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear y poner al frente del organismo a alguien que pueda transformarlo en un servicio público eficaz, riguroso, imparcial, transparente y participativo.

“Aunque cada vez es más urgente reformar el Consejo de Seguridad Nuclear para que sea un organismo transparente y verdaderamente independiente de la industria nuclear, el Gobierno y los representantes políticos muestran un total desinterés por resolver esta situación e incluso ignoran las repetidas llamadas de atención que realizan los medios de comunicación“, añadió Carlos Bravo.