Dinamizar algunas economías

El Gobierno, en lo que se puede llamar su primer Consejo de Ministros, ha aprobado o­nce medidas para reactivar la actividad económica, o­nce medidas que, al igual que los mandamientos, según nos enseñaban antiguamente en el catecismo, se cierran en dos: la devolución de los cuatrocientos euros a todos los contribuyentes (6.000 millones de euros) y la eliminación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros). Como se puede apreciar, ambas absorben la mayor parte del coste de todo el paquete: 10.000 millones de euros. En realidad, Solbes hace de la necesidad virtud y presenta como medidas para dinamizar la economía el cumplimiento de las promesas electorales que de forma tan frívola y precipitada realizó el presidente del Gobierno.

Resulta difícil justificar o encontrar la razón para devolver de manera uniforme 400 euros. Me refiero a la razón social o económica, porque electoral y populista puede ser que existiese. La medida es, sin duda, regresiva, no sólo porque se dirige a todos los contribuyentes, tanto a los que lo necesitan como a los que no, sino porque deja fuera precisamente a los que no son contribuyentes, es decir, a los que son tan pobres como para que ni siquiera tengan que tributar por el IRPF: los parados, la gran mayoría de los pensionistas y aquellos asalariados precarios y con retribuciones reducidas.

La medida constituye una bonita forma de despilfarrar 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas). Se puede afirmar sin temor a equivocarse que es regresiva, pero desde luego no tanto como las distintas reformas del IRPF realizadas en los doce últimos años —incluida la última del Gobierno del PSOE—, y la que el PP proponía en su programa electoral. El Partido Popular no puede hablar mucho en materia fiscal, ya que todas sus reformas se han encaminando a reducir la progresividad del sistema y a favorecer a los contribuyentes de ingresos elevados y a las rentas empresariales y del capital. Resulta, por tanto, absurdo que ahora critique las del actual Gobierno. Son medidas que perfectamente podrían ser adoptadas por esta formación política si gobernase.

Más que absurda, es cínica la contraposición que realizó el diario El Mundo en su editorial del sábado pasado entre estas medidas y las que acometió Rato al comienzo de su mandato allá por 1996, inclinándose, claro está, por estas últimas y poniéndolas como paradigma y ejemplo de un programa para dinamizar la economía. Y ejemplo son, desde luego, pero más bien de cómo engordar ciertas economías: cambio de fiscalidad de las plusvalías, regularización de balances, rebajas en el Impuesto de Sucesiones, etc. Todas en la misma línea. Todas con el mismo objetivo.

Y a engordar ciertas economías va destinada también la medida de eliminar el Impuesto de Patrimonio. Cuesta entender que sea un partido que se proclama de izquierdas el que se proponga desterrar un gravamen que constituye, o al menos debería constituir, uno de los principales instrumentos de política redistributiva. La involución ideológica ha llegado a tal extremo, que lo mejor que desde la izquierda se puede pedir a un Gobierno es que no intervenga en la actividad económica, porque últimamente toda intervención va siempre en el mismo sentido, que es el de incrementar la desigualdad y beneficiar a las clases altas. Al final habrá que defender el laissez faire, laissez passer. Quizás las capas más desfavorecidas de la población acaben por tener que decir al poder político: no nos ayuden, que es peor.

En esta ocasión puede que tenga razón el gobernador del Banco de España cuando reclama al Ejecutivo que se abstenga de actuar y deje jugar a los estabilizadores automáticos. La dificultad se encuentra en que uno de los más importantes, el seguro de paro, ha ido perdiendo potencialidad mediante diferentes reformas laborales. Lo más efectivo sería que los 10.000 millones de euros se utilizasen para situar esta prestación en los niveles adecuados y para realizar políticas vigorosas de empleo. Las medidas más coherentes de las aprobadas son las que se refieren a esta materia, pero lo cierto es que tan sólo se dedican a ello 200 o 300 millones de euros de los 10.000 presupuestados. Si, tal como se dice, la intención es incentivar el consumo, es evidente que orientar los recursos al seguro de desempleo tendría mucha más eficacia que eliminar el Impuesto de Patrimonio o repartir indiscriminadamente 400 euros, aunque tan sólo sea porque la propensión a consumir va reduciéndose según se incrementa la renta. Además, este aumento de gasto público no se consolidaría, por el contrario, tendería a desaparecer tan pronto como se reanimase la economía y se redujese el paro