El conflicto entre oposición burguesa de derecha, atrincherada en Prefecturas y Comités Cívicos, con el gobierno del MAS de pequeño burgueses defensores de la gran propiedad privada capitalista no puede confundirse con la "polarización de la lucha de clases" porque es una disputa en el marco de la preservación de la gran propiedad privada burguesa que no entraña peligro para el sistema capitalista.

Los estatutos autonómicos de la Media Luna y la Constitución masista, en apariencia irreconciliables, no son sino maquillajes al Estado burgués políticamente agotado. Ninguno garantiza la transformación material del país y la superación de su atraso.  

La conspiración fascista de la derecha burguesa polariza con las masas radicalizadas que apuntan a acabar con la propiedad privada. Lo evidente es que estas "masas revolucionarias" no están presentes en el escenario actual. El proletariado está ausente del escenario político y la gran masa campesina controlada por el gobierno retrocede apenas tropieza con los grandes propietarios y terratenientes. Por otro lado, una parte de la pequeña burguesía urbana   (campesinos minifundistas, comerciantes, artesanos, "micro-empresarios", gremiales, profesionales, etc.) es ganada por la derecha burguesa y la otra no encuentra salida revolucionaria a la crisis. 

Entonces, ¿contra quien se organizan las bandas fascistas? No hay duda que contra las masas. Para la ultraderecha fascista todo lo que huela a pueblo es un peligro. El fascismo no soporta ninguna acción política independiente de las masas, peor aún cualquier atisbo de política revolucionaria proletaria.

Como dice Trotsky, que la conspiración fascista aparezca en una situación en la que no existe peligro inmediato contra la gran propiedad privada burguesa no es expresión de su "confusión y debilidad" sino lo contrario. La derecha burguesa está interesada en potenciarse políticamente, ganar a la pequeña burguesía e incluso al proletariado a sus posiciones. La presencia "preventiva" de las bandas fascistas se subordina a ese propósito.

El despliegue en torno al conflicto por las autonomías desnuda al  gobierno y a la oposición derechista como lo que realmente son: defensores del Estado burgués que a lo mucho aspiran  a introducir reformas para mejorar su administración. La demagogia de la derecha presenta la autonomía como panacea de los males regionales. El gobierno sostiene otro tanto de su Nueva Constitución Política del Estado. Ambos mienten porque la causa del atraso del país enraíza en el sometimiento histórico de Bolivia al capital imperialista y la gran propiedad privada burguesa.

Ni el estatuto logiero ni la Constitución masista buscan acabar con la gran propiedad privada burguesa, y ya está anunciada la intención de ambos contendientes de "negociar" y "compatibilizar" proyectos. Eso significa que el gobierno hará concesiones  para que las "reformas" estén a medida de los intereses de la derecha burguesa. La disputa es un circo que distrae al pueblo de sus verdaderos problemas: pobreza agravada por la crisis económica y la inflación, sed de tierra de los campesinos, demanda de salarios dignos de los obreros, etc.

Autonomías

Históricamente han surgido tendencias centrífugas (federalistas, descentralistas, autonomistas y hasta anexionistas…) reivindicando necesidades regionales. Tendencias ni reaccionarias ni progresistas en sí mismas, depende de la clase o ideología que las dirige. En el XIX el federalismo de Ibáñez fue progresista por su contenido antifeudal; hoy, los autonomistas son reaccionarios porque la clase dominante oriental pretende controlar la economía regional y la concentración de la tierra en pocas manos (ganaderos y terratenientes) expropiando a los pueblos originarios.

Según los dirigentes de los Comités Cívicos y la burguesía blancoide, con el estatuto nace una república “moderna”. En realidad, el discurso de la burguesía regional de Santa Cruz es el cuento burgués de siempre: el rejuvenecimiento del capitalismo y la promesa de alcanzar desarrollo económico y bienestar. En su agotamiento y decadencia, la burguesía no tiene otra alternativa que sembrar ilusiones. Son los burgueses de siempre, los que hicieron fortuna con la explotación y opresión del indio, con el uso del Estado como instrumento de enriquecimiento y con la entrega de los recursos naturales al imperialismo, los que prometen un "nuevo estado solidario" y "prosperidad" para los explotados.

La autonomía es un medio administrativo que no altera las condiciones estructurales del país, peor si es pasto de la burguesía vinculada al imperialismo, el gran obstáculo del progreso. Los empresarios, banqueros, latifundistas y grandes propietarios privados son la burguesía antinacional que no ha podido desarrollar el país, clase dominante que entregó Bolivia al imperialismo del cual vive. El objetivo autonomista es seguir con el neoliberalismo, aplastar a las masas y sus conquistas sociales, entregar Bolivia a las transnacionales y convertir Santa Cruz en negocio privado. La autonomía permite a la burguesía utilizar los gobiernos departamentales contra el gobierno central si escapa a su control.

Los déspotas terratenientes hablan de bienestar para sus siervos, una falacia como la capitalización (privatización) de las empresas estatales que debió conducir al país, según Sánchez de Lozada y el MNR, a un desarrollo similar a Corea del Sur; o la ilusión del surgimiento de una burguesía chola emprendedora y moderna que acabó con la muerte de Max Fernández, el modelo endógeno de Carlos Palenque y Condepa.

Segunda farsa

El Jacha Uru de los indígenistas es la misma farsa. Los “indios” en función de gobierno, con Evo a la cabeza, dirigen sus esfuerzos a revitalizar el capitalismo; García Linera se encargó de especular acerca de un capitalismo andino-amazónico y de la capacidad de los indios ricos para lograr un desarrollo capitalista, tesis que en apenas dos años ha fracasodo. A diferencia del autonomismo de Santa Cruz, el Jacha Uru del MAS, por su composición social de indios y campesinos, prometía algunos cambios en el sistema capitalista.

Pero el referéndum del 4 de mayo dijo “no” a los esfuerzos de los indios ricos por ser admitidos como parte de la clase dominante, no obstante ser impulsores de una política abiertamente pro burguesa y liberal. Dos años de gobierno masista demostraron que la burguesía boliviana no acepta cambios mínimos, aun en el marco capitalista.

Independencia y movilización

El POR reitera que ni con autonomías ni con la Constitución del MAS nacerá un nuevo país porque sólo la liquidación de la propiedad privada de los medios de producción y su transformación en propiedad social puede originar un nuevo Estado en el marco de una sociedad socialista.

El pueblo debe organizarse independientemente de la derecha burguesa y del gobierno reformista, y armarse bajo la bandera proletaria para aplastar a los fascistas expropiando sus empresas, latifundios y demás propiedades. Urge rescatar las organizaciones sindicales copadas por el oficialismo para transformarlas en instrumentos de lucha política. Los agentes del oficialismo en los sindicatos son el mayor obstáculo para organizar la lucha de los trabajadores.

Para acabar con la inflación, el hambre, la miseria y la conspiración fascista hay que acabar con su poder económico, sustituir la gran propiedad privada burguesa por la propiedad social. La independencia política de las masas y el proletariado pasa por organizar brigadas revolucionarias antifascistas para defenderse físicamente de las bandas de matones y rompehuelgas de los patrones. Cuando se produzca la verdadera polarización de la lucha de clases, las masas insurrectas aplastarán a los fascistas con las armas en la mano.