Hay varias guerras en curso en México. Algunas de ellas llevan muertos en su haber. Una de ellas, a la que hoy quiero referirme, es la guerra entablada en contra de las radios comunitarias. Los atacantes son el gobierno federal y los empresarios de la radiodifusión comercial. Aunque no es cosa nueva –ya había habido señales desde 1995 con la suspensión temporal de Radio Huayacocotla– la guerra abierta se desencadenó desde la trinchera del gobierno federal en el sexenio pasado.
Ya Raúl Trejo Delabre denunció el 3 de junio de 2004, en pleno sexenio foxista, cómo el gobierno federal había desatado una "calculada y autoritaria política de liquidación" contra las radios comunitarias. Mencionaba en su editorial para el diario La Crónica, que en el año 2003 la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) invitaron a las estaciones que operaban sin autorización legal a que presentaran sus solicitudes de regularización. Tres estaciones que forman parte de la delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) entregaron sus expedientes: La Voladora, de Amecameca, Estado de México; Radio Calenda, de San Antonino en Oaxaca y Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora. La SCT negó la autorización ofreciendo como razón que estaban operando sin permiso, lo que, no sin cierta sorna, hizo exclamar a Trejo Delabre que esa era "precisamente la razón de que tales estaciones estuvieran solicitando su regularización legal".
Lo que fueron anuncios tímidos se ha convertido, en el sexenio de Felipe Calderón, en una guerra abierta y desigual. Una buena parte de las radios comunitarias que funcionan en México operan en comunidades indígenas, por lo que esta guerra es solamente una faceta más de la política exterminadora de los últimos gobiernos con respecto a los pueblos originarios de nuestro país.
Cuando el año pasado se dio el debate público debido a la sorpresiva aprobación de la Ley Televisa, cuya inconstitucionalidad fue después declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aleida Calleja, vicepresidenta de la AMARC señaló con acierto que "la falta de certeza jurídica, la discrecionalidad para obtener el permiso de funcionamiento y la violación del artículo segundo constitucional, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación, son algunas de las violaciones en que incurre la Ley Televisa". De manera que la alianza entre el poder y el dinero, el gobierno federal y los empresarios de la comunicación, quedó evidenciada.
La guerra contra las radios comunitarias se ha tornado especialmente violenta en los últimos meses. En el mes se abril fueron asesinadas en la región mixteca de Guerrero dos locutoras triquis de la radio comunitaria "La voz que rompe el silencio": Teresa Bautista y Felícitas Martínez, de apenas 20 y 22 años y resultaron heridas tres personas adultas más y dos infantes de 3 y 2 años respectivamente. La radio opera en la población de San Juan Copala, a unos 50 kilómetros de donde ocurrió el atentado. En el lugar de los hechos se recogieron más de veinte casquillos de balas percutidos de calibre AK-47.
El 10 de junio, más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), con armas de largo poder, asaltaron violentamente las instalaciones de Radio Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey. Sólo la defensa de unas 200 personas que se reunieron en el lugar del operativo logró impedir que llevaran detenido a Héctor Camero, el responsable de la estación. La razón esgrimida por las autoridades es que la radio no cuenta para su emisión con autorización oficial, aunque se cuidan muy bien de decir que los responsables de la radio habían solicitado dicho permiso oficial, mediante oficio recibido y sellado en noviembre de 2002 ante la oficina de la SCT en Monterrey, sin que hasta la fecha, ¡seis años después!, haya habido respuesta alguna por parte de las autoridades a quienes, como se ve, el artículo 8º constitucional les viene huango.
Finalmente, el ataque más reciente se ha llevado en contra de la radiodifusora "La Palabra del Agua", que transmite desde el municipio autónomo de Xochistlahuaca, en la costa chica de Guerrero. La radio "La Palabra del Agua" ha debido dejar de transmitir después que 30 efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) irrumpieran violentamente en sus instalaciones el pasado 10 de julio y dañaran el equipo en un intento de desmantelar la radio que, desde 2004, ha dado voz al pueblo amuzgo. Solamente la acción de unos 300 indígenas que se reunieron pudo impedir la incautación del equipo. Esta radio había estado recibiendo presiones (sobrevuelos de helicópteros, visitas intimidatorias de funcionarios de la SCT, cortes de luz, vuelos rasantes de avionetas del ejército, etc.) desde el año de 2004.
Esta guerra es absolutamente desigual y, en ciertos aspectos, reveladora. Se trata de radios de corto alcance que las más de las veces transmiten en lenguas indígenas. El alcance, por poner sólo un ejemplo, de la radio Tierra y Libertad de Monterrey es de ¡cuatro kilómetros! ¿Qué amenaza puede representar esto para el Estado o los grandes monopolios de la comunicación? Desde una mirada superficial, ninguna. Pero lo peligroso es, precisamente, la existencia de voces libres, fuera del control político y del mercado, por pequeñas e insignificantes que parezcan. Por eso es que en el arco de sólo un mes el gobierno calderonista ha orquestado, con la participación de la SCT como brazo legaloide y la PFP y la AFI como brazos armados, el ataque frontal contra dos radios comunitarias. La criminalización de la libertad de expresión y su mediatización a través de engorrosos trámites burocráticos es parte de una guerra que tiene como objetivo el exterminio de los pueblos indígenas y el silenciamiento de toda forma de disidencia.
La negativa del gobierno federal de reconocer y generar un marco normativo adecuado para la radiodifusión comunitaria de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la UNESCO y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela solamente el doble discurso del gobierno calderonista y lo profundamente antidemocrático que es todavía el Estado mexicano, aunque cacaree lo contrario dentro y fuera de nuestras fronteras.
Colofón: La vertical, eficaz y oportuna actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con los acontecimientos de la discoteca "News Divine" no puede menos que despertar envidia, sobre todo ahora que nuestra defensoría local anda tan metida en problemas debido a su tibieza e incompetencia.
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