La ilegalización y sus consecuencias
Aznar y el Supremo acaban demostrando quién manda
El Supremo ha decidido en un caso en el que es parte interesada. En cuanto al precedente del «caso Botín», hay quien cree que eso debió alegarse en otro momento procesal, como se ha hecho en el «caso Ibarretxe»Tras sus duras declaraciones, ¿qué pasos prácticos van a dar Lakua y el PNV? Ibarretxe, faltando a la verdad, dio una pista. Seguir presentándose como «cauce central» e intentar obtener un rédito electoral
Análisis | Iñaki IRIONDO
La condena del Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento de Gasteiz y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara deja claro quién tiene la sartén por el mango en el Estado español y no duda en ejercer su poder cuando lo estima conveniente. Pero, además, deja al desnudo algunas situaciones paradójicas que se han dado en este país en los últimos años.
El 9 de mayo de 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguraba en un mitin en Gasteiz que «ETA y HB acabarán en la cárcel», que es «donde tienen que estar todos». Una declaración tan contundente generó cierta controversia política, pero lo cierto es que apenas 19 días después Baltasar Garzón ponía en marcha una operación contra varias empresas que sería la primera actuación dentro del macrosumario 18/98. La consigna de «todos a la cárcel» sobrevivió al mandato de Aznar y sigue siendo doctrina oficial del Gobierno todavía hoy.
El 22 de junio de 2003, en Iruñea y desde un atril con el logotipo de UPN, José María Aznar aludía a las maniobras de la Mesa del Parlamento de Gasteiz tras la demanda del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak. «A los defensores del Estado de Derecho -afirmaba- no les impresionan lo más mínimo las bravuconadas de nadie, ni les intimidan las amenazas». «Quienes pretendan echar un pulso al Estado -advertía-, lo perderán. No calculen mal sus fuerzas porque la ley se aplicará y nadie va a romper la Constitución». Nueva profecía cumplida. ¿O autocumplida?
No parece que el Tribunal Supremo sea un árbitro imparcial en este caso. No sólo por las simpatías políticas de la mayoría de sus componentes, sino también por el hecho de que el Supremo ha decidido sobre una cuestión en la que es parte interesada. A fin de cuentas, a los componentes de la Mesa del Parlamento condenados se les acusa de haber desobedecido las órdenes del propio tribunal.
Hasta por dos veces el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -del que no cabe decir que sea precisamente favorable a las tesis políticas de los encausados- había absuelto a Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao y en otras tantas ocasiones el Tribunal Supremo ha hecho prevalecer sus tesis hasta acabar por condenar a los tres miembros de la Mesa.
De poco han servido los informes de expertos, la postura de la Fiscalía y las sentencias del TSJPV. El Tribunal Supremo ha encontrado en la asociación ultraderechista Manos Limpias -tan cercana a las tesis de Aznar- el apoyo necesario para demostrar quién manda.
El hecho de que la única parte recurrente fuera Manos Limpias ha servido para remitirse al precedente del llamado «caso Botín». No son pocos quienes han acusado al Supremo de ir contra su propia jurisprudencia y quienes ahora sostienen que negros nubarrones se ciernen sobre la causa que se sigue contra el lehendakari y dirigentes del PSE y de la izquierda abertzale por sus conversaciones.
Sin embargo, fuentes especializadas en estos casos dudan de que el precedente de Botín pudiera aplicarse en este caso. La razón principal es que la defensa de Atutxa, Knorr y Bilbao no había aludido en ningún momento anterior del proceso a que la causa no pudiera seguir adelante a partir de la única presencia de la acusación popular. El desarrollo de los procesos judiciales es algo muy pautado y cada paso debe darse en el momento apropiado para que pueda ser tomado en consideración. Hay quien piensa que la defensa de los miembros de la Mesa de la Cámara no ha estado del todo acertada.
El precedente Atutxa no tiene por qué afectar al que se conoce como «caso Ibarretxe», puesto que en este caso las alegaciones a la imposibilidad de seguir adelante únicamente con la acusación popular se han hecho en el momento procesal oportuno. Otra cosa es que se tomen o no finalmente en consideración.
Hoy, de nuevo, Juan María Atutxa vuelve a aparecer como adalid de la defensa de la autonomía parlamentaria e incluso de la participación institucional de la izquierda abertzale, pero sería conveniente volver a recordar los hechos al desnudo. Cuando el Tribunal Supremo exigió a la Mesa del Parlamento la disolución de Sozialista Abertzaleak y ésta vio que no tenía cauce reglamentario para hacerlo, lo que decidió es que se dictara una resolución de Presidencia. Entonces, Atutxa propuso que «los parlamentarios integrados en un grupo parlamentario pasarán a formar parte del Grupo Mixto cuando el partido político en cuyas candidaturas fueron elegidos sea disuelto o suspendido por sentencia firme o resolución judicial». El texto contó con el voto favorable en la Mesa de Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knorr (EA), Kontxi Bilbao (EB) y Manuel Huertas (PSE). Unicamente votó en contra Carmelo Barrio (PP), que exigía la inmediata aplicación de las órdenes del Tribunal Supremo español.
La resolución de la presidencia dictada por Atutxa no fue más que un ardid, porque al día siguiente la Junta de Portavoces la rechazó, con los votos en contra de PNV, EA y Sozialista Abertzaleak. Lo único que buscaba el presidente era cubrirse las espaldas ante la previsible actuación de los tribunales. Visto el resultado final, más le hubiera valido ir de frente.
Por cierto, mención aparte merece la actuación de Ezker Batua, que ni siquiera acudió a la reunión de la Junta de Portavoces, porque lo que le preocupaba es que se le garantizara autonomía en caso de que los par- lamentarios de SA tuvieran que pasar al Grupo Mixto, donde estaban ellos.
Pero después de los primeros instantes de confrontación con el Tribunal Supremo y de la épica del «Eusko Gudariak» dirigido con el paraguas por Xabier Arzalluz ante el TSJPV, los miembros de la Mesa tuvieron la oportunidad de retratarse en lo referido al pago de las subvenciones mensuales a Sozialista Abertzaleak, que quedaron bloqueadas por la decisión del interventor de no hacer los pagos, tal y como indicaba el Supremo. La Mesa reconoció el 9 de setiembre de 2003 el derecho de SA a cobrar las subvenciones y anunció que analizaría «las vías y medidas a tomar» para ello. Nunca lo hizo y los parlamentarios independentistas y sus votantes perdieron cerca de 600.000 euros que hace unos meses el Supremo aceptó que se los quedara definitivamente el Parlamento de Gasteiz.
A efectos prácticos, a Sozialista Abertzaleak le hubiera resultado más beneficioso que hubieran disuelto su grupo y pasar al mixto.
Como puede comprobarse, este es un caso lleno de paradojas, porque paradójico resulta -y mucho- que el Supremo acabe condenando por desobediencia nada menos que a Juan María Atutxa, el mismo hombre que fue puesto como ejemplo de «vasco bueno» durante su etapa como consejero de Interior. El hombre al que en 1997 el colectivo «Manos Blancas» le concedió su I Premio por la Paz y la Tolerancia. En el discurso de recogida del mismo, Atutxa calificó a HB como «los que se benefician políticamente» de las muertes de ETA.
También fue Juan María Atutxa quien en febrero de 1996 suscitó el debate sobre la conveniencia de sacar de la alegalidad a KAS y Jarrai, «con su legalización, para que sepamos quién es el responsable y tengamos la oportunidad de imputar las responsabilidades penales en cada una de las circunstancias, o su ilegalización». Según Atutxa, podría ocurrir que alguien se presentara ante la policía como miembro de ETA y fuera inmediatamente detenido, mientras que si dijera que era de KAS no pasaría nada, a pesar de que «todos somos conscientes de que esa organización está actuando en el estímulo, en marcar la estrategia, en pasar información».
El mismo Atutxa que el 15 de julio de 1998, nada más cerrar «Egin», llamó al juez Baltasar Garzón «muy cariñoso» para darle la enhorabuena y decirle: «Esa medida tenía que haberse tomado hace mucho tiempo. La apoyo totalmente». El juez dejó constancia de ello en su diario.
Se empieza proponiendo ilegalizaciones, felicitando a quienes cierran diarios y haciendo nexos entre HB y ETA y acaba uno metido de lleno en el follón y condenado por el Tribunal Supremo por algo muy cercano a la connivencia con «el entorno». No hay vasco bueno si no es siempre obediente con España.
El Gobierno de Lakua y el PNV han montado en colera. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué pasos prácticos van a dar? Juan José Ibarretxe dio alguna pista cuando ayer, faltando a la verdad, dijo que «esta decisión judicial es un acto más de la labor que inició el PP y el PSOE, por un lado, y Batasuna, por otro, cuando echaron a Atutxa de la Presidencia del Parlamento. PP y PSOE dijeron que Atutxa y la Mesa del Parlamento eran los abogados defensores de ETA y de Batasuna y la izquierda abertzale les señaló afirmando que eran los opresores de este pueblo».
La actuación del Supremo no tiene nada que ver con que Ezker Abertzalea -que no Batasuna- no apoyara a Atutxa para la Presidencia del Parlamento. Pero el lehendakari necesitaba implicar a la izquierda abertzale en este caso y equiparar su actuación con la de PP y PSOE para volver a presentarse como «el cauce central de esta sociedad» y tratar de obtener con ello un rédito electoral.
Lo único que tiene que ver Batasuna en este caso es que fue ilegalizada, que sufrió en sus propias carnes la actuación de ese Estado que según Ibarretxe «no respeta las reglas de juego» y de esa «justicia estamental, corporativista, medieval y predemocrática» de la que habla Urkullu. Y hoy la mayoría de sus dirigentes están encarcelados, al igual que la mayoría de los componentes del grupo Sozialista Abertzaleak. Para ellos no hay sólo penas de inhabilitación, por graves que éstas sean.
