El domingo 28 de junio de 2009, dos horas antes de la consulta popular  organizada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por 400 mil firmas, con la finalidad de convocar a una Asamblea Constituyente, el estado mayor del ejército organizó un golpe de estado, tomó como prisioneros al presidente y a su esposa y los expulsó del país.

Los golpistas también arrestaron a Patricia Rodas, ministra de relaciones exteriores, y expulsaron a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Desde el momento en que la consulta popular fue convocada, la oligarquía hondureña, aliada de las grandes multinacionales y de la embajada norteamericana, así como el estado mayor del ejército formado en la Escuela de las Américas, institución sostenida por Estados Unidos, hicieron todo lo necesario para impedir que se llevara a cabo.

Reunieron por la fuerza a la Asamblea de la República, para dar a conocer a los diputados un mensaje apócrifo de renuncia del presidente Zelaya. La Asamblea de la República fue forzada a designar como presidente interino a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del congreso.

 

El nuevo "presidente" de inmediato decretó el estado de sitio para impedir las manifestaciones de miles y miles de trabajadores y jóvenes que se dirigían al palacio presidencial.

Al mismo tiempo, el Bloque Popular Sindical, que agrupa a los principales sindicatos del país, por medio de su vocero Ángel Alvarado, convocó a la huelga general a partir del lunes para exigir la restitución de Zelaya en el poder.

Unas horas después, el presidente Hugo Chávez llamó a todos los mandatarios que componen la Alianza Bolivariana (ALBA), opuesta al ALCA que promueve el gobierno de Estados Unidos, a un encuentro en Managua. La cumbre se realizó el lunes 29 con la asistencia de Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Manuel Zelaya de Honduras. La reunión declaró su apoyo incondicional a Zelaya, condenó el golpe de estado, decidió retirar a sus embajadores de Tegucigalpa. Llamó a los demás gobiernos latinoamericanos a adoptar medidas del mismo tipo. Hoy todos los gobiernos latinoamericanos ya han condenado el golpe de estado.

Frente al rechazo del golpe, Hillary Clinton, secretaria de Estado de EU, declaró en nombre de su gobierno que "Estados Unidos no reconoce a otro presidente que no sea Zelaya", después de que Obama había llamado a las partes a entablar un "diálogo" con lo que daba legitimidad al golpe.

 

Todos los pueblos de América se identifican con el combate de la nación hondureña.

 

Desde hacía 100 años, Honduras no había conocido un gobierno verdaderamente democrático y nacional, capaz de adoptar medidas independientes del imperialismo y las multinacionales, especialmente con relación a las bananeras, que son las que controlan la mayor parte de la producción nacional.

Los cambios radicales que se viven en todo el continente, los procesos revolucionarios en Venezuela y Bolivia y las crisis políticas que sacuden a todos los países, incluido Estados Unidos, vuelven más vigente que nunca la lucha por la emancipación de los trabajadores y de las naciones.

 

Más allá de las formas que presenta la lucha por la Asamblea Constituyente en Honduras, en esa demanda se identifican las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores y de los campesinos que buscan deshacerse de la oligarquía y del poder de las multinacionales y reapropiarse de sus riquezas naturales, en especial de la tierra.

Es el combate en que se reconocen los diferentes pueblos que luchan por la renacionalización o el mantenimiento de la nacionalización del petróleo, las empresas mineras y estratégica, por verdaderas reformas agrarias y por conquistas sociales y democráticas.

Desde el punto de vista de la Cuarta Internacional, ese combate se inscribe en la lucha por la unión de las naciones soberanas de América Latina y el Caribe, en solidaridad estrecha con los trabajadores, con la mayoría oprimida y las organizaciones obreras norteamericanas, unión de naciones liberadas de todas las formas de opresión y explotación, sobre la base del desmantelamiento de los tratados de libre comercio, de la renacionalización de las empresas estratégicas, de la expropiación de los grandes bancos y las multinacionales y la reforma agraria.