Cuba: ¿puede superarse a sí misma la Revolución?

Cincuenta años de proceso social y un amplio consenso popular a favor del proyecto socialista  no pueden sacrificarse en el altar del dogmatismo ideológico ni de las reales pretensiones de los EEUU de acabar con el precedente político que instala la Revolución

Roberto Cobas Avivar | Para Kaos en la Red | 29-1-2008 | 1472 lecturas | 42 comentarios

www.kaosenlared.net/noticia/cuba-puede-superarse-si-misma-revolucion

José Fúster

Cuba: ¿Puede superarse a sí misma la Revolución?

Multitudinarias voces cubanas juntas por primera vez en decenios de Revolución coinciden en la necesidad de cambios determinantes en la cualidad del proyecto sociopolítico y económico cubano.

Desde el Partido Comunista gobernante expresa tal necesidad su Segundo Secretario y Presidente en funciones de la República, cuando habla de cambios estructurales y conceptuales en el proyecto socialista. Esas declaraciones han contado con el reconocimiento si no directo sí explicitado del propio líder de la Revolución, Fidel Castro.

Desde el seno de la sociedad la abrumadora mayoría del pueblo cubano ha expresado abiertamente en un copioso proceso de reuniones y debates auspiciados por el Partido gobernante no sólo la necesidad urgente de los cambios, sino innumerables razones para ello y, algo de trascendente importancia, numerosas propuestas para la reorganización de la economía y la participación social.

Desde el exterior son también muchas las voces cubanas que comparten el clamor por la renovación del proyecto socialista y argumentan ideas y propuestas.

Un examen de las circunstancias en que se da el debate exige exponer su debilidad política. Internamente el debate ha sido privado de la transparencia informativa que podía enriquecerlo y enraizar la identificación popular en torno a las necesidades de los cambios. Así lo demuestra el silencio de los medios de comunicación local y nacional sobre lo discutido. Con ello se ha imposibilitado la retroalimentación de las opiniones en el seno de la sociedad. Lo cual refleja la desconfianza de la dirección política del país a la resonancia de los estados de opinión y participación crítica del pueblo. La línea de la restricción democrática que se ejerce a través de la doctrina política del entendido centralismo democrático define aún la correlación de fuerzas dentro del propio Partido Comunista.

Externamente se ha dado un hecho de singular importancia. El espacio de información alternativa KaosCuba se ha convertido en una importante plataforma de participación en el debate cubano. Desde sus páginas se expresa una amplia diversidad y riqueza de opiniones en abundantes trabajos. Es el pensamiento crítico cubano que desde la identificación con la idea del proyecto socialista de la Revolución aboga por el logro de su renovación y viabilidad. Sin embargo, el debate de la voz cubana que toma peso en KaosCuba es censurado hacia el interior del país. Sucede así incluso cuando KaosCuba sirve ya también como vehículo de expresión de cubanos residentes en el país (escritores, intelectuales y muchas otras voces, incluidos los escritos y reflexiones del líder de la Revolución) y de las propias instituciones cubanas (la Embajada de Cuba en España, el Juventud Rebelde entre otros). De esa forma se consuma la desarticulación de la opinión pública cubana. Esta práctica política debilita claramente la fuerza del pensamiento crítico revolucionario todo, el interno y el externo. La consciente desestima de las energías del pensamiento renovador premia el inmovilismo.

Todo ello no ha hecho más que multiplicar las interrogantes y las incertidumbres entre los cubanos residentes y no residentes acerca de la naturaleza de los cambios y, ante todo, sobre la voluntad y la capacidad política del Partido gobernante para desencadenar sin dilaciones inmovilistas el proceso de transformación de la realidad cubana.

He querido llamar la atención en mis análisis sobre el principal obstáculo a vencer en la partida: la ruptura de la inercia política inmovilista no depende del Partido. Este convencimiento parte de la cabal interpretación de lo que ha de asumirse como democracia.

Es el pueblo, la sociedad en pleno la que posee la total responsabilidad sobre la ruptura o no del encorsetamiento de su legítima proyección política. Cuando el pueblo delega pasivamente la toma de decisiones determinantes en los órganos de poder institucionalizados, del Partido y el Estado, se está privando del protagonismo social y político que le pertenece por derecho propio. Ha sido y es el pueblo el hacedor de la Revolución cubana, aún cuando a su dirección histórica le quepan méritos por la conducción política. No se trata del anarquismo de la acción política, sino de situar el problema de la construcción del proyecto socialista en la perspectiva de la naturaleza de la participación. Y es ése el primer cambio conceptual ante el que se está.

He expuesto que el problema radica en que el pueblo cubano, mucho más allá del reconocimiento que hace (y sufre) de sus carencias sociales y materiales, reconozca el fundamento primero de su emancipación: su derecho inalienable a ser eldefinitivo sujeto del proceso de transformación de su realidad socioeconómica y política. Por lo tanto, se trata de la superación del concepto de democracia que han institucionalizado el Partido y el Estado.

El debate sobre este problema no se agota ni se reduce a los enfoques maniqueístas de si democracia directa o participativa o protagónica o representativa o la combinación de todo ello. Para explicarlo he intentado exponer una y otra vez dónde estimo que radica la fuente de un genuino poder popular. Y es perfectamente comprensible que parte o gran parte de la propia sociedad cubana no llegue a plantearse el problema de la emancipación del individuo como el centro de los problemas de la realidad cubana y, por ende, la razón de ser del socialismo. Puesto que la Revolución se ha establecido en el consciente social como sinonimia ideológica de emancipación nacional. Si lo nacional somos todos, el problema de la soberanía ciudadana, de la auto-determinación del ciudadano, no existe como tal. Si el problema de la auto-determinación del ciudadano cubano no existe como objeto de contradicción y conflicto político endógeno, entonces no podemos cuestionarnos el sentido del centralismo democrático que como política de Partido y Estado encorseta la vida de todos y cada uno y reverbera negativamente sobre la eficiencia socioeconómica del sistema político cubano.

En consecuencia, un punto de partida insoslayable marca la diferencia en el abordaje del problema de la renovación socialista que exigen las contradicciones internas del país.

¿Tendrá presente la dirección del Partido Comunista cubano, el partido gobernante, y especialmente el actual Presidente en funciones de Cuba y Segundo Secretario del Partido el problema de la auto-determinación del ciudadano cubano cuando alude a la necesidad de cambios conceptuales en el proyecto socialista?

¿Será el problema de la auto-determinación del ciudadano cubano el concepto político clave a encarar por el necesario y pospuesto (vi) congreso del Partido?

¿Pondrá en su agenda inaugural el problema de la auto-determinación ciudadana como principio socialista la recién elegida Asamblea Nacional?

Las respuestas a estas interrogantes pasan ineludiblemente por cuestionarnos en voz alta y debatir abiertamente sobre si el proyecto de socialismo en Cuba puede o no ser compatible con la auto-determinación de los ciudadanos.Debatir, en consecuencia, sobre el significado que tiene para el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad la auto-determinación ciudadana.

Si la primera aproximación a una respuesta arroja que la soberanía ciudadana constituye una prerrogativa irrenunciable del socialismo, entonces todo otro acercamiento al consenso social pasará inevitablemente por discutir sobre los factores que van a condicionar la forja de una realidad donde la auto-determinación del ciudadano sea el punto de partida del concepto de democracia que el pueblo pueda legitimar.

Desde las osificaciones del funcionarismo burocrático político y administrativo acomodado a un ejercicio de gobierno perennemente incontestable, se atacará con dureza que tal planteamiento sobre el problema fundamental de las anomalías del sistema socioeconómico y político cubano puede ser sólo fruto del revisionismo ideológico y del actuar contrarrevolucionario. Ante ello es necesario saber que lo primero es cierto y que lo segundo lleva el vicio de lo reaccionario. Sólo así se podrá vencer la auto represión del propio ser social así como la inhibición política que inducen el partido y el poder estatal sobre la voluntad social para los cambios estructurales necesarios.

El proceso de renovación a que está abocado el proyecto socialista cubano seguirá estancado si no se revisa el fundamento ideológico del concepto de democracia y participación socioeconómica y política que ha venido condicionando todo el movimiento de la sociedad. Y ese cuestionamiento puede ser sólo un acto revolucionario.

La cualidad revolucionaria del cuestionamiento está en su carácter dialéctico.No es por ende, la negación de la Revolución en tanto proyecto social emancipador, sino la asimilación de la capacidad de superación a sí mismo de cada estadio de desarrollo social alcanzado, de cada ciclo que caduca una vez germinadas las potencialidades para el desenvolvimiento en espiral, aquel capaz de vencer el círculo vicioso de las contradicciones irresueltas. Esa cualidad del avance no es por definición ni por intención ruptura nihilista, la ruptura consabida a la que apelan las voces cubanas opositoras a la idea del socialismo en Cuba.

Si no es posible descalificar el carácter de emancipación social de la Revolución cubana y de su proyecto socialista, y eso lo entiende mejor el pueblo cubano, ello no significa que se haya creado el terreno fecundo de la emancipación ciudadana y la auto-determinación del individuo. No ha sido así porque el fundamento ideológico de la revolución social operada ha establecido la falsa idea de lo colectivo como expresión legítima del ser social. El ser social ha sido reducido a la idea del ser colectivo, sobre la que se ha estructurado toda la organización de la participación social y de la estructuración del sistema de economía.

Pero si en el ámbito de lo social la idea del ser colectivo funciona con menor grado de contradicción intrínseca, en el ámbito de la apropiación de las condiciones de reproducción de la vida material y social, la contradicción entre ser colectivo y ser individual ha sido llevada a un enfrentamiento de carácter antagónico.

Es por ello que el problema del sistema de propiedad sobre los medios de producción se presenta como un factor neurálgico a resolver si se quiere asumir con entera responsabilidad política el proceso de renovación del proyecto socialista cubano. Es por ello que el canciller Felipe Pérez Roque “respondía” al discurso de la Universidad de la Habana (F. Castro, nov 2005) que todo dependería de a quién perteneciese la propiedad, aún cuando la idea del Canciller se enmarcara en la tradicional interpretación del papel de la propiedad en el desarrollo de los sistemas socioeconómicos. Puesto que la propiedad ha venido decidiendo históricamente sobre la apropiación de las condiciones estructurales de reproducción de la vida material y social de la sociedad: de las familias y los individuos.

Una vez que se ha identificado este problema, ha de tenerse conciencia que en Cuba están creadas condiciones para superar el concepto capitalista que anida en la idea de la propiedad de los medios de producción. He introducido en mis análisis la idea del fetiche de la propiedad como el problema de fondo que se esconde detrás del concepto del fetiche de la mercancía, según lo ha estereotipado el marxismo dogmático (valga la contradicción). Hay aquí un nudo gordiano acerca del cual  el debate cubano sobre  la transformación socialista del modo de producción no podrá desentenderse.

El fetiche de la mercancía es sólo una confusa expresión de la forma con que se disfraza en la realidad el contenido del intercambio económico capitalista. El fetiche de la mercancía - y todo análisis a la luz de la dialéctica materialista no deja dudas sobre ello - puede ser sólo producto del afán por la propiedad privada de los medios de producción. El fetiche de la mercancía no parte ni es propio del consumidor, no es, aunque pueda llegar a serlo, la patología sicológica del fetiche, sino la patología social del modo de producción capitalista. Un ejemplo lo pone en evidencia: el sesgo ideológico que pulula en los círculos políticos y de gobierno en Cuba sobre la interpretación del “consumismo”. Amén de haber sido la carencia el rasgo distintivo de la economía cubana, se ha establecido la guerra ideológica contra el “consumismo” como la patología capitalista que emana del fetichismo de las mercancías. De ese modo el consumo material (de bienes perecederos y durables) nunca ha sido considerado por el gobierno y el aparato de dirección política (ni por la economía política del socialismo) una necesidad primaria del individuo y un factor del crecimiento económico. La incomprensión de la natural espiral interactiva consumo-crecimiento ha pasado a ser un fantasma político. Por lo tanto, el ciudadano cubano ha sido reducido por imposición económica e ideológica a la condición de seudo-productor.

El propietario privado de los medios de producción en el capitalismo sabe que la propiedad, esa apropiación exclusiva de los medios, es la que le garantiza la capacidad de acumulación de capital que lo pone por encima de sus congéneres y hasta del propio estado. Puesto que es el propietario de los factores de producción, pero esencialmente de la fuerza de trabajo asalariada que le produce las plusvalías ordinarias y extraordinarias, fuente primaria de su acumulación privada de capital. A tales efectos no importa cuan “fetichistas” seamos como consumidores. El consumo personal de mercancías no produce plusvalías al productor-consumidor ni al propietario-consumidor. La producción masiva de mercancías y la inducción de la demanda estimulan el proceso de acumulación pero no producen plusvalías. La única mercancía que es objeto de fetiche por el propietario es la fuerza de trabajo, aquella que genera el plusvalor expropiable. Y es así porque existe la institucionalización de la propiedad privada sobre los factores de producción (recursos humanos, materiales y financieros).

Estos razonamientos apuntan al concepto de la no-propiedad que he venido argumentando en distintos trabajos (más adelante lo retomaré). La transformación del sistema de propiedad cubano no tiene porqué retrotraerse a un estadio cualitativo inferior al que ya ha alcanzado a partir de la estatalización de los medios fundamentales de producción. El sistema de propiedad privada capitalista en Cuba fue superado por la nacionalización de los medios de producción. Pero ese concepto debe ser cabalmente interpretado.

Lo que estableció la Revolución de 1959 fue la nacionalización de los medios de producción. En ese sentido puede hablarse de un grado de socialización de la propiedad privada, no de la socialización de la propiedad en si. Un grado de democratización de la propiedad privada pre-revolucionaria, pero no de la propiedad como eje de un nuevo (socialista) modo de producción.

El posterior proceso de consolidación estatal de la propiedad nacionalizada, es decir, de la propiedad recuperada para toda la nación (de manos de los grupos privados que la explotaban) significaba ante todo la expropiación de la propiedad privada sobre la fuerza de trabajo asalariada. Con ello se lograba igualmente un grado importante de democratización del capital, pero no su democratización plena. Por delante quedaba pendiente la socialización de toda la propiedad, es decir, la plena democratización de la propiedad. Por consiguiente, queda pendiente también la plena democratización del capital. Y ese proceso de socialización de la propiedad, de plena democratización de la propiedad y el capital, ha quedado en suspenso hasta hoy, cuando ya las contradicciones que genera la alienación del sentido de pertenencia social ante la propiedad estatal se hacen implosivas.

La propiedad estatal sobre los factores de reproducción de la vida material, social y cultural de la sociedad permite al Estado la acumulación centralizada de capital. La acumulación centralizada de capital le posibilita al Estado cubano disponer sin restricción de los recursos económicos para desarrollar los programas de desarrollo social. Pero bajo tales condiciones no es posible siquiera plantearse como problema (cuestión a tener en cuenta, a resolver) el criterio de la eficiencia socio-económica de la gestión de gobierno. Sucede así, a pesar de que la formalización de los ejercicios presupuestarios gestionados por el Parlamento y el Gobierno han venido reduciendo la cuota de voluntarismo económico (el ordeno y mando) en el uso de esos recursos. Para mejor entender este fenómeno basta con observar el proceso de formación bruta de capital.

La capitalización y descapitalización de la base industrial a través del tiempo transcurrido de economía verticalmente “planificada” recuerda la laboriosa marcha de Sísifo. Expongo este hecho asumiendo pero no absolutizando - tal como pudiera preferir todo administrador de la economía cubana que se sintiese aludido - el impacto del bloqueo económico usamericano. Puesto que un simple razonamiento lógico permite comprender que todo impacto externo sobre un sistema se debilita proporcionalmente a la capacidad del sistema de optimizar su comportamiento interno (la transformación cualitativa endógena de todos los inputs). Lo cual se torna vital cuando sabemos que el impacto del bloqueo económico yanqui, como he expresado en otros análisis, ha tenido importantes compensaciones externas, como la ayuda de las relaciones económicas y la cooperación industrial de la ex – urss otrora y ahora los fructíferos e importantes vínculos con Venezuela y China.

El sistema de propiedad estatal sobre los medios de producción no puede desprenderse del salario ni del contrato de la fuerza de trabajo. Es decir, no puede deshacerse de la comercialización de la fuerza de trabajo. El ciudadano cubano sigue siendo presa del contrato laboral que ha establecido el derecho burgués. La desventaja es aún superior porque el estado cubano (entendidamente socialista) se erige en máximo empleador. Esta contradicción posee efectos estructuralmente negativos sobre la eficiencia del modo de producción. Puesto que el salario es establecido centralmente sin correspondencia con la productividad del trabajo de las empresas específicas. La productividad media de la economía o la de un sector de ella no dicen nada acerca de la productividad del trabajo de las disímiles empresas. Es por eso que en el sistema socioeconómico actual el divorcio entre la productividad del trabajo y su remuneración es de carácter estructural. Esta contradicción es insalvable bajo condiciones de propiedad estatal y centralización del movimiento de la microeconomía. La consecuencia política incuestionable es que bajo el actual modo de producción no se podrá establecer nunca el criterio de la llamada retribución socialista del trabajo.

Detrás de esa contradicción estructural se “esconde” un problema de concepto. El trabajador cubano recibe un exiguo salario en primera instancia porque la política económica del Partido de Estado establece ideológicamente que el individuo es un ser colectivo. Y como tal la distribución de la renta responde en esencia a la idea del consumo social. ¿Por qué le haría falta un salario mayor o menor al trabajador si todo lo que necesita para la reproducción ampliada de su fuerza de trabajo se lo puede ofrecer el Estado de manera supuestamente más justa? Por consiguiente ¿para qué hacer peligrar el socialismo con las “armas melladas del capitalismo” manteniendo ya no el salario (que de hecho sigue siendo una mistificación económica actualmente), sino el mercado?, ¡si en resumidas cuentas la distribución de productos puede hacerse administrativamente! ¿No estaría el salario motivando siempre la tendencia al “consumismo”, al entendido fetiche de la mercancía?, ¿se podrá revertir luego esa desafortunada marcha de las relaciones monetario-mercantiles que nos empujará irremediablemente al capitalismo? Es importante observar cómo este género de interrogantes expone la falsa identificación de las contradicciones de fondo del modo de producción cubano.

Sobre tales elucubraciones ideológicas se establece la idea y la realidad de un poder estatal burocrático omnímodo que, en posesión de todos los recursos económicos, estará administrando la vida de los individuos reducidos a la condición de seres colectivos.

La idea de la propiedad estatal se contrapone a la de propiedad privada y sin mayores preocupaciones se induce en la sociedad su aceptación como propiedad social. Préstese atención a que todo el problema de la apropiación de la plusvalía se ha reducido al fenómeno de la distribución (la esfera de la circulación mercantil). Por lo tanto, el sistema de propiedad estatal, tal como ha venido siendo, sigue puesto a resguardo de todo cuestionamiento. Desde esa perspectiva el debate sobre la transformación del modo de producción se circunscribirá al perfeccionamiento del sistema estatal de propiedad. El círculo viciado de la ineficiencia sistémica de la economía permanece servido.

Cuando desde las instancias de dirección del Partido de Estado cubano se exponen cuestiones obvias para los ciudadanos, como que el salario es insuficiente, lo que se está trasmitiendo es un mensaje subliminal sobre lo incuestionable del sistema estatal de propiedad sobre los medios de producción. No se está poniendo en tela de juicio el concepto de trabajo asalariado, de compra/venta de la fuerza de trabajo. Por consiguiente, no se está cuestionando el factor de alienación de la fuerza de trabajo con respecto a los medios de producción (estatales) y del mismo trabajo. Ello refleja que la alusión a cambios conceptuales no se aparta de la ortodoxia sobre la idea del movimiento centralizado de la sociedad. El problema del estado como máximo empleador y, por lo tanto, como gestor monopólico de los valores (en su expresión monetaria) que producen los trabajadores no existe, queda ignorado como una contradicción de fondo del modo de producción. La condición de subordinación económica directa de los trabajadores a los criterios de gestión del Estado impone de facto la condición de lealtad política, pero mina la cohesión social natural. La coerción económica no la ejerce el propietario privado de los medios sino el estado. El propietario capitalista privado la ejerce en nombre de su acumulación excluyente, el estado cubano en nombre de la acumulación y la distribución centralizada de la renta.

La coerción económica en Cuba es consecuencia directa del sistema de propiedad estatal.  Es una coerción de facto y de jure. Esta coerción está en la base de la ausencia de soberanía ciudadana y auto-determinación del individuo. Lo que se viene constatando en Cuba es que el ciudadano no se puede identificar con una propiedad que le suprime la autonomía de decisión sobre la gestión de la riqueza que produce.

Sin embargo, este dilema no se resuelve, tal como muchos pensadores cubanos postulan, con la propiedad colectiva sobre los medios de producción.No en el ámbito del equilibrio de los intereses sociales colectivos, por paradójico que parezca.

Sírvannos como estudio de caso las cooperativas. La propiedad cooperativa establece la propiedad individualizada de un colectivo (grupo) de trabajadores sobre los medios (materiales y financieros) de producción.Existen dos problemas de importancia medular.

Primero hay que aludir a la cuestión de que nada “salvará” a los colectivos de producción individualizados de la competencia entre sí por las mejores cuotas de ganancias en un mercado normal como el que se puede conformar en la economía cubana (máxima transparencia informativa, ausencia de monopolios, carteles y clientelismo político, inexistencia de mercado financiero, presencia de regulación estatal).

Ese primer mito ha de ser desvestido de su ropaje. La tendencia a la maximización de la ganancia no desaparece por el carácter cooperativo de una empresa, puesto que ante el mercado la empresa actúa no como un ente cooperativo sino privado (particular). Alguien podría postular que sería solamente así de mantenerse las relaciones de mercado.Y que, por lo tanto, la receta mágica e ideológicamente correcta sería suprimir todo mercado o reducirlo a un espacio figurativo donde los precios sean en esencia administrados por el Estado. No hay que hacer un ejercicio mental profundo para notar que es ésa precisamente la situación existente en la actualidad en Cuba (y que se arrastra desde casi siempre). En otro extremo algunas voces promueven la idea de una supuesta economía de equivalencias de valores-trabajo que sustituya el intercambio en base a los precios de mercado. Sobre las incongruencias conceptuales y políticas de dicha idea he expresado algunas reflexiones críticas en otros trabajos. Ambas percepciones apuntan en igual dirección.

Se asume como fundamento científico la tautología de que la economía de mercado es capitalista porque es de mercado. Extírpese el mercado y se acabará la “rabia”. Todo el esfuerzo interpretativo, como puede apreciarse, se concentra en señalar la esfera de la distribución como la fuente de la acumulación excluyente de capital y de explotación social. Para este pensamiento es indiferente que sea el trabajo (y la tierra) la fuente de toda riqueza. Y que la acumulación y concentración excluyente de capital se da porque no se retribuye al trabajador parte sustancial de los valores que produce. Y que esa plusvalía se crea en el proceso de producción y constituye la fuente primaria de la acumulación. Una acumulación que se torna excluyente socialmente justo porque la fuerza de trabajo – mercancía distintiva del modo de producción capitalista - es propiedad privada del propietario de los medios de producción (una vez vendida a éste por su poseedor al precio de un salario que imponen el propietario y su mercado de trabajo).

Con la propiedad cooperativa se establece un régimen de distribución colectiva de los ingresos por los trabajadores. Los trabajadores se auto remuneran democráticamente de acuerdo a los criterios de gestión de los ingresos que establezcan las políticas internas de proyección de la cooperativa.

Pero el concepto de propiedad cooperativa - propiedad colectiva - no evita que el fetiche de la propiedad se arraigue como la condición que puede garantizar por encima de los intereses de otros colectivos de producción no sólo la reproducción de las condiciones materiales de vida, sino estadios socio-económicos superiores de sus miembros. El caldo de cultivo de las contradicciones antagónicas dentro del modo de producción no desaparece.

En segundo lugar, es preciso volver sobre el problema de la renta de capital que implica toda propiedad. La propiedad cooperativa, para efectivamente ser propiedad tiene que establecerse como propiedad jurídica. Ese hecho establece el derecho de los miembros de la cooperativa sobre el capital de la empresa, es decir, sobre los bienes de capital fijos y variables (los campesinos cooperativistas en Cuba, por ejemplo, son dueños de hecho y derecho de sus medios de producción). Toda vez que asumimos que el trabajador posee el derecho a la libre asociación, el sistema de propiedad (sea cooperativa o no) debe establecer los criterios de participación en el capital de los trabajadores. El trabajador se incorpora a una empresa y debe ser considerado co-propietario de los medios. La libertad de acción le asiste para emigrar de las empresas (incluida la posibilidad de crear alguna en libre asociación con otros ciudadanos). ¿Tendrá derecho el trabajador a disponer ("llevar consigo") aquella parte del capital de la empresa de la cual ha sido co-propietario? La mterialización de ese derecho democrático (por su condición de co-propietario) sólo puede darse mediante la asignación de participaciones sobre el valor nominal de los bienes de capital de la empresa (participaciones no accionarias, asumiendo además la ausencia de mercado financiero).

En una empresa capitalista el problema se resuelve en el concepto mismo de propiedad privada. La masa asalariada va y viene con el despojo de su salario bajo el brazo. El capital (patrimonio) de la empresa es propiedad en acciones o participaciones de aquellos que las posean, que así las adquieran (en las empresas familiares el capital es propiedad particular de la familia; capital que igualmente necesita de fuerza de trabajo asalariada para multiplicarse). Los propietarios pueden ser trabajadores o no de la empresa, pero son en esencia personas jurídicas o naturales con suficiente poder de compra o capacidad crediticia (para la compra). La renta de capital sobre el valor de mercado de dichas acciones  es una renta parásita por definición que, fruto de la especulación financiera, permite ingresos desvinculados del trabajo. Tan importante como lo dicho, es entender que la renta de capital proyecta su razón de ser en la dimensión de la economía virtual (la economía financiera), antítesis de la economía real (producción y empleo) que debiera definir la economía socialista cubana. En consecuencia, el problema de la renta de capital que establece toda propiedad crea una contradicción política de fondo cuando se concibe el sistema de “propiedad” no-capitalista.

El problema plantea la idea de la no-propiedad. Que la propiedad privada sobre los medios de producción y la fuerza de trabajo es la indudable causa de extorsión del trabajo resulta incuestionable. Que sobre esas relaciones de producción se alza la probada eficiencia productiva del modo de producción capitalista es igualmente indiscutible. El razonamiento empuja a preguntarnos: ¿es necesaria e imprescindible la propiedad sobre los medios de producción para generar riqueza material y servicios sociales que eleven y hagan sostenible la prosperidad de las familias y los individuos?

Entonces, ¿cuál es el problema conceptual para un modo de producción no-capitalista? ¿puede el ciudadano liberarse con respecto a la obsesión por la propiedad, a liberarse de su fetiche? ¿puede ser ése el camino hacia una nueva cultura del trabajo? El concepto de no-propiedad no asume la participación en el capital de la empresa, sino dos premisas: su autogestión y su usufructo. La posición del trabajador con respecto al capital de la empresa, su derecho demócratico sobre éste, queda relacionada con sus prestaciones productivas. Y ése será el criterio de todo reconocimiento económico (contable) del derecho compartido sobre el mismo y del sentido de auto-determinación ciudadana del trabajador. 

Ya sabemos que en el capitalismo el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción es un derecho restringido a una ínfima parte de la sociedad. Puesto que la realidad es (y no puede ser otra) que la abrumadora mayoría de la sociedad es fuerza de trabajo asalariada. El concepto de la no-propiedad es una realidad de hecho para la decisiva mayoría de los ciudadanos. Lo que se concibe cuando se postula el concepto de propiedad colectiva (cooperativa o alguna otra variante posible) como forma básica de organización del trabajo en el socialismo es el ilusionismo capitalista de convertir la masa de asalariados en masa de propietarios.   Y seguir de ese modo todos atados al fetiche de la propiedad. La respuesta instintiva para muchos será que el problema lo viene a resolver precisamente la propiedad estatal en Cuba. Que, por lo tanto, lo que importa es justo el perfeccionamiento del sistema de propiedad estatal y no su negación. Sin embargo, lo que queda claro con el sistema de propiedad estatal son, por lo menos, tres cuestiones de importancia determinante para la calidad y la eficiencia socioeconómica del modo de producción:

a) que la propiedad estatal se centra sobre el concepto de la fuerza de trabajo asalariada, es decir, en la ausencia de democracia de la gestión económica empresarial y en la consiguiente alienación del trabajador con respecto a esos medios reproducción,
b) que los salarios centralmente establecidos no expresan la productividad del trabajo de la empresa ni permiten la identificación de los trabajadores con la misma en tanto colectivo socio-productivo,
c) que estos factores condicionan la ausencia de soberanía ciudadana de los individuos.

Lo anterior no dice que la propiedad estatal, en tanto empresa pública, sea ineficiente por definición. La empresa pública socialista no queda fuera de la exigencia de la autogestión eficiente de su actividad económica. La distinción de su naturaleza estratégica hace que la actividad de la empresa pública sea objeto por excelencia de planificación macroeconómica. En el ámbito microeconómico el carácter de lo público viene dado en esencia por la tarificación estatal del precio de sus servicios productivos, en cuyas circunstancias, préstese atención, la optimización de los costes de producción define el criterio de eficiencia de la autogestión. La empresa pública, a diferencia del conjunto de empresas no-estatales, ha de moverse en un mercado fuertemente regulado por el Estado. Una vez hechas estas puntualizaciones, es necesario reconocer que importantes empresas públicas en sectores estratégicos de las economías, (servicios de telecomunicaciones, suministro de energía, transporte, distribución y saneamiento del agua, producciones tecnológicas avanzadas, etc) demuestran no sólo eficiencia sino además garantía de los servicios. Pero la misma práctica de la historia económica no presenta economías estatales eficientes.

He expuesto que no menos del 50% de las empresas cubanas (de alrededor de unas 3500 entidades) son actualmente deficitarias, según informaciones oficiales del Gobierno cubano. Pero igualmente importante es constatar cómo las empresas que llegan a ser rentables (en su gran mayoría las acogidas en el programa del llamado perfeccionamiento empresarial) trabajan, bajo condiciones de inflexibilidad de la demanda, en función del criterio de la maximización de las ganancias (sic)  para la acumulación estatal de capital. Esta acumulación se produce sobre la apropiación directa de no menos del 70% del salario nominal calculado de los trabajadores (lo que se da a través de un sistema de impuestos directos en cascada sobre la renta empresarial y personal). Ello pone de manifiesto que el trabajador es ese ser colectivo, cuyo sustento y reproducción está diseñado por el estado en base al consumo social.

Sin embargo, el consumo social identificado como principio de la administración de la economía conlleva a la impunidad de la ineficiencia del proveedor de la oferta de bienes materiales y servicios, es decir, del estado. La consecuencia directa es la sostenida carencia de bienes y servicios y la ineficiencia de las prestaciones. Los administradores de las empresas estatales no responden por su trabajo ante el consumidor sino ante el Partido y el Estado. No es el mercado el que penaliza la ineficiencia de la producción (la mala calidad, la insuficiencia en cantidad y variedad). Por lo tanto, no es el consumidor el objeto primero de toda producción (de bienes y servicios). Es el estado el que paga un salario predeterminado independientemente de la realización de la producción. Pueden "cumplirse" los planes administrativos de producción toda vez que de ello dependerá el suministro estatal de recursos materiales y económicos a las empresas - el sistema de financiación de la actividad empresarial es centralizado -, pero no será la satisfacción cuantitativa y cualitativa de las necesidades de los trabajadores-consumidores el criterio que imponga la eficiencia a las empresas. No puede serlo porque la administración vertical de la microeconomía ha reemplazado las funciones del mercado. Y esta realidad estará también en la base de la ineficiencia de todo modelo empresarial que abogue por la autogestión como alternativa al sistema de propiedad estatal centralizado, sean cooperativas u otras formas de propiedad colectiva autogestionada. La autogestión es una forma de administración, no una condición estructural del funcionamiento de un sistema.

El problema de concepto sobre el cambio del modo de producción, por ende, concierne dos cuestiones clave: el fetiche de la propiedad y la plena descentralización de la microeconomía. Ambos factores conducen al planteamiento de la soberanía ciudadana y la auto-determinación del individuo para organizar y gestionar la reproducción de su vida material y social.

Es oportuno puntualizar que, como se habrá observado, en ningún momento he cuestionado el estado como actor de importancia en el funcionamiento de la economía. Esa polémica está hace mucho tiempo superada dentro de la propia economía política del capitalismo (acaso fue siempre una polémica ficticia), tal como lo vino a demostrar de una vez por todas la política del New Deal que salvó a los EEUU del colapso al que en 1929 la condujo ma "mano invisible" de los mercados. Ha sido superada a tal punto que el propio M.Friedman nunca se tomó en serio la idea del neoliberalismo económico, más que como la vanidad de alimentar el egocentrismo de los aristócratas de Monte Pelerín ante la elite depredadora del neoconservadurismo anglosajón. Expongo esto para que el debate no produzca el desgaste de los oportunismos mal informados o malintencionados.

Es precisamente por ello la importancia de bien entender que la descentralización de la microeconomía, es decir, el movimiento de las empresas, funcionará eficientemente en la medida que el estado cubano posea un papel regulador exigente en la economía. Pero para ello la planificación centralizada deberá ceder el paso al ejercicio de la proyección estratégica de los rumbos del crecimiento y el desarrollo socioeconómico equilibrado. La imprescindible inserción autónoma de las empresas cubanas en los entramados de las relaciones económicas regionales e internacionales exige a la economía cubana todo el proteccionismo estructural que necesite el desarrollo racional del mercado interno y el propio desarrollo industrial. No puede olvidarse que existe una correlación positiva significativa entre importación y destrucción o restricción del empleo interno. Por consiguiente, la fortaleza económica y reguladora de la macro y la microeconomía por el Estado ha de ser racional y altamente eficiente. La integración  regional bajo conceptos de cooperación como los que promueve el proyecto del ALBA podrá permitir el reacomodo estratégico de las políticas proteccionistas de la economía cubana.

Pero existe un factor de primera importancia política en el papel de un estado socialista con capacidad de gestión y poder económico suficiente. La economía socialista para serlo tendrá que ser eminentemente solidaria. La solidaridad implica la auto protección mutua de las empresas en procesos de cooperación e integración en cadenas productivas, procesos estimulados y amparados por políticas interventoras del estado. Obviamente, la economía socialista no es ni podrá ser una economía de mercado sensu estricto. Puesto que la naturaleza humanista de su modo de producción no lo establece. Expongo esto para dejar claro que, por consiguiente, el funcionamiento del mercado habrá de jugar un papel fundamental en el desarrollo del sistema económico y de las fuerzas productivas. El sistema empresarial socialista tendrá que funcionar como un sistema de vasos comunicantes, donde los medios de producción no sean más que instrumentos de trabajo, factores de la actividad económico-productiva. Donde cada trabajador acorde con su derecho de asociarse libremente en alguna organización empresarial (amén del derecho al trabajo autónomo por cuenta propia) hace uso de los factores de producción y decide sobre la auto remuneración de su trabajo. Ahí estará el distintivo de la participación socialista.

No es el estado el que decide directamente la remuneración del trabajo, sino los trabajadores internamente en sus asociaciones de producción, de acuerdo al resultado de la actividad económica de la empresa, su política de desarrollo (inversión y producción) y los criterios democráticos que correlacionen productividad y remuneración del trabajo.

El problema de la democracia socioeconómica en el socialismo tiene dos niveles básicos de institucionalización. Primero: la tributación al estado de los recursos económicos para la gestión pública tiene que ser resultado de un ejercicio de participación democrática plena. Al estado se le tributa, de acuerdo al compromiso social democrático, la parte de los beneficios del trabajo que hayan sido definidos como impuestos nacionales y territoriales por los parlamentos (Asamblea Nacional y Poderes Populares). Al Estado le corresponderá hacer el uso eficiente de esos recursos como proveedor de servicios públicos de excelencia a toda la sociedad. Segundo: a las empresas autónomas, establecidas bajo el principio de la no-propiedad, les corresponde gestionar sus recursos de manera eficiente, no porque lo exija el estado, sino porque lo exigirá la necesidad de autofinanciamiento de la actividad productiva. Los trabajadores en su doble papel de productores y consumidores estarán decidiendo con creces sobre el criterio de eficiencia de las empresas. Lo harán desde dos niveles: desde la gestión autónoma interna de la empresa y desde el ejercicio del consumo; aunque no sea el mercado el único espacio para la distribución de bienes y servicios (toda la red pública de servicios sociales constituye un espacio de distribución no mercantil). Ambos actores, empresas y estado, son fuertemente complementarios en el objetivo de lograr el máximo bienestar social y material de la sociedad.

La soberanía del ciudadano es objetiva sólo cuando el individuo, el trabajador, se ve involucrado en un proyecto de producción que exige de sus decisiones para ser eficiente y efectivo y le da autonomía económica de decisiones. Donde la remuneración de su trabajo, en ausencia de propiedad privada exclusiva, la decide él mismo en consenso con el colectivo de trabajadores al que pertenece. En tales condiciones no puede existir auto-remuneración que no responda al nivel de productividad de la empresa. Los trabajadores no son propietarios de los recursos de la empresa porque, a todas luces, ese hecho no define ni el derecho de asociación laboral ni su estatus quo dentro de la organización ni dentro de la sociedad. La propiedad es indiferente. Pero no lo es el sentido de pertenencia que provoca la identificación con el trabajo mancomunado del que depende directamente la prosperidad individualizada. La apropiación individualizada de las condicciones de reproducción de su vida individual y social no está determinada por el trabajo individual, sino por la suma de voluntades dentro del colectivo empresarial y de su entorno social, local y nacional. El trabajador no tiene que pedir permiso para vivir a propietario alguno de los medios ni al estado. El trabajador está en posesión de los recursos económicos que define la auto-remuneración en su empresa. El trabajador no vende su fuerza de trabajo, sino que la pone a disposición de un proyecto común de producción y creación. Pero, además, es un ciudadano pleno de derechos a los servicios públicos - básicos y no básicos - que garantiza el estado socialista a partir de los recursos económicos que su trabajo le ha aportado.El proyecto colectivo de la participación social se fortalece mediante la definición de roles y responsabilidades sociales. La cohesión social es su vector resultante natural.

El sistema económico gana de esa forma la capacidad de auto sustentación a partir de la auto motivación de sus gestores. En dichas condiciones el cambio de concepto sobre la naturaleza del estado implica asumirlo como un servidor público y no un ente político supra-societal como hasta el momento. Un proveedor de servicios públicos eficientes y un garante del desarrollo estratégico y equilibrado del país, de la nación, de la sociedad en su conjunto.

El cuasi monopolio sobre el comercio exterior, la centralización sobre la disposición de divisas (para la producción y el consumo), el mercado administrativo, la discriminatoria y anti-económica dualidad monetaria (sobre el abordaje técnico de este complejo problema he escrito en otros trabajos), las restricciones prohibitivas al libre movimiento (entrada y salida del país, considerando que la posesión y libre uso del pasaporte es un derecho de ciudadanía) de los ciudadanos, las limitaciones administrativas contra el libre aprovechamiento por los ciudadanos de toda la infraestructura de ocio y recreo del país (hoteles, playas, restaurantes, cotos turísticos, discotecas, etc, etc, etc), la censura sobre la información y su horizontalidad, la limitación política sobre el acceso a internet (cuya infraestructura tecnológica dará un salto de orden cualitativo de trascendencia en los próximos meses), todo ello pierde su razón ideológica de ser. No porque sean - tal como hoy se afirma desde las mismas instancias de poder que llegan a reconocer el despropósito de tales privaciones - restricciones que exigieron momentos puntuales del devenir histórico que ya no existen, sino porque han sido (y son) instrumentos que responden a una concepción de estado de carácter represivo, cuyo fundamento se haya en el tratamiento extemporáneo de la doctrina sobre la dictadura del proletariado.

El centralismo democrático y la dictadura del proletariado han sido preceptos políticos que han facilitado el acomodo a las formas de gobierno centralizado e incontestable que imperan hasta hoy, que mimetizan la organización y mediatizan la capacidad emprendedora de la sociedad. La expresión fehaciente de ello es la pronunciada falta de correspondencia entre el desarrollo humano, educacional y científico-técnico alcanzado y propiciado por la propia Revolución y el subdesarrollo de ese factor humano como fuerza productiva.

Cincuenta años de proceso popular y un amplio consenso a favor del proyecto socialista (¿acaso no lo acaban de corroborar las recientes elecciones parlamentarias?) no pueden sacrificarse en el altar del dogmatismo ideológico ni de las reales pretensiones de los EEUU de acabar con el precedente político que instala la Revolución. Han sido las propias reflexiones de su propio Líder las que vienen a cuestionar el convencimiento generalizado dentro de Cuba y especialmente dentro del propio Partido, sobre que la destrucción de la Revolución pudiera ser consecuencia de factores exógenos.

El estado socialista no podrá  consolidarse sobre los presupuestos de una lucha política contra la voluntad de desarrollo y soberanía de la sociedad. La autonomía ciudadana - no la profusión legislativa en todos los órdenes - es lo que legitima el rigor estatal de las normas y leyes racionales que han de garantizar la armonía de la interacción de intereses económicos, sociales y políticos. La autonomía del individuo implica responsabilidad civil y ello posibilita la organización de un estado de derecho donde la legislación no sea causa y expresión de la falta de libertades ciudadanas.

En tal escenario la auto-determinación ciudadana asume el derecho de las familias y los individuos a poseer y materializar sus proyectos personalizados de desarrollo y realización socio-cultural. Si el proyecto colectivo de país no resulta la sumatoria simple de proyectos individualizados de su población, éstos constituyen el distintivo de la soberanía ciudadana. ¿Podría descalificarse el precepto de soberanía ciudadana como la característica de una nueva modelación de estado y sociedad socialista en Cuba?

La renovación cualitativa del socialismo en Cuba expresará la capacidad de superación a sí misma de la Revolución. Podrá hacerlo si el pueblo pasa de ser escuchado a ser sujeto incuestionable de la revolución conceptual y estructural del socialismo cubano. La idea de sociedad civil está llamada a recomponer sus contenidos revolucionarios en el seno de la sociedad. Si el presupuesto de vanguardia política que defiende el Partido Comunista aspira a legitimarse como factor de estabilidad y garantía del desarrollo socioeconómico y sostenible de Cuba, no puede seguir sustentándose sobre el concepto y la práctica de Partido de Estado que le permite el poder económico omnímodo desde su posición gobernante. Toda legitimación política del papel dirigente del partido único de la Revolución será sostenible políticamente y eficiente socialmente sobre la democratización económica de la participación y la plena soberanía ciudadana. No existe otro camino creíble para situar el proyecto socialista en una trayectoria viable.

• en portada
• + leídas
• + comentadas

• Rueda de prensa de la izquierda abertzale sobre la manifestación del viernes 22
• Antología de textos de Manuel Sacristán sobre la primavera de Praga. La revolución traicionada
• ¿Qué tiene que ver Coca-Cola con la alimentación y agricultura ecológicas, el agua y el desarrollo sostenible?
• El trágico accidente aéreo que se produjo ayer en el aeropuerto de Barajas supera las 153 víctimas mortales

• El trágico accidente aéreo que se produjo ayer en el aeropuerto de Barajas supera las 153 víctimas mortales
• Antología de textos de Manuel Sacristán sobre la primavera de Praga. La revolución traicionada
• Cien idiotas - Humor antifascista
• Rueda de prensa de la izquierda abertzale sobre la manifestación del viernes 22
• Hijo de puta

• Para Fito Páez la revolución cubana "ya se detuvo"
• La verdad es la verdad (I)
• Cazan a espías cubanos en Miami
• Antología de textos de Manuel Sacristán sobre la primavera de Praga. La revolución traicionada
• ¿De quién es el Estado de Derecho?