Evo Morales en su discurso a la ONU en septiembre 2008
En lo que en su momento se consideró un evento político único en la historia de Bolivia, el 10 de agosto pasado la población de este país aprobó la administración de su presidente Evo Morales con un voto de más del 67 %, ganando en 95 de las 112 provincias del país. Al mismo tiempo, los prefectos de los departamentos opositores al gobierno del MAS también fueron reelegidos.
La victoria fue tal que en aquel momento el presidente hizo un llamado a un referéndum para aprobar el proyecto de constitución que la asamblea constituyente ha trabajado durante los primeros dieciocho meses del gobierno de Morales, proceso que la oposición hizo todo lo posible por descarrilar.
Lo que ocurrió en ese momento fue espantoso aunque quizás no inesperado. A finales de agosto y siguiendo órdenes desde las prefecturas opositoras, grupos armados de jóvenes violentos de ideología fascista que conforman el llamado ‘movimiento cívico’ comenzaron a atacar y a tomar por la fuerza las oficinas de ONGs, de compañías nacionales e incluso de todo tipo de organizaciones bajo sospecha de sostener simpatías con el proyecto político del gobierno del MAS.
El punto álgido de esta violencia organizada tuvo lugar el 11 de septiembre en Pando cuando un grupo armado de mercenarios bloqueo la carretera fuera de la localidad de Porvenir y emboscó a una comitiva de campesinos, asesinando al menos a 18 de ellos. Hasta el momento, existen decenas de desaparecidos y cientos de heridos.
Es en ese momento que la comunidad internacional liderada por UNASUR expresa su apoyo incondicional a los procesos democráticos del país, ayudando a quitar legitimidad a la reacción violenta de la derecha que el presidente Evo Morales calificó como un intento de golpe de estado cívico-prefectural en su discurso a las Naciones Unidas el 23 de Septiembre.
La paz no ha terminado de llegar a Pando pues a pesar de que el presidente declarara el estado de sitio por 90 dias, comunidades campesinas continuan siendo atemorizadas y sus casas incendiadas. Hasta la fecha sólo el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández y un miembro de la policía local han sido arrestados en relación con la masacre. Esperemos que la justicia llegue en este caso mucho antes que en el caso de los asesinados durante la guerra del gas en octubre del 2003 cuyas familias aun esperan. En cuanto al futuro del país, es difícil saber lo que pueda ocurrir. Lo que sí está claro es que la oposición de la derecha no tiene legitimidad política alguna por lo cual es muy posible que volvamos a ver situaciones de violencia indiscriminada en el futuro.