«Las víctimas del terrorismo son víctimas inocentes desde el primer momento; los muertos de ETA o de quienes les amparan o justifican, lo son en virtud de su actividad terrorista». Esta frase puso el epílogo a la intervención de Rodolfo Ares después de que Jon Mirena Landa, director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua, expusiera su informe sobre Víctimas de la Violencia de Motivación Política. Un informe que incluye a 109 personas muertas y 538 heridas a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de grupos parapoliciales y de extrema derecha, y que el portavoz del PSE calificó de «humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías asesinados por defender la democracia».

Como el propio Landa se encargó de enfatizar, en su informe aparecen muchas personas ajenas a cualquier actividad política o armada, que fueron ametralladas en controles y manifestaciones, por fuerzas policiales o «incontrolados» -citó los casos de Normi Mentxaka, Mikel Salegi y Koldo Arriola, entre otros-, junto a casos que causaron una honda conmoción en la sociedad vasca, como los cinco obreros tiroteados en Gasteiz o las muertes de Joxe Arregi y Mikel Zabaltza.

El director de Derechos Humanos, de hecho, admitió que el informe se hallaba incompleto por el plazo en el que debía ser presentado y, en el caso de las personas torturadas, explicó que sólo había incluido en su listado aquellas que habían fallecido a consecuencia de la tortura -una decena-, aun admitiendo que informes al respecto cuantifican en 5.000 ó 7.000 las víctimas de esta práctica.

Las explicaciones fueron baldías, y Ares, con Santiago Abascal haciéndole los coros y pugnando por cosechar hoy algún titular, insistió en su carga contra Landa. Le reprochó el «poner en la misma balanza a policías y terroristas» y el estar «instalado en la equidistancia entre víctimas y victimarios». También le acusó de haber hecho un trabajo «poco riguroso» basado «en informes periodísticos, ¡incluido GARA!», y sentenció que estaba «descalificado» para seguir al frente de la Dirección de Derechos Humanos.

La acometida del portavoz del PSE contra cualquier reconocimiento y reparación a las víctimas no oficiales y su cierre de filas con los cuerpos policiales, de ayer y de hoy, le llevó incluso a poner más que en entredicho la credibilidad de los relatores de la ONU que una vez tras otra sitúan sobre la mesa la realidad de la tortura en este país.

En el otro lado de la mesa, Landa recabó el apoyo explícito de Aintzane Ezenarro (Aralar) y Rafa Larreina (EA), mientras que el portavoz jeltzale Ricardo Gatzagaetxebarria pedía tiempo para analizar el informe y sostenía hasta en tres ocasiones que «no se pueden equiparar» a estas víctimas con las institucionalmente ya reconocidas. El parlamentario del PNV también se apresuró a subrayar que para su grupo «es la existencia de ETA el principal conflicto político que tenemos».

Desde Ezker Abertzalea, Itziar Basterrika agradeció a Landa su trabajo, pero recordó que este grupo siempre ha señalado que las víctimas, en su globalidad, son consecuencia del conflicto y como tal deben ser tratadas, sin diferenciarlas y buscando una solución global a aquello que les ha llevado a ser víctimas.

Comparecencia de Etxerat

Ares, en cualquier caso, había cogido carrerilla. En el cuarto punto del orden del día una representación de Etxerat compareció para explicar la situación de los presos políticos vascos gravemente enfermos a quienes, pese a su estado, se les niega la libertad. José Cruz Coto dio detalles del estado de once represaliados y citó el caso de otros dos, también enfermos, mientras Ainhoa Baglietto, abogada de Mikel Ibáñez, explicó en profundidad la situación del preso elgoibartarra.

También tomó la palabra Mari Carmen Fernandez, madre de Anjel Figueroa, que trasladó en una emotiva alocución la grave situación de su hijo, continuamente hospitalizado a causa de fuertes ataques epilépticos; y tras ella intervino Bego, hermana de Joseba Asensio, muerto en 1986 a causa de la desasistencia sanitaria.

La mayoría de los grupos acogió con receptividad las demanda de Etxerat, pero cuando Ares encendió el micrófono -el PP se ausentó- espetó a los comparecientes que «ustedes tienen familiares enfermos, pero los tienen vivos y en la cárcel. No es lo mismo ir a visitar a un familiar a la cárcel que al cementerio». Siguió afirmando que «nosotros vivimos una pesadilla porque estamos amenazados por la organización terrorista de la que sus familiares formaron o forman parte» y, tras sostener que «en España no hay presos políticos», defendió que el «Estado de Derecho» vela como debe por la salud de los presos vascos.

Frente a esta afirmación, Coto subrayó que «tenemos claro que nuestros familiares son presos políticos» y puso como mejor ejemplo de ello la forma en que son tratados por las autoridades penitenciarias y judiciales españolas.

Baglietto también se dirigió a Ares, y le puso sobre la mesa la situación de aquellas personas condenadas por matar, secuestrar y torturar en nombre de los GAL y que se encuentran todas en la calle por motivos como sufrir «una depresión».

La letrada invitó al dirigente del PSE a comparar los partes médicos que expusieron ayer, pertenecientes a personas a quienes mantienen en prisión, y los de los miembros de los GAL ya excarcelados. Mari Carmen Fernández concretó un poco más y recordó el caso de Enrique Rodríguez Galindo, «condenado por torturas y asesinato». Luego explicó que su hijo no está condenado ni por una cosa ni la otra. Y sigue preso.