Por más que el Gobierno y las instituciones europeas pretendan seguir ocultándolo, ya no se le escapa a nadie que nos encontramos sumidos en una crisis general, que ya está golpeando el empleo y el poder adquisitivo de miles de trabajadores.
El Gobierno y sus medios de comunicación afines no dejan de hablar de “desaceleración”, ocultando los datos negativos, publicándolos con cuentagotas o tergiversándolos (caso del Índice de Producción Industrial, ya negativo, o de la creciente inflación) para no hacer sonar las alarmas. Sin embargo, el Estado se ha apresurado a negociar con el gran capital cuantiosas ayudas públicas para afrontar la caída de los beneficios: obras públicas que, además de innecesarias, perpetúan el modelo de “desarrollo” y la política de transportes que nos ha convertido en una economía dependiente del ladrillo y del precio del petróleo: prolongación de las hipotecas, “favor” que incrementará los intereses devengados para la banca; plan “Vive”, para afrontar la caída de las ventas del automóvil; cesión masiva de suelo por la Federación de Municipios y Provincias; promoción de VPO por constructoras privadas, previo aumento importante del precio del m2; aval estatal para los préstamos a promotoras, etc., etc.
Ahora bien, las medidas de apoyo no se han trasladado a las clases populares: es bien conocida la grave situación que atraviesan los pequeños productores agrícolas y ganaderos, así como los pescadores y los transportistas. Pero va a ser el grueso de la población, la clase obrera, la principal golpeada por la crisis: a la dependencia del transporte privado y al coste creciente del coste de la cesta de la compra (y, ahora, la reacción de los transportistas, que amenaza con provocar el desabastecimiento), se suman problemas específicos que así lo indican: en primer lugar, la destrucción de empleos en todos los sectores, especialmente en la construcción, sin que se dé salidas válidas a causa del modelo especulativo por el que han apostado los sucesivos gobiernos. De hecho, este mayo ha sido el primero en treinta años (¡incluida la crisis de 1993!) en que ha aumentado el paro.
También es obvia la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores españoles, los únicos de la Unión Europea cuyo salario ha bajado en los últimos diez años; y eso, con un aumento del precio de la vivienda que ha provocado una situación de endeudamiento masivo, superior al PIB (que mide toda la riqueza que crea el país en un año). Las respuestas demagógicas como la “ayuda al alquiler” o la “paga de los 400 €”, que no han aportado nada positivo al problema, han sido las únicas respuestas del Gobierno a esta situación, además de la retirada de la ayuda a los parados, que se había anunciado a bombo y platillo. Por el contrario, tanto el Salario Mínimo Interprofesional como las pensiones (especialmente las no contributivas) siguen siendo de miseria.
Tampoco es creíble la demagogia que ejerce el PP a cuenta de la crisis: la experiencia nos ha demostrado sobradamente cuál es la política social y económica que aplican en sus gobiernos. Ninguno de estos problemas, pues, están siendo afrontados por el Estado de manera favorable a los trabajadores. Además de lo dicho, la UE no plantea solución alguna a los productores agrarios ni para el problema de los combustibles; más aún, se empeña en mantener unos tipos de interés que están sumiendo en la desesperación a miles, si no millones, de trabajadores endeudados. Esto viene a demostrar que la UE sólo sirve para unificar los ataques de las diferentes oligarquías contra las clases populares, como demuestran los acuerdos respecto a la inmigración.
No sólo no se están resolviendo estos problemas: de acuerdo con su naturaleza de clase, el Estado monárquico está poniendo los servicios públicos a disposición del sector privado, con el objetivo de ayudarle a capear la crisis recolocando sus capitales; y eso está repercutiendo directamente en la clase obrera y el resto de sectores populares: es la parálisis o recorte presupuestario en los servicios públicos, para conseguir un superávit que, como acabamos de ver, va a engordar el sector privado; es la privatización de la sanidad y de los servicios sociales; es el claro apoyo y extensión de la enseñanza privada; es un Plan Bolonia que someterá la Universidad y la formación de posgrado a las empresas; y es, en definitiva, la degradación general de los servicios públicos, para convertirlos en marginales o ponerlos directamente en manos privadas.
Las consecuencias de esta política se ven a diario. Entre ellas, el que cada vez más trabajadores, azuzados por los mensajes institucionales y de los partidos monárquicos, vean a los inmigrantes como competidores por el empleo y los servicios públicos. Eso alimenta el crecimiento del fascismo, cuyas bandas campan a sus anchas y se manifiestan con la tolerancia de los delegados del Gobierno y de una judicatura cada vez más reaccionaria. Paralelamente, la oligarquía representada por PP, PSOE, CiU, PNV, etc., por encima de sus disputas coyunturales, mantiene un acuerdo de fondo para descargar las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, aprovechando la situación de debilidad que sufre la izquierda.
La respuesta a estos problemas debe venir, pues, de los sectores sociales que están siendo más perjudicados por la crisis: básicamente, los trabajadores, que además de ver seriamente dañada nuestra calidad de vida, somos los principales usuarios de los servicios públicos. Y debe ser una respuesta unitaria: los sindicatos están planteando duramente la negociación de los convenios; ha habido ya huelgas sectoriales en Madrid, Catalunya y diversas zonas de Andalucía; las asociaciones de padres y madres y las plataformas ciudadanas se están movilizando en muchos lugares en defensa de la sanidad y la educación públicas; las asociaciones de vecinos se mueven por los servicios en los barrios de numerosas ciudades…
Es el momento de unificar todas estas luchas en un gran movimiento en defensa de los servicios públicos, del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores. Es el momento de promover la necesaria alternativa política que dé respuesta a los intereses de las clases populares, para trabajar por un régimen político en el que éstas tengan capacidad real de decisión; en el que se grave los inmensos beneficios de los capitales y se garantice un control social efectivo de la economía.
FRENTE A LA CRISIS, REFORCEMOS LA UNIDAD POPULAR - NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA - POR UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, POPULAR Y FEDERATIVA - POR EL SOCIALISMO
Comité Central del Partido Comunista de España (m-l) (Junio de 2008)
