En un nuevo ataque en contra de los trabajadores de ULA TV, el Consejo Universitario de la ULA ha publicado el 17 de febrero un remitido en el diario regional "Frontera", aseverando que los trabajadores son "cuatro personas ajenas a la Universidad de los Andes y a la empresa operadora, quienes se encuentra debidamente identificadas", y calificándolos como "invasores". El remitido de media página de extensión, pagado con dineros públicos, hace un recuento de las acciones legales emprendidas por las autoridades universitarias con relación al caso, y termina con el acuerdo de "solicitar del ciudadano Presidente de la República, del Fiscal General de la República y del Gobernador del estado Mérida, el que procedan a la detención de los invasores y soliciten del tribunal competente la devolución de las instalaciones de la estación".

Las autoridades universitarias rematan la delirante solicitud con la consigna: "FUERA LOS TOMISTAS DE NUESTRO CANAL".

Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y al movimiento popular a solidarizarse a viva voz con los trabajadores de ULA TV, quienes rescataron en octubre del año pasado las instalaciones de un canal que había sido convertido por las autoridades de la universidad en un antro al servicio de la política reaccionaria, un medio al servicio de una agenda violenta y antidemocrática, tal y como quedó al descubierto cada vez que la universidad fue convertida en escenario de la violencia armada, o que sus autoridades abusaron de su poder para convertir a la institución académica en una plataforma partidista. Las autoridades universitarias, que ahora invocan de manera hipócrita la legalidad, pretenden encubrir el hecho de que la empresa ULA TV, canal asociado por medio de convenios con Globovisión y ATEL TV, violó sistemáticamente la Ley Resorte y la Ley Orgánica del Trabajo, violentando los derechos de sus empleados, y propiciando de esta manera la justa acción de los trabajadores. Aún hoy en día, y desde noviembre del año pasado, las autoridades violan impunemente las leyes de telecomunicaciones al emitir una señal pirata desde el rectorado de la ULA. Exhortamos al gobierno nacional a cumplir con su responsabilidad y sancionar de manera ejemplar la conducta delincuencial de las autoridades universitarias, revocando la concesión otorgada al canal ULA TV, y otorgando la señal a los trabajadores del canal, y asignándoles formalmente la sede que ocupan, la cual es propiedad de Fogade. Tanto los equipos del canal como la sede son de propiedad estatal, por lo que lo único que se necesita para proceder con justicia es voluntad política.