Solidaridad internacional en la denuncia del Terrorismo de Estado es vital
En Colombia mueren cada año 20.000 niños por enfermedades curables y prevenibles tales como diarrea, enfermedades respiratorias y desnutrición. Colombia se ubica en el puesto número 11 entre los países con mayor desigualdad en el mundo (PNUD). Por razones de parto son casi mil mujeres las que mueren cada año. El panorama de la guerra social y económica, así como el de la represión contra las reivindicaciones sociales es absolutamente catastrófico, he aquí un breve recordatorio de cifras y hechos:
4.000 fosas comunes han sido destapadas porque los paramilitares dieron sus coordenadas para poderse acoger a una ley que les garantiza impunidad, ley llamada “Ley de Justicia y Paz”, y confeccionada por uno de los principales instigadores de la estrategia paramilitar en Colombia: el presidente ilegítimo Uribe(obtuvo su reelección con delito de cohecho y coaccionando los votantes mediante sus paramilitares); miles de masacres por la estrategia paramilitar en connivencia con el ejército oficial han producido más de 4 millones de desplazados bajo la política de la “tierra arrasada”; más de 6 millones de hectáreas de tierras robadas a los desplazados por multinacionales de la extracción, del agro-industrial, y gamonales paramilitares y terratenientes que amplían su posesión de tierras en base al genocidio; Miles de ejecuciones extrajudiciales, al menos 13.634 colombianos asesinados fuera de combate por paramilitares y militares oficiales. Masacres en connivencia militar-paramilitar; más de 1.700 indígenas masacrados en lo que es un claro etnocidio; Más de 35.000 “desaparecidos” por la Estrategia del Terrorismo de Estado que busca la parálisis de la reivindicación social mediante el terror. Centenares de montajes judiciales contra luchadores sociales; 7.200 presos políticos que sufren torturas en las cárceles (denuncias múltiples: entre ellas OMCT). Torturas que a veces se transforman en asesinatos, que los carceleros disfrazan en “suicidios”:"hay asesinatos de algunos compañeros ahorcados, asesinados por sobredosis de droga, cuando ese interno nunca ha consumido", relata un preso (fuente radio Desalambrar)…"Es normal encontrar compañeros con graves dolencias intestinales a causa que nos ha tocado consumir agua con materia fecal en varias ocasiones".
Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos(TPP) un proceso de diecisiete audiencias nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.
Las empresas acusadas por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Son también acusados, por sus acciones y omisiones los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.
Después de analizar las denuncias, testimonios y pruebas presentadas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, emitió su condena ética y moral contra 43 empresas de capitales extranjeros, que violan los derechos fundamentales en Colombia(julio 2008). También condenó al Gobierno de Colombia “por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus modalidades de matanzas, lesión grave a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan llevar a la destrucción física total o parcial” de grupos de personas. Las empresas fueron condenadas por violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios. También los estados que permiten y facilitan este tipo de violaciones por parte de las empresas, recibieron el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos. El dictamen también emite su condena contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales. Y responsabiliza a los organismos internacionales de alentar y permitir "la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional".
Ahora más que nunca es clave la solidaridad internacional, para que los luchadores sociales y ecológicos en Colombia no sean arrinconados en las esquinas del terror y del silencio, o encarcelados... o “desaparecidos”…
