Bajo la ley antiterrorista por la figura de "atentado, abusos y amenaza terrorista además de daño simple" se inició investigación contra 9 mapuche detenidos durante los allanamientos del pasado domingo en Padre Las Casas, Yeupeko y Temuco.
Paralelamente, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, mantuvo una querella por infracción a la Ley de Seguridad del Estado en contra de los detenidos.
Hoy, estas 9 personas fueron traídas hasta Temuco, por orden del fiscal antimapuche Sergio Moya, para iniciar la audiencia e investigación para los cuales se establecieron 7 meses de plazo.
El testimonio de un testigo protegido, sin nombre ni rostro, fue la única prueba con que la jueza de Garantía María Elena Llanos, aceptó el procesamiento y el inicio de la investigación. Este supuesto testigo se habría acogido a la "delación compensada" o "cooperación eficaz", figuras contempladas en la Ley Antiterrorista.
Se decretó entonces la prisión preventiva para José e Ignacio Tralcal, Sergio Catrilef, Pedro Cheuque, Claudio Sánchez, Luis tRalcal, Marco Millanao y José Queipul. Estos tres últimos ya estaban en prisión preventiva por otros montajes.
El peñi Sergio Huinca quedó en libertad sin medidas cautelares por no existir antecedentes suficientes que acrediten su participación en los hechos delictuales. Sin embargo sigue procesado.
Este único y descarado argumento para encarcelar a los mapuche, es el mismo utilizado el pasado lunes 19 contra cuatro peñi de Temucuicui procesados por el incendio de un camión y el asalto a un peaje.
No existen mayores argumentos para el encarcelamiento bajo ley antiterrorista contra estos 13 comuneros.
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