Servindi, 16 de agosto, 2009.- La Cámara de Diputados aprobó el 13 de agosto un proyecto de ley del Ejecutivo que presume responsables de las manifestaciones “a quienes hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.
Asimismo, penaliza con 3 años de cárcel a quienes provoquen desmanes con sus rostros cubiertos.
La votación fue de 42 votos a favor y 29 en contra. El texto retornará al Senado, a tercer trámite, luego de que la Cámara de Diputados introdujera modificaciones.
Los diputados socialistas, del Partido por la Democracia (PPD) entre otros, anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Justicia porque el artículo 4 contraviene las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
El citado artículo presume “que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía”.
“En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse” continúa el art. 4.
También responsabiliza a “quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.
El texto legal, que suscitó un extenso debate en la sesión de Sala de este jueves, formó parte de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana contra la delincuencia, consensuada entre el gobierno y la oposición. En su transcurso, algunos parlamentarios oficialistas insistieron en el retiro del artículo 4 del proyecto.
Encapuchados
El texto modifica el Código Penal para indicar que quien cometa un delito con el rostro cubierto, será castigado con una pena de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y una multa de 4 a 8 UTM ($ 146.580 a $ 293.160).
El proyecto hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
La iniciativa agrega que los participantes en reuniones o manifestaciones públicas que causen daños a la propiedad pública o privada, deberán responder civil y penalmente de ellos. En los casos que los daños sean causados por menores de edad, sus representantes legales deberán responder civilmente.
Ley de Seguridad Interior del Estado
La iniciativa legal modifica esta normativa para incluir entre las autoridades que pueden ser objeto de atentados constitutivos de delitos en contra de la seguridad interior del Estado, no sólo al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados y a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia.
Asimismo al Contralor General de la República, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, al General Director de Carabineros, a los Ministros del Tribunal Constitucional, al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales del Ministerio Público, al Director Nacional de la Policía de Investigaciones y al Director General de Gendarmería.
Código Penal
Entre los cambios al Código Penal se indica que el Intendente de la Región Metropolitana ha tenido y tiene todas las atribuciones que dichas normas señalan respecto de la provincia de Santiago.
Asimismo, establece que los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública en calles, plazas y otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de las mismas y responden solidariamente de los daños que causen los partícipes, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
También establece la presunción de que dichos organizadores o convocantes no han adoptado dichas medidas, cuando incumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.
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Texto del cuestionado Artículo 4 del proyecto de ley:
“Artículo 4°.- Los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles u otros lugares de uso público, deberán adoptar las medidas para el adecuado y pacífico desarrollo de las mismas.
Los organizadores y los convocantes responderán por los daños que se produzcan con ocasión de esas reuniones o manifestaciones, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos.
Se presumirá que los organizadores y convocantes a reuniones o manifestaciones públicas han adoptado las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando cumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía.
Se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.
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