“Los trabajadores no queremos ni los Estatutos autonómicos separatistas de la oligarquía ni la Constitución Política del (gobernante Movimiento al Socialismo) MAS”, proclamó el nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera, Jaime Solares, elegido por el cónclave laboral para retomar la lucha revolucionaria del 2003, recuperar la línea de independencia sindical frente al gobierno indigenista e impulsar una lucha frontal contra la burguesía, las transnacionales y el imperialismo.

El minero Solares, en su calidad de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), había dirigido los levantamientos populares que culminaron con el derrocamiento de los gobiernos neoliberales en el periodo 2003-2005, y una vez concluido su periodo como dirigente volvió a trabajar durante dos años como minero de base en la mina de estaño de Huanuni.

El congreso laboral de Oruro, que marca el resurgimiento de la lucha revolucionaria de los trabajadores, cuestionó al Gobierno de Morales por abandonar la agenda de 2003-2005 y por buscar una concertación y alianza con la oligarquía, en vez de combatirla y derrotarla.

“Los trabajadores no estamos ni con Evo Morales ni con los fascistas de la oligarquía, los trabajadores estamos por la revolución”, dijo Solares al postular una “tercera vía” frente a la actual polarización que se da entre el gobierno de la izquierda indigenista y la extrema derecha que tiene el control político y económico de los valles y el oriente del país. 

No más concertación con la derecha

Los sindicalistas cuestionaron la extrema “tolerancia y debilidad” del gobierno de Morales con los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca que organizan referéndums ilegales e inconstitucionales para legitimar el poder de facto que ejercen en sus regiones, doblegando al Gobierno central y asestando al presidente Morales su mayor derrota política de los últimos dos años (ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).

Vencida la resistencia gubernamental, para este domingo 4 de mayo está prevista la realización del referéndum en Santa Cruz bajo el patrocinio del prefecto Rubén Costas y del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, la cabeza visible de los 100 poderosos clanes familiares que controlan la tierra, el poder político, la economía y las principales organizaciones cívicas, sociales y sindicales en la región (ver: La rebelión de los 100 clanes).

El Gobierno de Morales confía en que, una vez realizado el referéndum que intenta minimizar como una consulta sin poder decisorio, pueda sentarse en una mesa de negociaciones, con aval de la Iglesia Católica, para intentar alcanzar un gran acuerdo nacional y pacto social con los oligarcas sediciosos, en el marco del cumplimiento de la ley, del respeto a la propiedad privada y de la plena vigencia de los derechos humanos de la población y en especial de los indígenas.

Una parte de los oligarcas también aspira negociar con Morales, aunque desde una posición de fuerza, para congelar todas las reformas que intenten modificar la actual distribución de tierras, preservando todos los privilegios y el poder político y económico que ejerce la burguesía agroexportadora y financiera, cerrando de este modo el ciclo abierto en la insurrección popular del 2003. 

Tierra para los indios

Y esto es precisamente lo que no quiere la radical Central Obrera de Oruro, que postula, por el contrario, la profundización de las reformas para que el Estado expulse a las transnacionales y nacionalice el gas, el petróleo y las minas, anule los grandes latifundios, acabe con el neoliberalismo y mejore las condiciones de vida y de trabajo de la empobrecida población boliviana.

Para ello, el Congreso sindical enarboló las banderas para liquidar el poder económico y político de la oligarquía, con medidas que van mucho más allá del tibio reformismo gubernamental que tiene como límite la defensa de la propiedad y la inversión privadas.

Así, la Central Obrera plantea la inmediata “expropiación de la tierra de los latifundistas” y la “creación de milicias armadas para autodefensa frente a la represión estatal y el fascismo”. Con ello, los trabajadores de Oruro apuntan a liquidar el poder de los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de 25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles de oriente y los valles, cinco veces más que la que poseen en conjunto dos millones de campesinos pobres. Estos clanes dirigen la revuelta contra Morales, manejan la economía, controlan la tierra y que, al levantar la bandera de la autonomía y ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo, han logrado captarel masivo apoyo de la población civil y las organizaciones cívicas, vecinales, sindicales y empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente en Cochabamba y Chuquisaca. 

Banderas revolucionarias

Expropiando las tierras a los latifundistas y entregándola a los campesinos pobres, los sindicalistas creen que podrán mermar el poder de la oligarquía. Junto a ello, otro instrumento para lograr que los trabajadores en el oriente y los valles dejen de apoyar a la burguesía agroexportadora es la vigencia del salario mínimo vital con escala móvil que significaría que los empresarios eleven en siete u ocho veces el salario que pagan a sus obreros (en promedio el salario mensual vigente es de 100 dólares y lo que se necesita para sostener en condiciones dignas a una familia es de casi 800 dólares).

Estas medidas, sin embargo, no son aceptadas por el Gobierno de Morales y menos por la burguesía agrofinanciera, por lo que su exigencia significa una lucha contra las limitaciones del primero y los millonarios intereses de los otros. 

Unidad sindical

El congreso, celebrado la pasada semana, convocó “a la unidad de los trabajadores para luchar contra las oligarquías, partidos de derecha y empresas transnacionales” e “iniciar la lucha para el cumplimiento de las agendas de octubre del 2003, mayo y junio del 2005, buscar la abrogatoria del Decreto 21060 (que pone en vigencia el neoliberalismo) y las leyes neoliberales”.

Los trabajadores resolvieron luchar por un incremento salarial de acuerdo al costo de vida e inflación, por una nueva Ley de Pensiones y luchar por la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”.

En el plano sindical, los trabajadores resolvieron fortalecer la unidad de la clase laboral en torno a la COB (a pesar que esta última está controlada parcialmente por el Gobierno), preservar la independencia política de los proletarios y sus organizaciones sindicales. Imponer el control social, rechazar el sindicalismo amarillo y consolidar el sindicalismo revolucionario de acuerdo a los estatutos de la COD, COB.

También se decidió impulsar la “formación política y sindical de los trabajadores para generar cambios y renovación cualitativa y revolucionaria que destierre el prorroguismo y dualidades que distorsionan el accionar del sindicalismo boliviano”.

“Todo el país se está fijando que la dirección política es Oruro, que ha sido y es la vanguardia de la lucha sindical”, dijo Pedro Montes, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), la central nacional que aún se mantiene bajo la orientación política del Gobierno de Morales, pero que ya siente el peso de los radicales de Oruro y sus banderas revolucionarias.