El caso de las mujeres desaparecidas y/o asesinadas en Ciudad Juárez ha pasado a formar ya parte de la historia de agravios del México contemporáneo. Lo más grave es que los feminicidios en Ciudad Juárez no son cosa del pasado, se trata de un fenómeno actual, que además se ha extendido a otras partes de la República en donde incluso ha sobrepasado las escalofriantes cifras de esta ciudad de Chihuahua.
El tema sigue vigente, tan es así que el 23 de febrero de 2008, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por tres de los casos de feminicidio que se han presentado en Ciudad Juárez. El 28 de abril, la corte escuchó en audiencia el caso “Campo Algodonero”, en contra del Estado mexicano, por falta de prevención y protección para tres mujeres mexicanas.
La agencia de noticias AFP señaló que “El caso, sobre las muertes de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos es emblemático desde varios puntos de vista. Representa el primero por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales que lleva la Corte Interamericana. El caso es además el primer proceso que llega a un tribunal internacional sobre algunas de las cerca de 380 mujeres asesinadas en los últimos años en Ciudad Juárez, que en su mayoría no han sido aclarados judicialmente”[1].
Ciertamente el que se haya presentado el caso en una corte internacional es un avance. Pero no es suficiente. Las declaraciones de Patricia González, procuradora fiscal de Chihuahua, son una burla para las madres de Claudia, Esmeralda y Laura. González señaló que el gobierno mexicano está dispuesto a indemnizar a los familiares de las víctimas, pero que es mentira que no hayan recibido apoyo por parte del gobierno.
La actitud de la fiscal demuestra la indiferencia y desprecio que el Estado mexicano ha mostrado, a lo largo de todos estos años, hacia los asesinatos de mujeres, no sólo en Ciudad Juárez sino en el todo del país. El Estado mexicano no ha movido un dedo para frenar los homicidios y desapariciones de mujeres, la gran mayoría trabajadoras, migrantes, campesinas, que desde hace años azotan a México.
Al Estado mexicano no sólo hay que señalarlo por su ineptitud en la aplicación de la ley, hay que señalarlo por su complicidad con los criminales que pueden actuar con toda impunidad para secuestrar, torturar, violar y asesinar mujeres, hay que señalarlo por proteger a las maquilas en las que, debido a las precarias condiciones en las que trabajan, se vuelven presas fáciles de estos depredadores.
Es un avance que la Corte retome este caso, y esperamos falle en contra del Estado mexicano, pero no es suficiente.
Las mujeres socialistas exigimos juicio en contra de los gobernadores de Chihuahua, que han hecho todo, pero para proteger a los asesinos de mujeres. Exigimos juicio para todos los funcionarios que por complicidad o negligencia, han dejado que los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas se pierdan en el mar de la burocracia mexicana, exigimos castigo para los dueños de las maquiladoras que exponen a las mujeres al hacerlas trabajar largas jornadas sin proporcionarles ningún tipo de seguridad básica, como iluminación en las calles colindantes a las empresas o transporte para que no tengan que transitar por calles oscuras y sin ningún tipo de seguridad; castigo para las autoridades laborales que permiten que en estas empresas las trabajadoras no puedan formar sindicatos, organización que les permitiría formar sus propios cuerpos de protección para garantizar su integridad.
La cárcel no debe ser sólo para quienes asesinaron o desaparecieron a nuestras hermanas, la cárcel debe ser para todos aquellos que de alguna u otra forma han permitido que esta situación siga avanzando.
El caso de los feminicidios en México, es el mejor ejemplo de la impunidad en la que los criminales viven en este país. El caso de los feminicidios demuestra que el gobierno mexicano protege a criminales. Este caso evidencia el desprecio que las autoridades mexicanas sienten hacia las mujeres de la clase trabajadora.
Llamamos a la Corte Interamericana a fallar en contra del Estado mexicano, y a las organizaciones de izquierda, de derechos humanos y revolucionarias, a no permitir que el caso se quede hasta aquí.
Después del fallo de la Corte debemos impulsar acciones para que los culpables pisen la cárcel y que se indemnice a los familiares de estas mujeres, que han vivido el sufrimiento no sólo de la pérdida, sino de la burla de quienes deberían responder por la integridad y vida de quienes vivimos en este país.
La organización independiente de los partidos oficiales es fundamental, ya que desde el inicio de estos crímenes, el PRI y el PAN han protegido a los asesinos, a través de los gobernadores del Estado de Chihuahua, y en el caso del PRD, este se ha limitado a pronunciamientos tibios y a apoyar la creación de las fiscalías especiales, que lejos de arrojar resultados, sirven para engrosar la cortina de humo que permite a los homicidas actuar con total impunidad. Los llamados de conciliación y establecimiento de diálogo con el gobierno tan sólo han servido para desarticular la movilización de la sociedad.
La justicia sólo se alcanzará a través de la unidad entre los familiares de las víctimas, las organizaciones de izquierda, de mujeres y los sindicatos independientes.
¡Ni una mujer asesinada más en nuestro país! ¡Castigo a los asesinos!
¡Castigo a los gobernadores y funcionarios públicos cómplices!
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