Cinco meses después de que la organización Women’s Link Worldwide interpuso ante la Audiencia Nacional Española una querella por tortura cometida contra la ciudadana española Cristina Valls, durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco en 2006, el magistrado español Fernando Grande-Marlaska la rechazó, ante lo cual se presentó un recurso de apelación.
Paloma Soria, una de las representantes legales de Women’s Link y de Cristina Valls, informó a Cimacnoticias vía telefónica que la Audiencia Española les notificó el pasado 7 de julio que rechazaba la querella interpuesta el 25 de enero de este año contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y violación como método de tortura contra las mujeres.
Soria señaló que uno de los argumentos principales del magistrado es que rechazó la querella porque los hechos se investigarían en dos jurisdicciones: la mexicana y la española, y no es posible aplicar el principio de concurrencia de jurisdicciones (que se refiere a la posibilidad de que intervenga más de una jurisdicción nacional en un caso) solicitado por las querellantes.
En marzo pasado, el magistrado Grande-Marlaska pidió información al Gobierno mexicano sobre las pesquisas de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, donde 26 mujeres fueron violadas y cuatro extranjeras deportadas.
La respuesta por parte del Gobierno mexicano se dio en junio pasado y fue calificada por Women’s Link como ‘omisa e imprecisa’.
Omisa, porque no menciona a Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República y quien entonces fungía como secretario de Seguridad Pública, así como del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quienes se acusa de haber ordenado el operativo.
Imprecisa, porque el Gobierno de México ‘detalla’ que las investigaciones abiertas por los hechos y concretamente contra la violación sexual a mujeres se encuentra en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), misma que a la fecha no ha consignado pese a contar con pruebas suficientes para ello, señala Women’s Link.
Asimismo, se informó a Grande- Marlaska que la prohibición para que Cristina Valls regrese a México, que era de cinco años, fue ‘levantada’, por lo que puede volver al país cuando ella quiera. No obstante, señaló Women’s Link, a la fecha ni Valls ni sus abogadas han sido notificadas de esta medida.
La respuesta fue considerada por el magistrado Grande-Marlaska y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, que estudió la procedencia de la querella interpuesta y que determinó su inaceptabilidad (trámite que se hace en todos los casos de jurisdicción universal).
En un documento signado el 29 de febrero de este año señala textual: ‘En definitiva, a nivel legislativo como jurisdiccional, las autoridades mexicanas han demostrado su voluntad de investigar los posibles excesos y abusos de todo tipo que pudieron realizar sus fuerzas de seguridad, debiendo descartarse en el caso la inactividad de la jurisdicción mexicana.
‘Esta investigación, llevada a cabo por las autoridades judiciales mexicanas, impide que se abra otro procedimiento judicial en España con el objeto de investigar los mismos hechos y las mismas personas’.
Con lo anterior declaró la incompetencia de la jurisdicción nacional para conocer de los hechos objetos de la querella.
Apelación
Ante esta situación y atendiendo el plazo para apelar dicha decisión, el pasado lunes 14 de julio, Women’s Link presentó un recurso de apelación en el que sostiene que este principio es aplicable tal y como lo fue para los casos de Guatemala y Perú.
Paloma Soria explicó que tendrán que esperar de tres a cuatro meses para que la sala en la que se presentó este recurso decida si lo acepta o no.
En caso de que lo acepte, continuó la abogada, la querella será enviada nuevamente al magistrado Grande-Marlaska, quien tendrá la obligación de investigar los hechos, tomar declaración de Cristina Valls y sus testigos, así como a los presuntos culpables.
De no aceptarlo, entonces recurrirían al Tribunal Constitucional Español, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, quien puede tomarse hasta un año para admitir un caso, informó Soria.
Paloma Soria dijo no sentirse sorprendida por la respuesta del magistrado y confió en que el recurso de apelación será aceptado porque tiene todos los argumentos jurídicos para que así sea, en caso contrario, insistió, ‘no nos daremos por vencidas y llegaremos hasta las últimas consecuencias’.
