ENTREVISTA: CÁNDIDO GONZÁLEZ CARNERO, SINDICALISTA, EXCARCELADO TRAS LA ACUSACIÓN DE ROMPER UNA CÁMARA DE VÍDEO

“De no ser por las movilizaciones, aún seguiríamos en prisión”

Miguel Ángel de Lucas / Redacción

El caso de Cándido y Morala (sindicalistas condenados por romper una cámara de vigilancia) generó una gran campaña de solidaridad. Cándido habla sobre los intereses que hubo tras el juicio.

LIBRES AL FIN. El 11 de julio, cientos de personas se congregaron en Gijón para mostrar su apoyo a los sindicalistas./ Olmo Calvo

Llevan dos semanas en la calle y en este tiempo no han pasado un día sin dar una rueda de prensa, una charla o atender a los medios. Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala (ambos de la Corriente Sindical de Izquierdas), salían el pasado 5 de julio de la prisión de Villabona (Asturias), tras 19 días encarcelados.

No obstante, aún tienen pendiente que el Tribunal Supremo decida qué hacer con su condena de tres años de prisión y las multas de 1.200 euros a cada uno por la destrucción de la caja de conexiones de una cámara de vigilancia durante las protestas de Naval Gijón en 2005, a lo que se suma una indemnización de 5.625 euros por el coste de la cámara. Todo ello a raíz de una acusación del Ayuntamiento de Gijón (gobernado en coalición por PSOE e IU) y tras un proceso penal plagado de irregularidades, como la no admisión de un vídeo que exculpaba a los acusados [no aparecen cuando se rompe la cámara], o la aplicación de una ley diseñada contra la kale borroka.

Más allá del aspecto procesal, Carnero señala otros factores en este juicio: el deseo de criminalizar y amedrentar la protesta de los trabajadores, así como la connivencia de los poderes políticos con los intereses especulativos que existen tras el cierre de Naval-Gijón.

DIAGONAL: ¿Qué papel ha jugado la movilización social para que os pusieran en libertad?

CÁNDIDO G. CARNERO: Si no hubiera sido por las campañas de solidaridad estoy seguro que seguiríamos aún en prisión. Pienso que las autoridades midieron mal el asunto. Durante mucho tiempo llevaban con ganas de ejemplarizar con alguien. Nosotros somos prejubilados, siempre defendimos la continuidad de Naval Gijón y debieron de pensar que era tiempo de meternos un escarmiento, pensando que no tendríamos mucho apoyo. Pero la respuesta ha sido multitudinaria. La presión fue constante. No sólo en Asturias, sino en todo el Estado, y también a nivel internacional. Era histórico que en plena democracia dos trabajadores fueran a prisión por protestar por su puesto de trabajo.

D.: ¿Por qué se aplicó una condena tan severa? ¿Creéis que era una estrategia para detener las protestas?

C.G.C.: Es un hecho constatado la criminalización de los movimientos sociales. De alguna manera se pretende echar atrás a las luchas sociales. Nosotros éramos personas conocidas por nuestra trayectoria, que tuvimos un papel importante en las protestas de Naval Gijón. Así que intentan hacer pensar: “Si a estas dos personas les pasa esto, ¿qué puede pasar con alguien a quien no le conozca ni dios? ¿Para qué salir a la calle? ¿Para jugársela?”. Ahora alguien pega un cartel en la calle y son 300 euros de multa. Eso es represión. Aunque la represión más grande es que te quiten el puesto de trabajo. Y eso es lo que está ocurriendo en Asturias.

D.: ¿Qué actitud ha tenido en todo el caso el Ayuntamiento?

C.G.C.: Nosotros hablamos de que ha habido una trama política, judicial y especulativa. Izquierda Unida ya ha pagado un precio en las últimas elecciones. Tuvo una posición de defensa de los intereses del Ayuntamiento de Gijón. Creo que eso fue calando en la sociedad. La inmensa mayoría de la gente no se cree lo que dice el Ayuntamiento.

D.: ¿Por qué se da esa trama?

C.G.C.: Es algo que tiene unas connotaciones claras. Política porque es el Ayuntamiento de Gijón el que pone la denuncia. Y la policía pone nuestros nombres. Es un cajetín [el circuito de la cámara] que se había roto un montón de veces, y después lo volvieron a quemar. La trama política va por esa vía. Luego la policial: el principal testigo en nuestra contra era un policía infiltrado, una persona que instigaba a la gente a romper cosas y él también rompía. Y nos condenaron sin pruebas, pensamos que la condena estaba decidida de antemano. No es normal que pruebas tan evidentes no se tuvieran en cuenta. De ahí que ahora estemos haciendo recursos de amparo al Tribunal Constitucional porque se violaron derechos constitucionales.

D: Vosotros pertenecéis a la CSI. ¿Cómo veis el papel que han jugado otras organizaciones sindicales?

C.G.C.: Han jugado un papel bastante ambiguo. UGT sobre todo. Nosotros siempre fuimos muy críticos con la actitud de UGT y Comisiones en el asunto de Naval Gijón. En la línea de lo que UGT y CC OO vienen haciendo constantemente, ahora aceptan el cierre, reducción de plantillas, aceptaron que un buque que se iba a construir en Gijón se llevara a Ucrania. Y ante un hecho como el nuestro no han estado para nada a la altura de las circunstancias.

Me parece que no hicieron nada para que no ingresáramos en prisión y luego para sacarnos. Sabían que nosotros no fuimos la gente de la acción que nos acusan. Y UGT en Asturias defiende a capa y espada los intereses del PSOE. Como el PSOE era el demandante hubo un cierre de filas. A última hora dijeron que se sumaban a las peticiones de indulto. Pero eso es lavar la cara.

D.: Después de vuestra salida, ¿qué vais a hacer a partir de ahora?

C.G.C.: Hay creada en Gijón una Plataforma contra la Represión y por las Libertades. Y vamos a seguir trabajando en ella. Está nuestro caso, pero hay muchos otros. Lo primero que hicimos cuando salimos de prisión fue decir: por lo menos que nuestra condena sirva para que otros trabajadores no vuelvan a entrar en la cárcel por defender su puesto de trabajo; porque se está dando un estado de represión que no corresponde a un estado de derecho.

“El cinismo de los verdugos”
Tras el ingreso en prisión, las numerosas muestras de solidaridad con los detenidos pasaron a convertirse en movilizaciones casi diarias por su liberación. A ello se sumó una petición de indulto que fue firmada por miles de personas y representantes de todos los partidos y sindicatos. A esta firma de quienes antes no les habían apoyado se sumó incluso un respaldo del Ayuntamiento, algo que indigna bastante a Cándido Carnero: “Los propios verdugos se sumaron a la petición de indulto. Quisieron corregir sobre la marcha. Pero con eso no pueden engañar a nadie. Si denuncias a alguien luego no puedes decir que le apoyas. Es una posición hipócrita Es una posición tremendamente cínica del Ayuntamiento”.