Todos y todas somos inmigrantes
AL CALABOZO POR DENUNCIAR LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La policía abre un procedimiento de expulsión a dos inmigrantes a la puerta del juzgado
El pasado 1 de octubre dos inmigrantes latinoamericanos, acompañados de su abogada, acudieron a Santander para personarse en el juicio que habían promovido contra la empresa Escenasant S.L., propiedad de Bernabé Solana Arenal, en la que habían estado trabajando durante más de un año en condiciones de miserable explotación y a la que demandaban por despido improcedente e impago de varias mensualidades. Esta empresa se dedica a la venta y alquiler de escenarios y carpas, con abundantes encargos de instituciones públicas, entre ellas el propio Ayuntamiento de Santander.
A la puerta del edificio de los Juzgados de lo Social de Santander se encontraron con que el personal de seguridad, previa consulta de la vista judicial a la que se dirigían, les reclamó su documentación. Al comprobar que eran extranjeros, dieron aviso a la Policía Nacional que, tras verificar su situación administrativa, les incautó el pasaporte, pretendiendo llevárselos detenidos a comisaría y abrirles un procedimiento de expulsión; solamente la labor de su abogada permitió retrasar estos hechos hasta después del juicio, para que al menos se pudiera celebrar. A pesar de las numerosas evidencias que demuestran la relación laboral con la empresa –que, por cierto, tiene una facturación anual de más de 380.000 euros con menos de un empleado en nómina de media-, la jueza Catalina Pérez Noriega ha fallado, en un primer juicio, en contra de los trabajadores. Tras la vista los dos inmigrantes sufrieron ocho horas de detención en comisaría y la apertura de los citados procedimientos de expulsión.
Pero esto no es todo: hoy se celebra el segundo de los juicios de estos dos trabajadores contra la empresa Escensant S.L. Y hace 48 horas uno de ellos fue detenido en Oviedo, lugar donde reside, y enviado durante 27 horas a un calabozo en ejecución –en tiempo record- del procedimiento de expulsión abierto en Santander. ¿Casualidad? Hasta los policías que le detuvieron se extrañaban de la rapidez del proceso. Los hechos son contundentes: poco antes de ambos juicios, se persigue a los trabajadores para dificultarles o incluso impedirles su comparecencia, lo que es una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución.
En los últimos meses el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha negado reiterada y categóricamente que la policía realice controles racistas de documentación, afirmando que tales controles solamente se realizan vinculados a la persecución de delitos. Sin embargo, hay miles de evidencias de redadas policiales contra la población inmigrante: en las estaciones de trenes y autobuses, a la puerta de las escuelas cuando las madres y padres van a recoger a sus hijos e hijas, en los locutorios, a la puerta de la sede de asociaciones, etc. La constatación –a través de una circular interna- de que las comisarías deben cumplir un cupo semanal de detenciones de inmigrantes sin papeles es un claro ejemplo de que estas prácticas son generalizadas.
Lo ocurrido a la puerta del juzgado de lo Social nº 1 de Santander y posteriormente en Oviedo es un paso aún más grave en esta escalada represiva. Ya no se trata solamente de controles policiales basados en el aspecto de las personas que transitan por el lugar, sino de la detención de dos personas que acuden a denunciar su situación de trabajadores explotados en la economía sumergida.
Y es que, lejos de combatir la explotación laboral de centenares de miles de personas sin papeles, la implementación de estos controles racistas responde al objetivo de extender el miedo, la inseguridad jurídica y la vulnerabilidad social entre la población inmigrante.
La Ruta contra el racismo y la represión (formada por dos decenas de colectivos sociales, sindicales y políticos asturianos) y diversos colectivos de Cantabria denunciamos públicamente estos hechos y expresamos nuestra solidaridad con los compañeros latinoamericanos y con toda la población inmigrante que sufre las redadas, las expulsiones, los Centros de Internamiento y la explotación laboral. Nos comprometemos además a apoyarles y acompañarles en su demanda judicial contra la empresa Escenasant S.L., así como a denunciar cualquier otra vulneración de sus derechos fundamentales.
NO A LAS REDADAS CONTRA LA POBLACIÓN INMIGRANTE
NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA
NO A LA EXPLOTACIÓN DE LAS PERSONAS SIN PAPELES
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