ampliar Branko Marinkovic (de sombrero, abajo), el mayor terrateniente del lugar, convocó a votar por el sí, en una marcha en la localidad de Guarayos; lo acompaña en la imagen el gobernador de Beni

Como era previsible, la oligarquía y los 100 clanes que controlan la tierra, los negocios y los grandes medios de comunicación, cantaron victoria la noche del domingo y anunciaron que arrasaron en las urnas con el 85 por ciento de apoyo. En contrapartida, como era también previsible, el presidente Morales y sus ministros, tras mostrar toda su impotencia para impedir la consulta, minimizaron el acto electoral, maximizaron la abstención (cerca del 40 por ciento) y restaron toda validez a la votación calificada como ilegal, inconstitucional y plagada de irregularidades, aunque convocaron al diálogo y a las negociaciones con los sediciosos.

En las primeras horas de este lunes, unos como otros se presentaron como ganadores, desatando una desigual guerra de cifras y declaraciones en las que el aparataje mediático gubernamental parecía sucumbir sin atenuantes ante la poderosa maquinaria organizada por la burguesía.

Con ello, unos como otros intentan ganar posiciones con miras a una futura negociación, aunque queda claro, al menos por ahora, que el gobierno de Morales no podrá continuar con el saneamiento de tierras ni obligar a que los latifundistas y hacendados cumplan la ley, ni tampoco manejar las instituciones públicas ni las finanzas regionales, que ahora quedan bajo la tuición de los sediciosos, los que avanzan ahora hacia el control de otras cinco regiones de las nueve de Bolivia mediante otros tantos referéndums igual de ilegales y predecibles como el de este domingo

Doble poder

En rigor, la votación del 4 de mayo está consolidando y legitimando con apoyo popular la existencia de dos gobiernos en Bolivia: Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, con masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí), con mando sobre el Ejército y la Policía y el respaldo de los sindicatos y las clases medias. En los valles y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, el poder de la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que gobierna de facto y cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército y a la Policía para derrocar al “indio presidente”.

Desde mediados del 2007, Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas y está arrinconada y perseguida.

Y esto quedó ratificado este domingo. En simultáneo con la votación en Santa Cruz, en las regiones donde la autonomía cuenta con apoyo (Beni, Pando, Tarija y Sucre) se produjeron concentraciones de apoyo a los resultados del referéndum cruceño, anticipando lo que serán sus referéndums separatistas, también ilegales e inconstitucionales. En cambio, en las ciudades y poblados del altiplano y parte de los valles (La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Cochabamba) se realizaron masivas manifestaciones populares en las que se exigía cortar de raíz la conjura separatista, expropiando todos los latifundios y poniendo “mano dura” contra los oligarcas (ver: Central obrera: ni Evo ni la oligarquía).

En estas concentraciones populares, los sindicatos y organizaciones sociales que han comenzado a recuperar su independencia de clase y a zafarse del control gubernamental conminaron a Morales a dejar de conciliar con la burguesía y los 100 clanes y abandonar su declarado intento para que “la élite indígena-campesina” comparta el poder con la “élite blancoide de los oligarcas”.

Hasta ahora, según declaró el vicepresidente Alvaro García Linera, el gobierno de Morales ha gobernado desde enero del 2006 con la ilusión de convertirse en socio de la oligarquía criolla y de las transnacionales, que sienten un profundo y visceral odio contra los indios y un inocultable desprecio contra los pobres que son el 70 por ciento de la población boliviana (ver: Los ricos cantan victoria).

Votos y abstención

El separatista y racista estatuto autonómico aprobado ayer por medio millón de votos, según el recuento de las redes mediáticas que apoyan a la burguesía, permite a Santa Cruz definir su política de tierras, de economía, de educación, de salud y le permite crear una Asamblea Legislativa que aprobará leyes departamentales y además designará autoridades locales.

Estas mismas fuentes aseguran que la abstención llegó al 39 por ciento, 21 puntos porcentuales por encima de la registrada en la consulta sobre la autonomía de julio del 2006. Las causas de esta elevada abstención fueron otro motivo de controversia. Para el gobierno de Morales se trataría del repudio de la población hacia la oligarquía, en tanto que ésta asegura que sería el resultado de la campaña de amedrentamiento y presión ejercida por los seguidores de Evo.

En cifras absolutas, según el conteo rápido de Ipsos Apoyo, el total de inscritos en el padrón electoral del departamento de Santa Cruz fue de 933.952 personas, de las cuales emitieron su voto 569.324 (61%) y se abstuvieron de emitir su voto 364.628 (39%) potenciales electores. Las estadísticas oficiales de los últimas tres elecciones generales, difundidas por la Corte Electoral, señalan que el departamento de Santa Cruz está entre las regiones con mayor índice de abstencionismo con 24,69% en 1997; 29,2% el 2002; y 18,50% el 2005.

Diálogo y presiones

En este escenario, el presidente Morales y los oligarcas sediciosos anunciaron su disposición para iniciar el diálogo y las negociaciones. Tras calificar el referéndum como un “rotundo fracaso”, el presidente Morales dijo: “Quiero convocar a todos los prefectos (gobernadores), que desde mañana (hoy) trabajemos por una verdadera autonomía, una autonomía basada en la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Espero que los prefectos me puedan escuchar, para que juntos garanticemos una autonomía para regiones, para sectores como los pueblos indígenas, pero también para los departamentos” (ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).

Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó que “debemos lograr un gran acuerdo nacional que armonice las normas bolivianas y fortalezca las instituciones de la República para dar certidumbre y seguridad jurídica a todos los bolivianos. Bolivia nos exige un pacto que no viole la democracia, la libertad ni el estado de derecho, un acuerdo que no niegue ni menoscabe la voluntad expresada en el referéndum del 2 de julio (2006) y puesta en marcha hoy”.

“La contundencia del Sí, que superó el 80%, no admite ser negada por ningún tipo de maniobra totalitaria, la victoria de la gente ha recuperado para sí el mandato del referéndum del 2006, incumplido por la Constituyente masista”, agregó.

En el mismo tono, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el fascista Branko Marinkovic advirtió que “nadie le puede decir a estos cientos de miles de bolivianos que su voto fue en vano. El gobierno del MAS no puede decir que ese voto no tiene valor porque con el voto del pueblo no se juega, el voto del pueblo es democracia”.

“Hoy todos hemos puesto la cara y ahora a todos nos toca poner el pecho. El Gobierno tiene que saber que el pueblo no va a dejar de luchar hasta que el Gobierno reconozca esta victoria. Convoco a defender el voto”, agregó el líder visible de los 100 más poderosos clanes de Bolivia, que son dueños de 25 millones de hectáreas, cinco veces más que la tierra que poseen dos millones de campesinos (ver: La rebelión de los 100 clanes).