Comunicado de Espacio Alternativo


No lo consiguieron a través una moción de censura “ética”, aderezada con presiones y amenazas sobre los concejales y concejalas de izquierdas de Arrasate. Así pues, han pasado al “plan B”: el encarcelamiento directo de la alcaldesa, bajo la acusación de “pertenencia a organización terrorista”. Para esos menesteres está la Audiencia Nacional, digna sucesora del Tribunal de Orden Público franquista.

En la magistratura española velan armas jueces histriónicos como Baltasar Garzón… y juristas tan creativos como ese fiscal que, a falta de pruebas, aduce que la conducta de Ino Galparsoro al frente del Ayuntamiento de Arrasate “es la que más conviene a ETA”. A partir de tan arrolladora lógica inquisitorial, toda la ciudadanía vive, aún sin saberlo, a las puertas del presidio.

Desde Espacio Alternativo queremos alertar a la opinión democrática ante la extrema gravedad de esta auténtica “caza de brujas” desatada contra la izquierda abertzale por parte del gobierno del PSOE – siempre azuzado por un PP que exige más y más represión. Las mociones promovidas por el PSE y el PNV contra las alcaldías abertzales en Arrasate, en Hernani y en cuantos municipios han podido presentarlas, suponían ya un intento demagógico de violentar la voluntad popular, bajo el pretexto de la no condena por parte de ANV del asesinato de Isaías Carrasco.

Justamente en Arrasate, la actitud firme de los concejales y concejalas de Ezker Batua – Zutik, que rehusaron votar semejante moción, permitió desenmascarar el trasfondo de tales operaciones. La coalición EB-Zutik de Arrasate nunca mantuvo la menor ambigüedad frente a las acciones de ETA: hasta tal punto que, al considerar que ANV no manifestaba un rechazo contundente de los hechos y haciendo gala de coherencia, abandonó el gobierno municipal que compartía con la formación abertzale. Pero, no por ello quisieron estos compañeros y compañeras entregar el Ayuntamiento a unos partidos cuyo programa social poco tenía que ver con la voluntad expresa del electorado de Arrasate – y que tampoco se distinguían precisamente por sus enérgicas condenas de probadas torturas y abusos policiales, cometidos sin ir más lejos en esa misma localidad.

Nada fue de extrañar que, desde los medios afines al PSOE y desde las filas de la derecha, llovieran insultos y amenazas. Lo bochornoso resultó, sin embargo, que los peores improperios y anatemas surgiesen de la propia dirección de Izquierda Unida, por boca de su coordinador general, Gaspar Llamazares – dispuesto a cambiar los Estatutos que fuese necesario para poder expulsar a los rebeldes – e incluso de algunos líderes críticos, incapaces de separarse a la hora de la verdad de ese “consenso antiterrorista” que pisotea las libertades democráticas y mantiene ocultas las cloacas del Estado.

Y ahora, ¿qué? ¿Volverán a la carga los paladines de la ética, aprovechando la nueva correlación de fuerzas? ¿Qué dice IU ante el encarcelamiento de la alcaldesa? ¿En qué queda el rechazo formal a la Ley de Partidos si se calla ante su aplicación? EB-Zutik de Arrasate ya se ha pronunciado contra la operación de la Audiencia Nacional. He aquí el momento de comprobar, retomando la diatriba de Llamazares contra la concejala de Zutik, quién tiene de verdad “la sensibilidad de una almeja”.

Los colectivos, corrientes y movimientos deseosos de alcanzar una salida pacífica y justa para el conflicto vasco no deben dudarlo: hay que manifestar el más decidido rechazo al encarcelamiento de Ino Galparsoro. Desde la defensa de las libertades y los derechos humanos, hay que romper con ese círculo infernal en que la represión contra la izquierda abertzale parece convocar nuevas acciones de ETA… y éstas sirven a su vez de pretexto a la excepcionalidad que se abate contra el pueblo vasco – y contamina la vida democrática en todo el Estado. Ésta es una exigencia que concierne ante todo a la izquierda: ninguna fuerza realmente transformadora y fiel a la clase trabajadora podrá levantarse si no hace bandera del derecho a decidir de los pueblos. Pero no sólo en palabras, sino en los hechos. Y en los momentos duros como éste, en que el Estado, por arrebatar ese derecho a la ciudadanía, llega incluso a secuestrar a sus alcaldes.