Extremadura está convergiendo con el resto de España, pero esta vez, el acercamiento no tiene un significado positivo. La comunidad autónoma ya tiene el mismo índice de incidencia de accidentes de trabajo que el conjunto del país en el sector de la construcción, que desde ayer ha reducido en una hora su jornada laboral para que las altas temperaturas no se conviertan en otro factor de riesgo capaz de provocar accidentes.
En 1996 entraba en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que marca claramente un antes y un después a la hora de medir la siniestralidad laboral en España, a la cabeza de los accidentes de trabajo en el contexto europeo.
Desde entonces, el mencionado índice de incidencia ¯que registra el número de accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores activos¯, se ha incrementado en nuestra región en un 20% en el conjunto de los sectores productivos, esto es, construcción, servicios, agricultura e industria, el único en el que no convergemos, sino que superamos incluso a la media española.
En el mismo periodo de tiempo, sin embargo, entre 1996 y 2007, el índice nacional de accidentes laborales se ha reducido en un 6%, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En el caso concreto del sector de la construcción, la diferencia de más 3.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores que separaban en los años noventa a Extremadura del conjunto nacional se ha evaporado en la última década; ambas estadísticas confluyen hoy entorno a los 13.000 siniestros.
El dato es particularmente significativo porque socava uno de los argumentos más repetidos cuando se analizan las causas del incremento de la siniestralidad laboral, y que se resume así: hay más accidentes porque hay también más actividad empresarial y económica en general.
De hecho, las autoridades autonómicas de manera frecuente han aludido a esta medición para relativizar el incremento total de accidentes laborales que se venían registrando, denunciados una y otra vez por las organizaciones sindicales.
Sin embargo, el índice de incidencia, que relaciona los accidentes siempre con el mismo número de trabajadores, con independencia de los niveles de actividad, también le ha dado la espalda a Extremadura y viene a negar que haya más siniestros porque se ha estaba atravesando un boom inmobiliario.
«Es algo que ya sabíamos, que la actividad, que es a lo que se agarraba siempre la patronal,no podía explicar tanto incremento de accidentes. Estamos convergiendo a marchas forzadas», afirma Miguel Ángel Rubio, secretario regional de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), que defiende la creación de una comisión específica de seguridad laboral para el caso de la construcción.
El V Plan Regional de Prevención de Riesgos, suscrito por la Junta de Extremadura, patronal y sindicatos, sí contempla la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento especial para las obras públicas.
Bien es verdad que, en el caso de la construcción, el sector más sensible a la siniestralidad, la curva en el índice de incidencia registraba un descenso paulatino desde el año 2002, en consonancia con la evolución nacional, truncado en la región por un repunte en la cifra de accidentes en 2007.
De enero a diciembre de 2007, Extremadura tuvo 33.777 accidentes laborales, un millar de ellos in itinere, es decir, cuando el obrero se dirigía y venía del centro de trabajo, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al año 2006. La mitad de esos accidentes causaron baja al trabajador y 265 fueron calificados como graves. Veintiséis personas murieron, 13 en el centro de trabajo y otras tantas in itinere. En resumen, cada día 45 extremeños causan baja por un accidente laboral.
Desde Comisiones Obreras, Jacinto Mellado, secretario provincial de la Federación de la Construcción en Cáceres, pide una «intensa reflexión» por el «incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas de la región, no sólo de la construcción».
Mellado, no obstante, reconoce que la reciente Ley que limita la subcontratación en cadena, «ha sido un paso adelante» en la lucha contra la siniestralidad laboral, a lo que suma las expectativas que abre la implantación de la tarjeta profesional de la construcción, obligatoria a partir de 2011. Para su obtención, los trabajadores deberán demostrar una formación mínima en materia de prevención, que le deben proporcionar las empresas.
«Se está procurando poner los medios», asegura desde la Federación de la Construcción de Cáceres (Fecons) su gerente, Víctor Valiente, que, sin embargo, intenta que las culpas de tanto accidente en Extremadura no recaigan únicamente sobre las empresas. «Todos debemos poner de nuestra parte y asumir responsabilidades. Los trabajadores también deben concienciarse de su propia seguridad y cumplir las medidas de protección individuales»
