Los ministros del Interior de la UE han aprobado formalmente el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y promover la inmigración legal y la integración, según fuentes diplomáticas.
El Pacto, que ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio, todavía debe ser ratificado en la cumbre que celebrarán en octubre los jefes de Estado y de Gobierno.
España, que estuvo representada en la reunión por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se encuentra satisfecha con esta iniciativa porque ha participado en su redacción desde el inicio y porque el Gobierno de París ha suprimido las dos cuestiones que más le incomodaban: la referencia a un contrato de integración para los inmigrantes y la intención de prohibir prácticamente las regularizaciones masivas.
Modificaciones al texto inicial
Desde que se discutió en julio sólo se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.
La norma
El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos".
Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera". Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes.
El Pacto refleja además la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
