La declaración de la edil del PP le ha bastado a la Audiencia Nacional para encarcelar Zigor Goikoetxea. El caso está lleno de excepcionalidades: no hay informe policial, ni vídeo, ni testigos. Y además, hay una sentencia reciente en la que Arrúe no ofrece «certeza» en sus identificaciones.
El joven algortarra Zigor Goikoetxea se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real acusado de incurrir en un delito de «atentado contra la autoridad». No ha hecho falta informe policial, ni vídeo, ni testigos, ni careo entre ambos que sustente el auto de prisión. El testimonio de una concejala del PP, Marisa Arrúe, le ha bastado a la Audiencia Nacional española para enviar al joven a la cárcel.
Pero ésta no es la primera vez que Marisa Arrúe acusa a un joven abertzale. Esta edil del PP ya denunció recientemente a jóvenes del gaztetxe de Algorta, pero cuando acudió al juicio se «confundió» y señaló a un policía, que custodiaba a uno de ellos como autor de los hechos. La sentencia absolvió a los acusados y decretó que el testimonio de Arrúe no ofrecía «certeza». Para la Audiencia Nacional, en cambio, sí lo ha tenido.
Estos hechos se remontan a diciembre de 2005. Nada más conocer que Algorta contaba con un gaztetxe, Marisa Arrúe se personó allí acompañada de Eduardo Andrade, otro concejal de su formación, con el fin de dar una rueda de prensa a las puertas del propio gaztetxe.
Decenas de jóvenes que se encontraban en esos momentos en el local impidieron la comparecencia del PP al entenderla como una provocación, y siguieron a los concejales hasta el Ayuntamiento, donde se vivieron momentos de tensión entre los jóvenes y la Policía Municipal. La Ertzaintza se personó en el Consistorio e identificó a tres jóvenes: Alain Labajo, Lander Labajo y Endika Ruiz.
Días después, la propia Arrúe y el Consistorio de Getxo interpusieron sendas denuncias contra los tres jóvenes por delitos de «desórdenes públicos» y otro de «atentado» y falta «por lesiones» contra uno de ellos.
El juicio no se celebró hasta mayo de este año y los tres jóvenes quedaron absueltos por la ausencia de pruebas que permitieran atribuir la autoría de los hechos. Y es que Marisa Arrue, la denunciante, tuvo frente a frente a los jóvenes que denunció... y señaló a otros.
Con total convicción
Este caso resulta revelador sobre la capacidad de identificación de la concejal del PP. Para este juicio, Lander Labajo, uno de los jóvenes a los que Arrúe acusaba de participar en los incidentes, fue conducido al Juzgado de lo Penal número 5 de Bizkaia custodiado por dos ertzainas que iban de paisano, al estar preso.
Los tres acusados se sentaron en la sala junto a los dos policías que custodiaban a Labajo. Cuando la magistrada llamó a declarar a Arrue, el abogado de la defensa, Iñigo Santxo, le preguntó si sería capaz de reconocer a los jóvenes que participaron en los hechos. La edil aseguró estar «totalmente convencida» de poder identificarlos y al requerirle que los señalase no dudó en señalar a los tres primeros, que en realidad eran dos acusados y un ertzaina.
La sentencia da constancia de este hecho e intenta justificar el lapsus de Arrúe detallando que «posiblemente debido al tiempo transcurrido desde la fecha de autos y al nerviosismo derivado de la situación vivida, manifestó en plenario que creía que los tres jóvenes sentados en el banquillo estaban entre la multitud violenta, siendo uno de los identificados uno de los agentes custodios del acusado trasladado desde la prisión». La juez, María Elena Gonzalez, absolvió a los tres jóvenes.
El 10 de agosto de este año, Marisa Arrúe volvió a denunciar a jóvenes de Getxo. Ese día la concejala, acompañada por otros ediles de su formación, acudió a visitar el mercado de San Lorenzo. Según su versión, un grupo de personas la «increpó, insultó y amenazó».
En un primer momento comentó que la habían llamado «torturadora» y no identificó a nadie. Dos días después, pasó a manifestar que la habían «amenazado de muerte» y fue entonces cuando se difundió que Goikoetxea era «uno de los com- ponentes del grupo», y se remarcó su parentesco con Arkaitz Goikoetxea, acusado por las FSE de dirigir el «complejo Bizkaia» de ETA. Ayer, cuando ratificó la denuncia en la Audiencia Nacional, Arrúe cambió de nuevo la versión y llegó a decir que «en un momento dado la rodearon».
Para la Audiencia Nacional, el testimonio de la concejal del PP sí ofrece «certeza» total, ya que ha sido la única prueba para encarcelar a Goikoetxea.
Pese a que la denuncia presentada por Marisa Arrúe alude sólo a amenazas e insultos, para lograr encarcelar a Arkaitz Goikoetxea se ha debido aplicar un tipo penal superior: el de «atentado a la autoridad». El juez del tribunal especial Fernando Andreu acordó esa medida argumentando que dichas amenazas se engloban «dentro del entorno terrorista» y que persiguen un «fin de intimidación», con la circunstancia «agravante» de que la destinataria es miembro de la corporación municipal.
El fiscal esgrimió tres indicios para aplicar este tipo al encarcelado: la circunstancia personal de ser hermano de Arkaitz Goikoetxea; la circunstancia personal del denunciante, es decir, ser concejala del PP; y el hecho de que el incidente ocurriera en Getxo.
El delito de «atentado a la autoridad está penado hasta con seis años de prisión. Según el letrado de Goikoetxea, Alfontso Zenon, con su aplicación «se pretende justificar» la decisión de enviar al joven a prisión de manera incondicional. O. L.
A las puertas del tribunal Antonio Basagoiti, que arropó a Arrúe, se alegró de la decisión y manifestó que «cuantos menos de ETA estén en la calle más posibilidades habrá para la paz. Cuantos menos De Juana, cuantos menos Zigor, cuantos menos Arkaitz estén insultando y amenazando, más fácil será que lleguemos a la paz y la libertad»
"SER HERMANO DE ARKAITZ Y SER VASCO LO HAN LLEVADO A PRISION"
¿Hay precedentes de encarcelamientos por una declaración de una persona contra otra, sin testigos, sin imágenes, sin siquiera un careo entre ambos?
Yo, desde luego, es el primer caso que he visto. No sé si habrá, pero a mí me resulta inconcebible, porque lo único que hay es la denuncia de una persona contra otra y la negativa de esta otra persona ante lo que se le imputa. Y no hay más. No hay ni atestado policial, ni ningún policía que diga nada, ni fotos, ni imágenes, ni ningún otro tipo de diligencia que se haya practicado. No hay nada más y con eso, pues uno va a la cárcel. Es increíble.
¿Es admisible que el juez deje la decisión en manos de la persona denunciante?
Legalmente, lo que hacen es citarla [a Marisa Arrúe] para que que ratifique la denuncia y ofrecerle acciones como personarse y ser acusación. Se trata de un trámite que se suele hacerse con todo el que pone una denuncia, pero no va más allá. Cuando decidieron tomar declaración a esta señora, ya dije yo que no iba a aportar nada. Se ha ratificado en su denuncia. Eso ya lo teníamos.
¿Que tipo de procedimiento se debería haber llevado a cabo ante una situación así?
Lo lógico sería tomar declaración al denunciado y practicar las diligencias que las partes estimen oportunas; pedir un informe a la Policía, tomar declaración a algún testigo que haya presenciado los hechos... algo. Sin más ni más, lo encarcelan. Es increíble.
El tipo penal aplicado es el de «atentado», cuando la denuncia sólo habla de insultos...
La denuncia es clarísima y de lo que habla es de insultos y amenazas... y nada más. Lo que pasa es que la Fiscalía ha visto que puede haber incluso atentado, porque Arrúe ha dicho que en un momento dado casi la rodean y que su servicio de seguridad tuvo que hacer un cordón. Pero no hay base ni para un atentado ni para nada. Incluso el fiscal ha venido a decir que podía ser un delito contra las Instituciones del Estado, por el hecho de que esta señora es concejal. No hay base para imputar nada de eso, ni mucho menos, pero tienen que engordar de alguna forma el que pueda ser impuesta una pena de más de cinco años, que es lo que dicen en el auto, para justificar el ingreso en prisión. Por que lo demás, no tiene base ninguna.
¿Qué capacidad de defensa queda en un caso como éste?
Nula. No habiendo nada en contra, ¿de qué te vas a defender?. El fiscal, en su justificación, ha sido muy claro. Ha dicho que la gravedad de los hechos venía dada por las circunstancias personales del imputado y de la denunciante, y por las circunstancias del lugar donde suceden los hechos. En realidad, lo grave de esto es que el denunciado es hermano de Arkaitz Goikoetxea, que la que denuncia es de una concejala del PP y que los hechos ocurren en Getxo, o sea en Euskal Herria. Y eso es lo relevante y así lo ha dicho el fiscal. Es flipante.
Una vez más se ve que la Audiencia Nacional funciona bajo impulsos políticos y no jurídicos. Aquí, lo que han hecho es un show mediático para hacer un campaña de criminalización del PP, y la Fiscalía, que obedece a las ordenes del Gobierno español, ha colaborado en eso. Es que no hay más. No se puede hacer una valoración jurídica, es que esto es una burrada enorme.
Lo único que se me ocurre es que si según estos señores del PP viven amenazados hoy, ahora todavía hay muchos más ciudadanos vascos que van a vivir bajo la amenaza de que si algún concejal del PP les denuncia automáticamente se pueden ver en la cárcel. Así de claro. Entonces es terrible.
¿A quién se puede apelar ahora?
#1
27-08-2008 10:14
Como en los tiempos de la Santa Inquisición. Bastaba que un "buen" creyente te acusara de hereje para ir directamente a las mazmorras.
Y si ese "buen" creyente es una españolista de extrema derecha y el hereje es un independentista vasco..... ¡a las mazmorras!
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#3
27-08-2008 20:15
Esta detencion es un autentico escandalo de gran envergadura que podria tumbar gobiernos en europa , pero no de menos envergadura el silencio y la complicidad cuando no manipulacion de los medios de comunicacion españoles.
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#4
menditako|27-08-2008 23:20
Y todavia hay quien duda de que en Euskadi hay un estado de escepcion permanente.
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