Los 27 ciudadanos vascos procesados en el juicio contra el movimiento pro-amnistía se enfrentan a penas de prisión de 10 años cada uno por «integración» en ETA. A pesar de ello, han renunciado a defenderse jurídicamente de las acusaciones.En la práctica, los papeles se han invertido desde la primera sesión del juicio. Ese primer día, además de anunciar su renuncia a la defensa jurídica, los procesados denunciaron que el tribunal carece de «legitimidad» para juzgarles y retrataron en sus declaraciones el papel que juega la Audiencia Nacional como instrumento de primer orden al servicio de la «violencia de Estado».

Todos los procesados explicaron en sus intervenciones los motivos por los que se involucraron en el movimiento pro-amnistía y se mostraron muy orgullosos de ello. A modo de ejemplo :

Juan Mari Olano, que fue el primero en tomar la palabra, señaló irónicamente que fue «captado» precisamente por los que han impulsado la represión y Asier Birunbrales, el último en declarar, responsabilizó del «surgimiento, promoción y existencia» del movimiento pro-amnistía a los «responsables políticos» de los estados español y francés por hacer uso de estas medidas policiales, judiciales, penitenciarias...

Así, Xabin Juaristi especificó que la creación de una organización nacional como Askatasuna en 2002 la impulsó el «acuerdo» adoptado entre Madrid y París y que supuso un «salto represivo», al poner en el «punto de mira» a sectores cada vez más amplios como la cultura, los medios de comunicación, los organismos euskaltzales o los partidos políticos.

Contrapunto a la versión oficial

El trabajo del movimiento pro-amnistía ha sido público y notorio en los últimos 30 años y, tal y como se está evidenciando en la Casa de Campo, se ha caracterizado por denunciar la tortura o por su solidaridad hacia los presos políticos vascos.

Jagoba Terrones resaltó que éste es un movimiento popular «muy arraigado» y que realiza iniciativas para «reivindicar, por encima de la represión, que somos un pueblo y que queremos ser libres».

Olano aseguró que «somos testigos de las acciones de represión que se generan y las trasladamos a la sociedad» y explicó a los tres magistrados que «se sorprenderían» de su actividad, «porque me he reunido con agentes de todo tipo con el objetivo de dar a conocer lo que ocurre en las cárceles, la tortura y demás».

Gari Arriaga valoró la función comunicativa y social que desempeña el movimiento pro-amnistía y dijo que ejerce de «contrapunto a las informaciones oficiales de los gobiernos». «Somos una agencia de prensa que pone en evidencia los puntos negros de la democracia española», resumió. Durante las últimas semanas ha vuelto a quedar en evidencia esta labor; por ejemplo, al darse a conocer otra versión de la difundida por la Ertzaintza tras los tiros al aire efectuados por un agente en Orereta o al trasladar a la opinión pública las denuncias de los últimos detenidos en la redada contra jóvenes de Oarsoaldea.

En este sentido, Josu Beaumont dijo que «nosotros siempre hemos dicho la verdad» y que su misión ha sido intentar trasladar a la opinión pública la «foto real». Según citó como botón de muestra, «en el año 2000 UPN decidió entregar una medalla a la AVT» y el movimiento pro-amnistía ofreció una rueda de prensa con otras «víctimas» del conflicto político en Nafarroa. «Eso no es menospreciar a nadie, sino mostrar la foto real», concluyó.

Julen Arzuaga indicó también que como abogado y coordinador de Behatokia ha denunciado a nivel internacional ante organismos de derechos humanos las vulneraciones que se producen en el Estado español, muchas veces mediante reformas legales.

Política penitenciaria

Además, muchos de los imputados han relatado ante el tribunal que han pasado largos periodos encarcelados.

Maite Díaz de Heredia -la única que se encuentra en prisión en la actualidad tras ser detenida en Segura en el operativo contra Batasuna- explicó cómo cuando tenía 13 años detuvieron a sus tres hermanos y que uno de ellos sigue todavía en la cárcel después de 22 años. «Descubrí una realidad que no conocía de vulneraciones de derechos continuos y estuve hasta siete años sin poder abrazar a mi hermano».

Julen Larrinaga indicó que cumplió una pena de seis años de prisión, entre 1992 y 1998, y manifestó que conoció de primera mano «la política penitenciaria que se aplica y el impacto que tuvo sobre mi familia por la dispersión».

A su vez, Mitxel Sarasketa señaló que durante los veinte años que estuvo encarcelado, entre 1978 y 1998, sufrió situaciones muy duras con innumerables traslados, palizas y que permaneció la mayoría del tiempo en aislamiento. «He salido vivo de la cárcel», resumió, antes de apuntar que por eso después ha participado en iniciativas para que la gente conozca qué ocurre al otro lado de los muros.

Beaumont afirmó que ayudar a hacer frente al «castigo» que supone la dispersión fue la razón por la que se involucró en el movimiento, ya que sufrió en carne propia la política penitenciaria que aplica el Estado francés, primero, y luego el español, al ser entregado tras cumplir la pena.

Julen Zelarain, por su parte, denunció que a los presos políticos vascos «se les imponen medidas de excepción» frente «a las que cualquier demócrata se levanta». Según recordó, «el propio Felipe González dijo que `los presos son cuestión de Estado', pero por desgracia los utilizó de manera represiva».

Zelarain reivindicó «la aplicación del estatus político» para los represaliados vascos y que «sean garantizados todos sus derechos».

Tortura, deportados y FSE

Iker Zubia, por su parte, contó en la Audiencia Nacional que la decisión de militar en el movimiento pro-amnistía la tomó en 1993, cuando en una misma semana se produjeron las muertes en comisaría, durante el periodo de detención incomunicada, de Xabier Kalparsoro y Gurutze Iantzi. Según explicó, durante todo este tiempo se ha reunido con representantes políticos de todos los partidos, salvo el PP, para trasladar los testimonios que se producían, como el de Unai Romano, y citó que hasta el Parlamento de Gasteiz se ha pronunciado en contra de los malos tratos. «Denunciar la tortura no es un delito, sino torturar», espetó al tribunal, al que acusó de permitir que se produzcan esas actuaciones en los calabozos. Zubia, Beaumont y Aratz Estonba hicieron hincapié en que en Euskal Herria se han denunciado más de 7.000 casos de tortura.

Olano, por su parte, admitió también su relación con los deportados políticos vascos: «He estado en Cabo Verde y Venezuela porque han matado a algunos de ellos y para traer sus cuerpos». Según censuró, «el Estado español y francés les han querido convertir en personas sin derechos, les negaron poder trabajar, y yo he acudido a hablar por mediación de sus familias con partidos, gobiernos y organismos pro derechos humanos para que tengan una vida digna».

En cuanto a la labor de las FSE, declaró que la «presencia policial no tiene comparación y supone el ratio más alto de Europa». Además, el zaldibitarra puso de manifiesto que «son policías que vienen a hacer la guerra, como piensan la mayoría de los vascos, y por eso no han encontrado el cariño del pueblo. Son policías de ocupación».

Tras la muerte de Brouard

En paralelo, Jon Beaskoa trajo a colación la guerra sucia al recordar la muerte de Santi Brouard. Según relató, en los 80 estaba afiliado a las juventudes de un partido «español» -en alusión al PNV- y tras la muerte de Brouard, que era su pediatra, y las cargas policiales que se registraron decidió que no podía permanecer «impasible». Optó por dedicarse a obtener «solidaridad» económica para hacer frente a los gastos provocados a los familiares de los presos políticos por la dispersión, y que lo hizo colocando txosnas en las fiestas de los pueblos.

Alex Belasko apuntó también en su declaración que en 1993 fue enviado a prisión por «insumisión» al Ejercito español y que fue dispersado. El vecino de Iruñea aseguró que el Colectivo de Presos Políticos Vascos le ayudó a superar su estancia en la cárcel y que quiso devolver ese apoyo recaudando fondos para «minimizar» la dureza de la dispersión.

Más testimonios:

Jorge Luis Arredondo explicó que al ser conductor de camiones, y en solidaridad con los presos, colaboró en desplazar las txosnas pueblo a pueblo.

Juan Antonio Madariaga declaró que cuando en 1987 Felipe González ideó la dispersión «los familiares nos vimos obligados a unirnos para hacer frente a esta lacra».

E Ixone Urzelai dejó claro que los familiares «no vamos a dejar de lado» a los presos vascos.

Abonar terreno a la solución

El discurso de los imputados no se limita a la denuncia de la represión. Todos los procesados resaltan que el movimiento pro-amnistía también ha trabajado por la resolución del conflicto y que la represión es «estéril». Olano dijo en concreto que «es necesario respetar la voluntad de Euskal Herria mediante la negociación y el diálogo. Queremos generar un entorno para el diálogo». Gotzon Amaro apuntó que la Constitución española «niega los derechos de Euskal Herria y utiliza distintas medidas, como tribunales, cárcel y prohibiciones. Pero el Estado se equivoca al apostar por esas vías, tendría que tomar otro camino como ha pasado en otros pueblos, dando la palabra a la ciudadanía y aceptando la amnistía».