La tramitación del macro-sumario 18/98 ha estado llena de irregularidades desde su fase de instrucción, cambiando la garantista presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. La vista oral, que ha durado casi 18 meses, y que ha significado un castigo añadido para los procesados, no ha estado exenta tampoco de numerosos defectos que han provocado indefensión, como a lo largo de la misma ha sido denunciado.

La conclusión del proceso tenía que estar en consonancia con todo lo visto anteriormente; y así, en lugar de citar a los procesados para darles a conocer la sentencia, se ha producido una redada injustificada, con la detención de todos y cada uno de los condenados, sin que previamente hayan podido conocer su condena, que todavía no se ha hecho pública.

Lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación es que el tribunal, incluso, ha aumentado las penas solicitadas por el fiscal, al calor del clima político-social creado tras la rechazable ruptura del alto el fuego de ETA, lo que constituye un hecho insólito. Estas condenas, no por hechos considerados delictivos (como podría ser un atentado), sino por supuestas coincidencias estratégicas, sientan un precedente sobre la figura delictiva del “entorno de organización terrorista”. A partir de este proceso, cualquier persona u organización que tenga coincidencias con planteamientos de alguna organización considerada delictiva, automáticamente podrá ser procesada y condenada.

La conclusión del proceso 18/98 es la muestra del alarmante recorte de las libertades que se está produciendo en nuestro país, al haber sido condenados, a largos años de cárcel, a personas por el simple hecho de haber ejercido su derecho de expresión y asociación, (y no por la comisión de posibles actos delictivos, que no figuran en ninguno de los miles de folios del sumario). Si a esto sumamos la legislación excepcional, y su aplicación no menos excepcional (como la terrorista, y la ley de Partidos), podemos afirmar que se está poniendo en juego el sistema de libertades y derechos que tímida e incompletamente se restauró tras la muerte del dictador.

No es sólo la actividad violenta de ETA la que se trata de perseguir y castigar. Se está persiguiendo el derecho de opinión, expresión y organización, de todas aquellas personas y grupos que no interesan al poder económico y político. Y esto no sólo sucede en Euskadi, sino que se está extendiendo a toda la geografía española. Si ETA mata a una persona, se trata de un acto terrorista. Si un nazi mata a un antifascista en Madrid, se trata de una pelea entre tribus urbanas, convirtiendo al entorno de la víctima en más peligroso que el de su verdugo. Esta es la situación en la que tratan de meter a todos los que actúan para acabar con las injusticias y desigualdades de esta sociedad. Serán acusados de violentos y terroristas, aunque estén comprometidos en acciones de no-violencia, como ha ocurrido con algunos de los condenados del 18/98.

Seguimos convencidos de que el llamado conflicto vasco sólo se podrá superar con diálogo y negociación. Ni la vulneración de derechos y libertades, ni las condenas injustas, ni la violencia sin sentido de ETA (que, según las noticias, ha vuelto a causar dos víctimas, una de ellas mortal), acercarán la necesaria paz que exige la sociedad de Euskal Herría y del resto del Estado.

Ante esta situación los movimientos sociales y políticos estamos llamados a actuar. Se está cuestionando el ejercicio de la libertad y la posibilidad de luchar. Y hoy más que nunca hay que recordar aquellos versos de Brecht, que podríamos actualizar de esta manera: “Fueron a por un abertzale, y no me afectaba; fueron a por un anti-fascista, y no me afectaba….”

Por la Paz y el Dialogo, en nuestro nombre sí.

Madrid, 1 de diciembre de 2007

Red por las Libertades y el Dialogo