La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo hasta que se dirima si el juez Baltasar Garzón es competente para hacerse cargo de la investigación. Los 15 magistrados de la Sala han celebrado un Pleno extraordinario a petición de la Fiscalía en el que han adoptado la medida solicitada por el Ministerio Público por 10 votos a favor y cinco en contra.
En el escrito dirigido a la Sala de lo Penal, la Fiscalía argumenta que Garzón "ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones" antes de que se haya decidido si es competente. El juez "no puede practicar más diligencias que aquellas que sean necesarias para comprobar el delito o de reconocida urgencia, y parece obvio que todas las diligencias acordadas no revisten ese carácter", señala el fiscal, por lo que solicita que se ordene al Instructor que se limite a practicar "diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación".
El juez Santiago Pedraz autorizó ayer, en sustitución de Garzón que se encuentra de baja médica, que la familia de Federico García Lorca pudiera estar presente en la apertura de la fosa del poeta. También permitió la exhumación de varios cadáveres de republicanos enterrados junto a Franco en el Valle de los Caídos. Previamente, Garzón acordó la apertura de otras 19 fosas como le pedían una veintena de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.
Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, mantienen un enfrentamiento por la causa contra el franquismo. El juez transformó la investigación en sumario, lo que obligaba a la Fiscalía a recurrir ante él antes de hacerlo en la Sala. El fiscal sin embargo presentó recurso de apelación ante el pleno de magistrados. Garzón, que era el encargado tramitar el recurso ante la Sala, se negó por considerar que el Ministerio Público tenía que presentar previamente otro escrito ante él.
En su recurso de apelación, el fiscal solicitó al pleno de la Sala Penal, de acuerdo con un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta ahora no aplicado en la Audiencia, que dejara al juez fuera de la investigación por considerar que no era competente. Ese artículo establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entiende que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
La convocatoria del Pleno urgente ha provocado que el juicio por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella, en el que uno de los acusados es el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, y en el que se esperaba la declaración del ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, haya tenido que suspenderse para que los magistrados pudieran asistir a la reunión extraordinaria.
La familia Lorca expresa su respeto a la decisión judicial sobre las exhumaciones
Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta granadino, ha expresado hoy su "respeto" a cualquier decisión judicial tras conocerse que la Audiencia Nacional ha accedido a la petición de paralizar la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo. La portavoz oficial de la familia del poeta granadino ha eludido opinar sobre la paralización y se ha limitado a afirmar que acatará cualquier decisión, "tanto una como otra". No han sido de la misma opinión las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, que han manifestado su desacuerdo ante la decisión de la Audiencia. Así, la de Granada ha estimado que "es como si tuvieran que seguir martirizando a las víctimas en las personas de sus familiares", mientras que la andaluza ha tildado la decisión judicial de "ultraje a las víctimas".
|07-11-2008
La Asociación para la Memoria Histórica, "decepcionada", lamenta que se siga "martirizando" a las familias
Granada, 7 nov (EFE).- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada ha acogido con "decepción" la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía de que se paralice la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.
"Es como si tuvieran que seguir martirizando a las víctimas en las personas de sus familiares", ha dicho a Efe el presidente de la asociación, Francisco González, que ha manifestado no obstante que acatan la decisión con la confianza de que la justicia tenga finalmente la "sensibilidad suficiente" como para que la aspiración de los parientes de los desaparecidos se cumpla.
"La única demanda que hacen los familiares es que se sepa dónde están los restos de las víctimas para darles un enterramiento digno", ha precisado González.
En el caso de Granada, la orden emitida en su día por el juez Baltasar Garzón para que se procediera a la apertura de 19 fosas afecta a la que supuestamente alberga los restos de Federico García Lorca, enterrado junto a dos banderilleros y el maestro Dióscoro Galindo, cuya familia fue la que solicitó la exhumación con las reticencias, aunque no oposición, de los descendientes del poeta.
"Lo único que se pretende es que reposen en un lugar digno y no en un lugar abandonado y mancillado", según González, para quien es "difícil" entender la postura de la Fiscalía.
El presidente de la asociación ha confiado en que las "disidencias internas" en el ámbito de la justicia sobre este asunto se resuelvan pronto y no afecten a los "derechos de los ciudadanos".
|07-11-2008
El Fòrum recurrirá la decisión de la Audiencia de parar la exhumación de fosas
LA ORGANIZACIÓN ADVIERTE QUE "SEGUIRÁ PIDIENDO MÁS EXHUMACIONES"
El Fòrum per la Memòria del País Valencià anunció este viernes que recurrirá la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes, a raíz de una petición de la Fiscalía, hasta que no se decida si el juez Baltasar Garzón es o no competente para investigar estos hechos, según informó la abogada de la entidad, Amalia Alejandre.
La letrada del Fòrum anunció que presentarán un "recurso de queja" ante la sala porque "da igual que la competencia venga por el juez Garzón, por el juez natural, es decir, del territorio donde están las fosas, o por la ley de la Memoria Histórica" ya que en el auto del 16 de octubre, el juez Garzón ya hace un "aviso para navegantes" al anunciar que iba a delegar las competencias en los jueces naturales de cada zona una vez tuviera las 38 partidas de defunción de los generales y jefes falangistas querellados.
Asimismo, Amalia Alejandre también manifestó que el fiscal que recurrió el auto "no se opone a que las competencias pasen a estos jueces de zona, por tanto, esta paralización sólo es una traba que dilata más en el tiempo las exhumaciones y que, tarde o temprano, el caso llegará al Tribunal Supremo". En este punto, afirmó que cuando se trata de genocidios o crímenes contra la humanidad, el Supremo "siempre da la razón a las víctimas, como ocurrió con Argentina o Chile", señaló.
Por otro lado, la abogada del Fòrum per la Memòria del País Valencià reclamó que los trabajos científicos tienen que realizarse "cuanto antes" para preservar el estado e identificación de los restos de los desaparecidos. Además, incidió en que no se pueden paralizar las exhumaciones porque "es un movimiento de miles de personas". Así, remarcó que, cuando tengan la notificación de la decisión de la Audiencia, presentarán el recurso de queja.
La decisión de paralizar la apertura de las fosas fue acordada por los magistrados con diez votos a favor y cinco en contra al estudiar la petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz, alegando que estas actuaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación".
Antes de conocerse esta decisión, el Fòrum per la Memòria del País Valencià, había ofrecido una rueda de prensa donde la presidenta de la entidad, Empar Salvador, junto con la letrada de la asociación, Amalia Alejandre, y el coordinador de Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, se felicitaban por la orden del juez Garzón que autorizaba exhumar tres fosas comunes del Cementerio General de la ciudad de Valencia.
Los tres representantes de estos colectivos expusieron a los medios que con estas exhumaciones se conseguíría "iniciar el camino del reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo en Valencia". A su vez, reivindicaron a las instituciones públicas valencianas que "igual que no han cesado de elevar a los altares a determinadas personas del bando franquista, reconozcan de una vez por todas la memoria de las víctimas de la represión franquista y les restituya su honor", afirmó Toni Gisbert.
Más exhumaciones
Por su parte, la presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Empar Salvador, aseguró entonces que su asociación "seguirá pidiendo más exhumaciones" y manifestó que "lo único que queremos es conocer lo que pasó en Valencia y que se recuperen, en la medida en que se pueda, los restos de nuestros muertos".
Alejandre explicaba por su parte el proceso que desde la asociación se ha llevado a cabo para conseguir la providencia de la Audiencia Nacional así como lo que pensaba que iba a ocurrir cuando las exhumaciones se lleveran a cabo. Así, indicó que tras el auto del 16 de octubre, por el que se ordena investigar las desapariciones, un juez de zona "supervisará todas las actuaciones y tareas" y las muestras recogidas serán trasladadas al Instituto de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, donde un censo de ADN "determinará las causas por las que fallecieron los desaparecidos".
En este sentido, indicó que de las 6.754 personas que se han registrado provisionalmente en estas fosas, "la cantidad puede aumentar con las pruebas de ADN". En este sentido, manifestó que "todos deberíamos estar orgullosos" de la decisión del juez porque se trata de "impulsar un proceso sobre la verdad de los hechos ocurridos, para que se determine el origen de por qué fueron enterradas estas personas, porque son nuestros antepasados, y tal como dice el auto de Garzón, hubo una orden sistemática de exterminio de una población nacional simplemente por la ideología y por la que murieron miles de personas".
|07-11-2008
La ARMHE considera que el auto de Garzón pone en evidencia las "insuficiencias" de la Ley de Memoria Histórica
Extremadura ha sido una de las regiones donde más víctimas se han contabilizado y ya adelantan que aún serán más
BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHE) cree que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que se declara competente para investigar los crímenes cometidos durante la represión franquista, pone en evidencia "las insuficiencias" de la Ley de la Memoria Histórica.
Así lo expuso hoy a Europa Press Televisión el abogado y presidente de esta asociación en Extremadura, Juan Manuel Corbacho, tras subrayar que para las asociaciones que "durante años" han estado trabajando en el país para la "reparación" de la memoria histórica de las víctimas caídas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, la actuación del magistrado ha sido acogida "con gran satisfacción".
Al respecto, resaltó que la importancia de esta decisión radica en que "es la primera vez" que la Justicia española "reconoce algo sobre este tema" desde que se instaurara la democracia hace 33 años, por lo que, a su juicio "supone un antes y un después" para todos aquellos que desde diversas organizaciones vienen "luchando" por este reconocimiento.
También destacó el hecho de que el magistrado se haya basado en la misma "doctrina" en la que se ha "venido asentando" la Audiencia Nacional para examinar "supuestos de violaciones sistemáticas de derechos humanos en países como Chile, Argentina, e incluso el Tíbet", según apreció.
Por ello, confió en que "el recorrido final" de esta causa implique el "amparo para la justicia, las familias y las víctimas" represaliadas en la Guerra Civil y la dictadura franquista.
MÁS DE 10.000 CASOS EN EXTREMADURA.
Respecto a la comunidad extremeña, adelantó que aún "existen datos" de más desaparecidos y asesinados que "están en fase de depuración final", los cuales, según indicó, han sido recogidos por la propia Administración extremeña, que dispone de cifras "que superan los 10.000" casos que le han sido comunicados al juez Garzón.
Así, aprovechó para pedir rapidez en la tramitación de estos nuevos documentos para que "ningún desaparecido extremeño quede fuera" de este proceso.
Por otra parte, el historiador y también miembro de la ARMHE, Ángel Olmedo, valoró "muy positivamente" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional porque "viene a respaldar el trabajo de las asociaciones" de la memoria histórica y "pone en el punto de mira el respaldo" que debe existir "por parte del "Estado" a estas agrupaciones.
CUATRO FOSAS EN MÉRIDA.
Asimismo, explicó, junto a las fosas localizadas en el entorno del cementerio de Mérida que, desde el comienzo de la represión que ejercieron los sublevados, "se producen ejecuciones que se prolongan hasta los años 40", algunas de las cuales tuvieron lugar en el camposanto, donde fueron localizadas "cuatro fosas".
El resto de los cuerpos fusilados en la capital extremeña venían desde El Convento de Santo Domingo, emplazado en el centro de la ciudad y que por aquellos tiempos sirvió de presidio franquista.
Para concluir, este historiador manifestó su deseo de que "por fin" las víctimas "tengan reconocimiento público" porque, según apostilló, "es cuestión de derechos humanos", ya que a su parecer "no es lógico que haya personas tiradas por los campos".
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