ANTE EL HURACÁN PRIVATIZADOR, UN OBJETIVO GENERAL: DEROGAR LA LEY DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN, LEY 15/97
Los trabajadores y trabajadoras de la sanidad madrileña y cada vez más sectores populares asistimos, entre incrédulos y espantados, a un rapidísimo proceso de demolición de la sanidad pública.
El gobierno del PP ha abierto ocho nuevos hospitales en Majadahonda, Parla, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Vallecas, Arganda, Aranjuez y Valdemoro. El procedimiento utilizado ha sido la cesión gratuita de suelo público –a Uniones Temporales de Empresas que "explotan" el hospital por un periodo de entre 30 y 60 años. La connivencia de los Ayuntamientos correspondientes, independientemente del partido en cuestión, ha sido indecente. Han callado sobre la privatización- y se han hecho la foto, ante de la cesión de recursos públicos y de la atención sanitaria de sus pueblos a los tiburones del capital privado. Las empresas son en su mayor parte grandes constructoras que – ante la crisis del sector – buscan el negocio seguro de la financiación pública tales como Dragados, Sacyr, Acciona, FCC u otras de capital riesgo como Apax Partners.
En estos hospitales, siguiendo la lógica privatizadora, se subcontratan todo tipo de servicios y prevén beneficios anuales de entre el 15 y el 25 % de os fondos obtenidos de la financiación pública.
La forma de asegurar su rentabilidad es de claridad meridiana: reducir la cantidad y la cualificación del personal, precarizar los contratos, ahorrar en dotación de medios y, sobre todo, seleccionar pacientes rechazando a enfermos crónicos y a todos aquellos en los que por la vejez y la pobreza demandan mayores cuidados.
La puesta en marcha de golpe, de estos ocho nuevos hospitales, está permitiendo que la ciudadanía y los profesionales y trabajadores de la sanidad estén percibiendo de forma rápida las gravísimas repercusiones de esta locura privatizadora:
- Ante las necesidades acuciantes de recursos hospitalarios de la sanidad madrileña, la apertura de los nuevos hospitales no supondrá aumento de medios, sino reducción global de personal y de camas.
- El personal sanitario de los nuevos hospitales sale de los hospitales públicos. Buena parte de ellos al ver las más que precarias condiciones de trabajo (escasez de recursos y de personal) regresan a sus hospitales de origen.
- Los datos a los pocos meses de apertura son: médicos de atención primaria atendiendo urgencias hospitalarias, grave escasez de especialistas. remisiones a los hospitales públicos por no tener medios diagnósticos ni especialistas suficientes, casos dramáticos de falta de atención sanitaria en partos, etc. Los supuestos hospitales son ambulatorios con camas.
- Los grandes hospitales, hasta hora públicos, están sufriendo la falta de personal derivada de la marcha de sanitarios a los nuevos hospitales y se enfrentan a reducciones importantísimas del números de camas como resultado de los Planes Directores, que prevén disminuciones en todos ellos (Ramón y Cajal, Doce de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón etc) de cientos de camas cada uno.
- La privatización de los laboratorios, de la radiología, de servicios básicos para la garantía de la seguridad y la calidad como son la limpieza, la alimentación, la esterilización, son ya una realidad.
- Desde febrero de 2008, la asistencia sanitaria de 400.000 personas de Madrid se ha cedido a una empresa privada de capital riesgo, Apex Partners– propietaria de la Fundación Jimenez Díaz- incluyendo la atención especializada de los centros de Pontones y Quintana.
La gestión privada de los grandes hospitales, hasta hoy públicos, es cuestión de poco tiempo, tras la aprobación de la ley que les dota de personalidad jurídica. Detrás irá sin ninguna duda la de los centros de atención primaria y los de especialidades del conjunto de la sanidad madrileña.
Nos enfrentamos hoy a la más profunda perversión del supuesto derecho de todos a una sanidad pública de calidad.
Ante este cataclismo, inconcebible hasta ahora, hay que hacerse dos preguntas:
- ¿Por qué han callado CC.OO y UGT y los partidos de la supuesta izquierda?
- Tamaño despropósito, ¿es legal?
La respuesta es que el objetivo de abrir la sanidad pública a manos privadas, cuyo esperpento percibimos ahora, viene de lejos. Los pasos fundamentales para poner en manos de empresas privadas el importante presupuesto público de la sanidad se dieron hace tiempo. Hay una estrategia general del capital a la que han servido indistintamente los gobiernos estatales del PP y del PSOE, y los de las Comunidades Autónomas, ya sean de la derecha estatal o nacionalista o de la supuesta izquierda, con la complicidad de CC.OO. y UGT.
El Informe Abril Martorell que diseñó la filosofía de la privatización y el Decreto de 1991 que separaba la financiación de la gestión – paso trascendental para introducir la gestión empresarial - ambos realizados por gobiernos del PSOE, fueron las herramientas políticas y organizativas para preparar la entrada de las empresas privadas en la gestión de la sanidad pública. A partir de entonces se privatizaron en masa en la sanidad: limpieza, lavanderías, cocina, archivos de historias clínicas, seguridad, mantenimiento, etc, y se inició la "externalización" de laboratorios, radiología, y todo tipo de pruebas diagnósticas.
Las transferencias de la sanidad a las Comunidades Autónomas supusieron el pistoletazo de salida para la privatización "a la carta" .
En 1997, gobernando el PP en minoría y con el voto del PSOE, *se aprueba la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión* que permite la gestión de todo centro de salud, hospital o centro socio-sanitario por entidades privadas. CC.OO. y UGT saludaron la Ley y el PSOE y las demás fuerzas políticas la ha aplicado en las comunidades autónomas en las que gobiernan. *Con esta Ley se legalizaba la entrada masiva del capital privado en la gestión de la sanidad pública.
Ante todo esto, ¿Qué hacer?
En primer lugar saber cual es el punto débil del PP, el eslabón débil de la cadena.
El gobierno del PP en Madrid ha creído que teniendo neutralizados a los grandes sindicatos- CC.OO. y UGT firmaron un acuerdo de paz social con la Consejería de Sanidad - y al PSOE, que votó la Ley 15/97 - , podía llevar a cabo sin resistencia un proceso privatizador a una velocidad a la que ningún gobierno se ha atrevido.
Lo está haciendo además en condiciones enormemente precarias que hacen posible que miles de trabajadores de la sanidad y cada vez más sectores de la ciudadanía se den cuenta rápidamente de la enorme estafa que supone la privatización.
La percepción masiva de las dramáticas consecuencias de la privatización abre posibilidades y exigencias a quienes no nos pueden comprar, de respuesta y de victoria.
Las luchas concretas en cada lugar, las denuncias de las infames condiciones de funcionamiento de los nuevos hospitales, de la degradación a la que se ven sometidos los "antiguos", las indignas condiciones de trabajo que repercuten gravemente en la calidad y la seguridad de la atención sanitaria, deben unificarse en un objetivo común: derogar la Ley que ampara y hace posible la privatización, la Ley 15/97 , y obligar a quienes se dicen "defensores de la sanidad pública" a actuar en consecuencia.
Los trabajadores y trabajadoras, en general, que somos herederos de las luchas de generaciones anteriores por servicios públicos como la sanidad, estamos llamados a responder ante la agresión brutal que se está perpetrando.
Mucho más tendremos que hacerlo las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, quienes además de como usuarios, nos jugamos nuestra dignidad profesional y nuestro puesto de trabajo.
Sabiendo que nada podemos esperar de sindicatos como CC.OO. y UGT que callan ante semejante atropello - como cómplices que son de los gobiernos de turno - el fortalecimiento de la Plataforma de Trabajadores de la Sanidad que se está creando y la organización por barrios y áreas sanitarias de usuarios y trabajadores, es la respuesta necesaria.
Las luchas contra la privatización en cada lugar, que deben empezar a coordinarse en todo el estado, tienen un objetivo común común básico e irrenunciable: ¡Derogar la ley que permite la privatización!
ORGANIZACIÓN DE SANITARIOS Y USUARIOS EN CADA BARRIO, EN CADA ÁREA!
¡DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97, DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN!
SI PODEMOS!. ¡LA PRIVATIZACIÓN, NO PASARÁ!
