Ayer 2 de noviembre se cumplía el aniversario de la llamada “Victoria de Todos los Santos”, aquella en la que el pueblo de Oaxaca salió a las calles a defender Radio Universidad cuando la Policía Federal Preventiva, ya instalada en el Zócalo, trató de desalojar el que en esos momentos era el medio independiente más importante del movimiento.
La llamada de auxilio de la Dra. Berta (que sigue amenazada de muerte y escondida) y de los demás locutores, atrajo a los alrededores de Ciudad Universitaria (C.U.) a miles de oaxaqueños que consiguieron repeler el nuevo ataque del Gobierno de Ulises Ruiz, en este caso tratando de pasar por encima de la autonomía universitaria de la UABJO.
Ha pasado un año y las cosas han cambiado quizá en lo que se refiere a su espectacularidad mediática, pero no en su fondo. Los luchadores sociales siguen siendo hostigados, detenidos, reprimidos y golpeados. Y las argucias legales para que no salgan en libertad también (este es el caso de David Venegas, a quien el día que debía salir en libertad, se le recalificaron los delitos –se les cambió de nombre- cuando un juez federal ya había otorgado un amparo a Venegas basándose en la falta de pruebas en las que se supuestamente se basaban las acusaciones contra él)
Un año después, en el Crucero de Cinco Señores, situado en las inmediaciones de C.U. se organizaron diversos actos para recordar lo sucedido el 2 de Noviembre del pasado año. Y la respuesta de los cuerpos policiales no ha sido muy diferente a la de entonces. Un total de entre 20 y 43 detenidos según las fuentes (que ya han sido liberados después de haber sido golpeados en las instalaciones policiales), al menos dos posibles desaparecidos y como poco dos heridos.
Los actos, completamente pacíficos, fueron respondidos por el Gobierno con un amplísimo dispositivo policial que incluía elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales y numerosas camionetas de la policía estatal y municipal, que arroyaron a quienes participaban en el evento. Pronto comenzaron las detenciones y revisiones indiscriminadas a los transeúntes. Se habla también de registros ilegales en casas de la zona en busca de posibles participantes en el evento.
Tras la puesta en libertad de los detenidos, se convocó una marcha para la tarde tras la cual, (en el momento en que se escribe esta nota) varias informaciones hablan también de detenciones que en las próximas horas habrá que confirmar.
Pero este dispositivo no ha sido aislado, sino que muy al contrario se enmarca en toda una lógica represora que, tras los acontecimientos de julio, ha vuelto a apoderarse de Oaxaca. Desde comienzos de octubre varios han sido los activistas perseguidos, asaltados en plena calle e incluso llevado a dependencias policiales.
Uno de los casos ha sido el de Daniel Arellano Chávez, estudiante de Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien el pasado 29 de octubre era asaltado y agredido por la policía sin mediar palabra. Según él mismo nos cuenta, “Como parte de mi investigación acerca de ‘La influencia organizativa de los pueblos originarios en el actual movimiento social del Estado de Oaxaca’ me encontraba realizando la observación del tapete (costumbre y tradición de los pueblos originarios) que se enmarcaba en la conmemoración del primer aniversario del asesinato del enfermero López Bernal muerto por la PFP. Al retirarme del lugar junto a otros dos jóvenes a quienes había entrevistado a los que pedí su ayuda para poder trasladarme del lugar en donde me hospedo, un grupo de seis policías, sin mediar palabra alguna, comenzaron a golpearnos por la espalda. Recibí un fuerte golpe en la nuca, y empecé a correr. Después de una cuadras me reuní con uno de los jóvenes que había entrevistado”. Sin embargo, la persecución siguió con un dispositivo desproporcionado que incluía 12 camionetas con elementos que portaban armas largas y hasta 8 motocicletas.
Éste va a ser un mes lleno de efemérides en el que destaca el 25 de noviembre, día en que se desató el operativo represor más duro de todo el proceso de movilizaciones que se dieron durante el año pasado. Tal y como están las cosas, no parece que la acción del Gobierno vaya a diferir mucho de lo que ha demostrado Ulises Ruiz como la única manera en la que sabe encarar el descontento estructural del pueblo de Oaxaca. Y mientras, con una hipocresía y falta de vergüenza como virtudes más positivas de alguien que lleva a sus espaldas más de 20 asesinatos, se dedica a sostener que en Oaxaca “no pasa nada” y a llamar a la APPO a participar en la reforma del Estado.
