Comunicado del MDT (traducción del catalán por un aficionado andaluz)
Los pasados días 28/29 de Julio se produjeron en el aeropuerto del Prat una serie de hechos que conviene analizar desde una perspectiva de clase.
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) decidió unilateralmente y de acuerdo con su política privatizadora, la retirada de la licencia de operador a la filial de Iberia que se dedica a las tareas en tierra en el aeropuerto del Prat. Frente a esta decisión, que ponía en peligro todos los puestos de trabajo de todo el personal de Iberia Handling, Iberia mantuvo un silencio cómplice. Por su parte, tal como reconocieron en su comunicado del primero de agosto, los sindicatos CCOO, UGT y USO de Iberia del Prat, se dedicaron a avisar que la situación estaba caliente.
Ante la decisión de AENA y la pasividad de los mencionados sindicatos, las y los trabajadores respondieron de la única forma coherente posible, es decir, ejerciendo el derecho de huelga y ocupando el lugar de trabajo, en este caso las pistas y las instalaciones del aeropuerto.
Naturalmente, la situación creada por la decisión de AENA, el silencio cómplice de Iberia, la vergonzosa actitud de los sindicatos y la respuesta necesaria de las y los trabajadores afectados/as tuvo un efecto colateral inevitable: la cancelación de los vuelos y los consiguientes trastornos para millares de personas.
Conscientes de la ideología pequeñoburguesa de una parte de los afectados, el Estado, las patronales y los medios de comunicación a su servicio no han dudado en aprovechar este descontento y lo han dirigido contra los trabajadores y no contra los verdaderos culpables, AENA e Iberia. Por su parte, el Estado ha mostrado su función disciplinadora de la clase trabajadora enviando las fuerzas represivas a aporrear a las y los que defendían su lugar de trabajo.
El informe elaborado por la Guardia Civil y la apertura de diligencias contra las y los trabajador(a)es por parte de un juzgado del Prat contra la plantilla de Iberia Handling, demuestra el resentimiento de los aparatos del Estado contra la clase trabajadora, especialmente cuando ésta demuestra que la única forma de conseguir que se respeten los derechos conseguidos, es la lucha, más alla de si esta lucha se vale de instrumentos legales o ilegales.
Cabe hacer notar el patético espectáculo ofrecido por los partidos del Parlamento de arriba que han obviado el hecho de que el problema de fondo es la defensa de los puestos de trabajo y el derecho a la huelga sin impedimentos y han llevado el debate al terreno de las competencias, cuando acaban de negociar y aprobar un estatutet que parecía la solución milagrosa de todos los males.
Dentro de este patético espectáculo, merece mención especial la inefable señora Tura, que ha reivindicado el derecho de la Consejeria que dirige a participar en el apaleamiento de las y los trabajadores. Si la Generalitat y el Parlamento del norte quieren ejercer verdaderamente sus competencias, pueden comenzar demostrándolo impidiendo el cierre de tantas empresas que como Braun ahora y anteriormente otras (Valeo, Philips, etc.) han estado afectando los últimos años a millares y millares de trabajadores y trabajadoras.
Las trabajadoras y los trabajadoresde Iberia Handling en el aeropuerto del Prat nos han dado una lección práctica de cómo se defienden los intereses de la clase trabajadora, razón por la cual que todos y todas les hemos hecho llegar nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad.
Por eso, las personas afectadas por los días de huelga, especialmente si son trabajadores, deberían canalizar sus justas exigencias de compensación hacia los verdaderos responsables: Aena e Iberia. En el mismo sentido, las asociaciones de consumidores deberían ser conscientes de la la mayoría de los y las consumidores son y forman parte de la clase trabajadora.
Por otro lado, cabe recordar a los sindicatos que su función no es avisar a los poderes públicos de cómo de caliente o fría está la situación, ni desalentar las movilizaciones, ni convocar huelgas con cita previa, ni huelgas con el 90 % de los servicios mínimos, sino la firme defensa de los derechos laborales.
Finalmente, se ha hecho patente que el estatutet que se acaba de aprobar no ha pasado la primera prueba de fuego, ya que por si lo dudaba alguno, el Estado español continúa determinando lo que es importante en nuestra casa.
Países catalanes, 2 de Agosto de 2006