«Si el comisario El Gallego levantara la cabeza, ja, ja, ja...». El que así se expresa es Manuel Toledano, uno de los 4.000 encarcelados y torturados durante el franquismo por homosexuales. El Gobierno elabora un reglamento para distribuir los dos millones de euros presupuestados para indemnizar a ese colectivo.
Indemnizaciones «pioneras e históricas», según Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que han obligado a muchos a desenterrar recuerdos dolorosos de redadas, comisarías, cárceles, vejaciones, destierros...
Su delito: ser gays. Según la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 ser homosexual era delito. Una reforma posterior, en 1970, dio paso a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Con esta nueva norma esa condición sexual era motivo de encarcelamiento, eso sí, con el fin de la reeducación, de la rehabilitación, de que el detenido en cuestión dejara de ser maricón, en la terminología al uso en la época.
Una normativa que siguió en vigor en los primeros años de la democracia hasta que en 1978 una reforma eliminó las referencias a la homosexualidad. En 1995 se derogó definitivamente con la promulgación del Código Penal.
Gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 el Congreso de los Diputados incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida de dos millones de euros para indemnizar a las personas que fueron represaliadas por su condición sexual.
Tras el paréntesis electoral, los ministerios de Presidencia y de Justicia se afanan ahora en establecer un reglamento que permita obtener datos fiables sobre el número de afectados y que fije condiciones y requisitos de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.
En la Asociación de Ex Presos Sociales se han recibido hasta ahora 72 solicitudes. Habrá otras de personas no asociadas, e incluso los que no van a pedir nada porque «no hay dinero que arregle aquello. ¿Qué me van a dar si aquello no está pagado con nada?, ni aunque me den el pazo de Meirás», dice Juan Soto, de 83 años, que estuvo 25 años recorriendo cárceles franquistas.
«No me voy a callar». «Defiendo poder desahogarme, recuperar la memoria, que no vuelva a pasar», afirma Soto que tiene la sensación de que lo que quieren los políticos con las indemnizaciones es: «Toma y calla la boca». «¡Pues no me voy a callar!», exclama refiriéndose a aquellos que se han opuesto a la Ley de la Memoria Histórica.
Un período, el del franquismo, en el que los homosexuales eran ingresados en prisiones ordinarias como la Modelo de Barcelona o la de Carabanchel en Madrid, en lo que llamaban El Palomar, un ala solo para ellos.
A partir de 1970, se les destina a cárceles específicas: «Huelva y Badajoz, según fueran activos o pasivos», explica el periodista y escritor Fernando Olmeda, autor del libro El látigo y la pluma.
En las ordinarias -dice- estuvieron peor «porque eran carne de cañón para los presos. Y aunque tuvieran El Palomar, cuando bajaban al patio eran marcados por los internos y el primero que podía se lo ventilaba».
En las medidas de reeducación del peligroso social, -así los definía la ley- se fijaba una estancia en la cárcel por un tiempo variable en función de la arbitrariedad del juez.
«Aunque los informes de la prisión fueran favorables se está portando bien, no va a ser maricón más, no exhibe su condición en la cárcel, todo lo decidía el magistrado, desde la libertad, hasta el destierro», afirma Olmeda.
Historias muchas de ellas ocultas durante años, que empiezan a salir a la luz. Como el caso de Andrés García, toda una vida dedicado a la radio en San Sebastián y luego en Zaragoza. Un antes y un después de ser detenido y encarcelado durante dos meses en el penal de Martutene por «reconocer con toda naturalidad ante la Policía que era homosexual».
Fue en 1965. En San Sebastián. Sabía que habían detenido a alguien en relación a un abuso a un menor. Un día fue citado a declarar porque alguien había mencionado su nombre.
«Durante mi declaración me preguntaron si yo era gay y dije que si. Salí esposado, fichado, en un coche celular entre dos policías a Martutene», relata.
En la cárcel Andrés no sufrió vejaciones. Pero lo peor vino cuando salió con antecedente penales. Una asamblea de trabajadores de su empresa decidió que podía volver. Duró poco, el ambiente no era bueno. Trató de trabajar en emisoras de radio españolas. No lo consiguió. Tuvo que salir del país. Vivió seis años en Suecia. A su regreso le contrató radio Zaragoza, donde se jubiló.
«ENFERMOS», «DEPRAVADOS». 13 más que Marieta Trinidad, quien junto a su hermana gemela, ambas transexuales, fue detenida y encarcelada en 1973, cuando asistían a una fiesta de Primera Comunión en Granada.
«Teníamos 20 años e íbamos vestidas de niñas. El vecino de abajo que era guardia civil, molesto con los ruidos se presentó en el piso al grito de: «Esas niñas que se callen». «Nosotras -relata Marieta- dijimos que no éramos niñas, sino niños vestidos de niñas».
Una pareja de la Benemérita las conducía esposadas, minutos después, al cuartelillo de Armilla. «Estuvimos tres días detenidas, nos pegaron, nos llamaban enfermas mentales y depravadas. De allí, a la cárcel de Granada, acusadas de escándalo público y de peligrosidad social ¡por estar bailando en una fiesta¡», exclama. Al salir de prisión, el consabido destierro de un año. «Nos fuimos a Palma de Mallorca y allí rehicimos nuestra vida en el mundo de espectáculo. Como las Dolly Sister.
«¡Si el comisario El Gallego levantara la cabeza! Fue mi torturador en Barcelona, antes de enviarme a la cárcel Modelo. Yo tenía 17 años y me detuvieron en un bar de gays. Me llamaban invertido pero yo no sabía que era eso, y creían que me reía de ellos. Me quemó el prepucio con un cigarrillo», relata Manuel Toledano.
Manuel tiene ahora 66 años y una lesión en la espalda que le ha impedido trabajar: «Me dieron una patada en el culo y caí por una escalera. Si no recibo ese dinero no sé que voy a hacer», se lamenta.