Desde hace ya bastantes años se está desmantelando y privatizando la red de servicios públicos que nos pertenecen a todos y todas, y que hemos ido consiguiendo tras mucho esfuerzo y lucha tanto de la sociedad como de la clase trabajadora. Se trata de un ataque a nuestro derecho a disponer de unos servicios públicos universales y de calidad que garanticen unas cotas mínimas de bienestar social para la totalidad de la población. Los administradores públicos de todos los colores políticos, en complicidad con las empresas y los sindicatos institucionales, pactan día a día, a espaldas de la sociedad y contra sus intereses, la privatización de todos estos servicios públicos en busca de beneficios, convirtiéndolos en un negocio y dejando de ser un derecho. Ésta es la norma del neoliberalismo: los servicios públicos son un sector más con el que ganar dinero, que paguen los de calidad quienes tengan dinero y el resto de ciudadanos y ciudadanas que se conformen con otros de cuarta clase o simplemente sin ellos.
La integración en la Unión Europea está significando asumir las directivas neoliberales que atacan directamente al mantenimiento de los servicios públicos como, por ejemplo, la directiva Bolkestein, según la cual todos los servicios públicos deberán liberalizarse y
someterse a las leyes del mercado capitalista, al criterio de la competitividad y el beneficio empresarial. La educación no es una excepción, y desde CGT venimos denunciando diferentes medidas que han supuesto y suponen la progresiva privatización de la enseñanza y –paralelamente- reivindicando el término Escuela Pública, universal,
gratuita y de calidad como un concepto referido a todos los niveles.
La reforma de la Universidad que está emprendiendo ahora el actual gobierno tiene como objetivo la creación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este EEES nace en 1999 con la llamada Declaración de Bolonia siguiendo las directrices marcadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, bajo el pretexto de la armonización de los estudios universitarios de toda Europa, esconde los principios más duros de la globalización neoliberal.
El Plan Bolonia supone la supeditación de las universidades a los intereses y las directrices de las empresas y el mercado laboral, esto es, el secuestro del conocimiento por parte de unos empresarios que decidirán en todo momento qué se puede y qué no se debe estudiar. Mediante la financiación de las universidades por parte de las empresas, serán éstas las que elaboren los planes de estudio de las universidades y las que decidan qué investigaciones y qué universidades deben ser financiadas. Las universidades, por tanto, dejarán de estar al servicio de los intereses generales de la sociedad para contribuir a los beneficios económicos de los grandes empresarios y la universidad pública dejará de existir como tal. Sin duda, una parte importante de las carreras de humanidades, al no ser rentables, corren el riesgo de desaparecer. Otra de las consecuencias gravísimas de esta reforma es la desaparición de la cohesión social a causa del nuevo elitismo que surgirá en la Universidad. Debido al encarecimiento que experimentarán los estudios, se va a impedir a los estudiantes más pobres acceder a los másteres de especialización. Mientras que los estudios de Grado (3 ó 4 años) proporcionarán una enseñanza generalista y tendrán como única salida los escalafones medios o bajos del mercado laboral, sólo los estudiantes más ricos (o aquellos que
decidan hipotecarse mediante créditos bancarios que tendrán que devolver cuando empiecen a trabajar, hecho que condicionará su futuro laboral) podrán acceder a los estudios de postgrado y consecuentemente a los puestos de trabajo mejor remunerados y políticamente más decisivos. Por otra parte –y no muy ajena al Plan Bolonia- está la nueva selectividad que bajo el barniz de la "voluntariedad" oculta un instrumento de segregación que dificultará enormemente el acceso a las titulaciones más demandadas. Se trata en definitiva de otro ataque más del fundamentalismo neoliberal a los servicios públicos y a los ningún concepto. Estamos obligados a preparar una respuesta global y contundente.
Desde CGT, en primer lugar, APOYAMOS LA CONVOCATORIA DE HUELGA y las movilizaciones previstas para el día 13 de noviembre y pedimos la participación en ella de todos los estudiantes de enseñanza secundaria y universidad; en segundo lugar, manifestamos nuestro compromiso movilizador en defensa del empleo y de los servicios públicos.
En CGT defendemos LA UNIVERSIDAD PÚBLICA porque:
• El objetivo de LA UNIVERSIDAD PÚBLICA es la rentabilidad social en toda su extensión, no se limita a lo económico y persigue la satisfacción de las necesidades de las personas, mientras que lo privado busca el beneficio económico del empresariado.
• LA UNIVERSIDAD PÚBLICA puede y debe ir más allá de la labor puramente instructiva y garantiza derechos salariales, laborales, sociales, reparto de la riqueza, una mayor justicia, igualdad y solidaridad, mientras que lo privado busca la rentabilidad, la eficacia y la competitividad desde el interés individualista.
• Privatizar LA UNIVERSIDAD PÚBLICA significa reconocer el fracaso de quienes la han venido gestionando, por tanto en vez de la privatización lo que deben hacer es simplemente dimitir.
EL 13 DE NOVIEMBRE TOD@S A LA HUELGA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES DE CALIDAD, CONTRA LAS
PRIVATIZACIONES Y EXTERNALIZACIONES, POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS, Y POR EL EMPLEO DIGNO Y ESTABLE.
Sección Sindical de Enseñanza de CGT en Extremadura.
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