Como todos sabéis, atendiendo una Proposición no de ley aprobada por el Congreso el 1 de junio de 2004, el Gobierno creó, el 10 de septiembre de 2004, una Comisión Interministerial para “el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”. Esta Comisión debía elaborar un informe, sobre el estado de la cuestión, y un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para conseguir -según declaraciones de la Vicepresidenta Primera de Gobierno- “la completa rehabilitación moral y jurídica de todas las personas que sufrieron represión por defender las libertades democráticas que hoy disfrutamos.”

Pues bien, a pesar de que el Gobierno no había cumplido su palabra de presentar antes del verano el informe y el anteproyecto de ley, a finales de agosto era razonable esperar que el Gobierno lo hiciera pronto, y que tanto el informe como el anteproyecto dieran satisfacción a las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Y no sólo era razonable esperarlo por las declaraciones de la Vicepresidenta y otras personalidades cercanas al gobierno socialista, sino también porque, en el curso del mes de junio y julio, los medios de información se habían hecho eco de múltiples opiniones favorables a la consecución de tal objetivo.

Pero pasó el verano, y en septiembre se supo, por un artículo del periodista Carlos E. Cué en EL PAIS, que el Gobierno había decidido “frenar o al menos ralentizar la ley que preparaba” y que, ahora, su idea es la de buscar un proyecto “ambicioso” que “contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas”. Como es de suponer, las asociaciones y las personas que desde hace muchos años vienen luchando por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas de la represión franquista se indignaron, y manifestaron su sorpresa y su descontento por diferentes medios; pero, hasta ahora, el Gobierno -por intermedio del Director del Gabinete de la Presidencia- sólo ha tratado de “justificar” el retraso en la presentación del Informe de la Comisión Interministerial.

Es posible que, como lo pretende Presidencia, el retraso se deba a las numerosas demandas recibidas (“más de 700 documentos aportados por 40 asociaciones, particulares y expertos”) y a la necesidad de no “pasar por alto determinadas cuestiones, ya que el análisis ha de hacerse con el rigor adecuado, nunca por encima y aún menos sin tener informes jurídicos o de cualquier otro tipo que permitan a la Comisión tomar sus decisiones con la información suficiente.” Así como también al hecho de haber querido incluir todas las demandas -que abordan un tema definido por el Gobierno como “enormemente complejo y muy sensible”.- en un único informe; pues es posible que esta decisión haya hecho más laborioso y complicado el trabajo de la Comisión. Ahora bien, más allá de lo “complejo y muy sensible” del tema, la verdadera razón del retraso parece ser otra. Efectivamente, lo que ha quedado bien evidenciado estos últimos días es que el Gobierno se ha visto enfrentado a fuertes presiones para obligarle a recular. Presiones que no sólo vienen del PP y los poderes fácticos, sino inclusive del interior del propio partido socialista. Y esto es, seguramente, lo que explica que ahora se insista tanto en la necesidad de contentar “a los dos bandos” y de “no reabrir heridas, sino de cicatrizarlas”... Además, también se ha sabido que la Comisión recibió a la Falange, y que ésta reclama, a su vez, “reconocimiento” para sus víctimas y hasta un “homenaje para su fundador, José Antonio Primo de Rivera, fusilado por el bando republicano”.

La “explicación” dada a tan insólita entrevista es muy significativa: “todas las víctimas de la guerra civil deben ser tratadas con igual consideración”. Es decir: que “no debe haber discriminaciones cuando se busca la reconciliación y concordia entre los españoles”.

Es verdad que este criterio ya lo aplicó el ministro socialista de Defensa, el Sr. Bono, cuando hizo desfilar a un refugiado republicano, que había participado como soldado en la liberación de Francia, junto a un falangista ex voluntario de la División Azul.

Es pues de temer que “reconciliación” y “concordia” sean las palabras claves del Informe y del Proyecto de ley que la Comisión Interministerial presentará... algún día. Y esto puede significar que, en vez de reparar la injusticia de que eran víctimas los que sufrieron la represión franquista y acabar con la vergonzosa amnesia institucional de estos últimos veintisiete años, la Comisión habrá servido para validar esta amnesia e igualar a los que luchaban por las libertades democráticas con los que las negaban y pisoteaban.

Esta infamante igualación es inadmisible. Que los ex franquistas convertidos en “demócratas” la reclamen es comprensible, porque sería para ellos la manera de acabar de quitarle importancia al hecho de haber sido fascistas; pero es incomprensible e indigno que la acepten los que se consideran fieles a la legalidad que los fascistas pisotearon y destruyeron. Y esto es lo que parece haber confirmado el debate parlamentario, del 27 de este pasado mes de septiembre, sobre la Proposición no de ley presentada por CiU para pedir la revisión del Consejo de guerra que condenó a muerte a un parlamentario católico catalán fusilado por los franquistas en 1938. Sí, es verdad que la Proposición, enmendada por los socialistas en el sentido de que sea estudiada en el marco de las resoluciones que está preparando la Comisión Interministerial, fue finalmente aprobada hasta por el PP. Pero, leyendo las actas del debate se comprende muy bien el por qué el PP la aprobó... La aprobó por la coincidencia entre los dos principales Grupos y también CiU en la invocación permanente “al encuentro, a la convivencia y al diálogo”, y también porque el remitirla a la Comisión Interministerial significaba enterrarla. Y, además, porque también los demás grupos parlamentarios aceptaban la tesis de que “la legislación vigente y la Ley de amnistía de 1977 no permiten que sean revisadas las sentencias del franquismo”, salvo si hay “elementos nuevos”, que es la tesis que esgrime el PP para oponerse a toda demanda de revisión.

Pero lo más sorprendente y preocupante es que ahora ninguna formación política, con representación parlamentaria, pide “la anulación de las sentencias franquistas” y que sólo se habla de revisar las “sentencias injustas” ... Y ello a pesar de que el PSOE había presentado en 2003 una Proposición no de ley pidiendo la anulación y que hasta Amnistía Internacional y magistrados de renombre lo solicitan también.

Es de temer pues que el informe de la Comisión y el Anteproyecto de ley no pongan punto final a la infamante dependencia en la que sigue la Justicia de la Democracia de las leyes del franquismo. Y también que la mayoría parlamentaria tenga miedo de cortar ese cordón umbilical que sigue atando la legalidad democrática a la franquista. No obstante, es indiscutible que la batalla por la recuperación de la memoria está obligado a toda la clase política a definirse frente a la amnesia histórica y al pacto constitucional negociado por los que propusieron y los que aceptaron una “transición” sin ruptura institucional con el franquismo. Una “transición” que, además de garantizar la impunidad de los crímenes del franquismo y no hacer justicia a las víctimas, hipotecó la Democracia...

Acabar con la amnesia histórica y hacer por fin justicia a las víctimas del franquismo constituyen lo esencial del reto que la clase política y la sociedad no deben obviar. Claro que el PP sigue y seguirá oponiéndose y amenazando, en el Parlamento y a través de los medios, y hasta en la calle... Pero, en el Parlamento, la actual mayoría puede y debe legislar para hacer justicia. Un parlamentario lo ha dicho: “Es imposible revisar aquella época, se dice. Bueno, sólo falta que alguien venga y lo haga. Nosotros somos los legisladores...”

Todos sabemos el precio que tuvo la “transición”; pero es una vergüenza que, treinta años después de desaparecido el Dictador, la Democracia siga estando hipotecada a la Dictadura, que la verdad oficial franquista siga siendo la VERDAD oficial aún hoy. Sí, es una escandalosa vergüenza que la Justicia de la Democracia siga considerando “terroristas” a los que sufrieron la represión franquista por haber luchado para que existiesen las libertades democráticas que hoy proclama la Constitución y que hasta el PP dice defender.

La batalla de la memoria histórica y la dignidad no está ganada y no podemos permitirnos perderla. Perder esta batalla sería un deshonor, una derrota peor que la de la “transición” y las consecuencias serían el envalentonamiento de la derecha y la marcha atrás en todos los terrenos de nuestra vida social, cultural y política. Exijamos pues al gobierno socialista, a los partidos y a los parlamentarios, que se consideran progresistas, que sean consecuentes y tengan la valentía de poner fin a veintisiete años de deshonor por no haber rehabilitado, moral y jurídicamente, a las víctimas de la represión franquista.

Todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Unamos nuestros esfuerzos para obligarles a dar este paso que acabará con esta infame injusticia y será un hito histórico en la lucha del pueblo español por la libertad y la dignidad.

Por el “Grupo pro revisión del proceso granado-Delgado y de apoyo a Pilar Vaquerizo”

Antonio Martín / Octavio Alberola