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04 May 2012

Aprobadas Medidas Urgentes en materia de MEDIO AMBIENTE Destacado

Escrito por  Paca Blanco
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Con este Real Decreto Ley el Gobierno impulsa una legislación ambiental más sostenible, clara y sencilla para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e integrado en él, eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces por su propia complejidad y que imponen dificultad

APROBADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

 

  • Su objetivo es lograr una simplificación y agilización administrativas de las normas ambientales.
  • Las medidas mejorarán la regulación del agua subterránea y las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y de Residuos y Suelos Contaminados.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente con el objetivo de lograr una simplificación y agilización administrativas de la gestión ambiental.

Con este Real Decreto Ley el Gobierno impulsa una legislación ambiental más sostenible, clara y sencilla para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e integrado en él, eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces por su propia complejidad y que imponen dificultades de gestión para las Administraciones públicas y demoras en los ciudadanos.

EFICAZ GESTIÓN DEL AGUA

En materia de gestión de agua, y en el marco de este contexto de sequía meteorológica, este Real Decreto Ley introduce una serie de medidas para conseguir un uso más adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve, como principio fundamental, la unidad de gestión de cuenca.

Así, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, y en línea con la Directiva de la Unión Europea "Marco del Agua", se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. De este modo, se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.


Además, esta nueva normativa hoy aprobada refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de la legislación, y con sanciones que oscilan entre las leves (multa de hasta diez mil euros) y las muy graves (de entre quinientos mil y hasta un millón de euros).

El Real Decreto Ley también refuerza el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional. Igualmente, el nuevo texto normativo incorpora medidas que incentivan la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, para facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

Por último en materia de agua, se añaden condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana, evitando un deterioro del acuífero y permitiendo mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas.

UNIFICAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Por otro lado, el Real Decreto Ley modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, generando retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. Se quiere acabar, así, con situaciones en las que, en una misma hectárea, podían concurrir diferentes instrumentos de gestión.

Además, la normativa garantiza la compatibilidad de esta protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos allí ubicados, a través de la planificación de estos espacios naturales y los adecuados planes de e instrumentos de gestión y desarrollo.

Esta modificación instituye también un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias adoptadas en estos espacios protegidos.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA EN RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

El nuevo texto, por último, introduce también modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban incertidumbre e inseguridad en la aplicación de ciertos aspectos de la norma.

Las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno, con el objetivo de evitar imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas de la normativa. Por ello se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de estos Sistemas.


Así, a partir de la aprobación de este Real Decreto Ley estos sistemas se establecerán en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

Igualmente, se introducen modificaciones para disminuir cargas administrativas relacionadas con los traslados de residuos y con la obtención de las autorizaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

ADAPTACIÓN NORMATIVA PARA LA SUBASTA DE DERECHOS DE EMISIÓN

También se reforma la Ley del Mercado de Valores para adaptar la normativa española a la europea y permitirá así el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Con esta adaptación normativa el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La Unión Europea, en su conjunto, subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.


4 de mayo de 2012

Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente
Atentado del Gobierno a la protección del medio ambiente

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan el Real Decreto-Ley en materia de medio ambiente que el Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros, tanto en la forma como en el contenido. Consideran que es una burla a la transparencia y participación y denuncian los retrocesos que produce en la protección ambiental de nuestro país. 

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Esta norma modifica la legislación actual sobre agua, residuos y otras materias. A falta de conocer su contenido exacto, las organizaciones de defensa de la naturaleza quieren hacer una primera valoración.

Las organizaciones ecologistas de ámbito estatal rechazan frontalmente esta manera de proceder para legislar sobre asuntos ambientales. En efecto, incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por el Ministerio en el más absoluto secretismo, contradiciendo las reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas. El alcance de las modificaciones introducidas requería cumplir con los todos mecanismos de participación pública establecidos. Por otro lado, el carácter de urgencia no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas.

En lo referido a agua, entre otras medidas, el real decreto establece mecanismos para la venta directa de agua entre particulares en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana. Olvida esta modificación legal que hay muchas más concesiones de uso que recurso, esto es, que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados. Por tanto, permitir esta venta directa sólo incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo. 

El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas. La modificación realizada puede suponer que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal. Por el contrario, las organizaciones ecologistas consideran sensata la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.

En materia de residuos, a falta de comprobar que se mantiene esta medida que ya apareció en el borrador del Real Decreto, lo más llamativo es que cierra la puerta al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este sistema, al incentivar a los ciudadanos a devolver los envases vacíos de determinadas bebidas, permitiría unas tasas de reciclado de residuos de envases mucho mayores que los actuales, y de paso, el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea. Esta nueva barrera a los SDDR, que significa un retroceso de 20 años, también descarta la opción de reutilización requerida por la legislación europea en la Directiva Marco de Residuos. Se renuncia así a reducir los 68 millones de euros que cuesta a las administraciones públicas la incineración y vertido de residuos reciclables, a recuperar los 65 millones de euros de materias primas no recicladas en la actualidad y a los 14.000 puestos de trabajo que crearía un SDDR. En vez de imposibilitar la implantación de un SDDR, el Gobierno debe fomentar pruebas piloto para comprobar su viabilidad técnica y económica.

En cuanto a espacios naturales protegidos, la opinión de las organizaciones ecologistas es que lo realmente necesario es que se cumpla la normativa existente, ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas. La supuesta simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no todos esos espacios tienen el mismo perímetro.

Por todos estos motivos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian los efectos negativos de este Real Decreto-Ley y exigen que en adelante se trabaje con transparencia y una adecuada participación de la sociedad civil, a través de todos los mecanismos establecidos para elaboración, modificación y revisión de la normativa relacionada con el medio ambiente.

Más información: 
Amigos de la Tierra: Liliane Spendeler, 653 968 935 
Ecologistas en Acción: Paco Segura, 619 891 996 
Greenpeace: Mario Rodríguez, 626 998 247 
SEO/BirdLife: Asunción Ruiz, 676 969 081

WWF: Juan Carlos del Olmo, 618 944 405

Modificado por última vez en Viernes, 04 Mayo 2012 18:51

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